Gutmaro Gómez Bravo - Puig Antich

Los detalles del proceso contra el anarquista Salvador Puig Antich, último ejecutado por garrote vil en España hace cuarenta años, son aún hoy materia reservada. Solo gracias a la revisión del caso, que sigue abierto en Argentina, y a la documentación que se conserva en archivos de todo el mundo, ha sido posible desmentir una serie de tópicos de un episodio que marcó la hoja de ruta del final de una dictadura, incapaz ya de mantenerse sin el uso de la fuerza. La causa 106, dirigida por un juzgado militar de Barcelona entre octubre de 1973 y marzo de 1974, significó mucho más que una simple venganza por el atentado contra el presidente del Gobierno Carrero Blanco. Se cruzó con la primera crisis de su sucesor, Arias Navarro, abierta por la decisión de endurecer a toda costa la política represiva y terminar con cualquier experimento reformista. Tal y como revelan los informes de la embajada estadounidense, el principal interés del gobierno al retomar la pena de muerte era terminar con el malestar presente en los sectores más inmovilistas, especialmente entre el Ejército y la policía política. El caso se adentra así en un mundo que, a pesar de sufrir una serie de cambios, lógicos a lo largo de casi cuatro décadas de existencia, supuso la principal fuente de estabilidad de un régimen que comenzaba a resquebrajarse, seriamente, en ese mismo período. Puig Antich: la transición inacabada conduce, por último, al camino recorrido por una democracia que no ha invalidado las sentencias de los tribunales militares de la guerra y la dictadura. Y es una reflexión sobre cómo se ha ido fraguando una realidad de memorias enfrentadas, tan compleja como contradictoria, que muestra todavía hoy los efectos de la que fuese la dictadura más larga de Europa occidental.

Gutmaro Gómez Bravo

La transición inacabada

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Titivillus 17.04.16

Título original: Puig Antich. La transición inacabada

Gutmaro Gómez Bravo, 2014

Retoque de cubierta: Titivillus

Editor digital: Titivillus

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El pasado, pensó Winston, no solo había sido alterado, sino que estaba siendo destruido.

GEORGE ORWELL, 1984

Este trabajo es inseparable de su principal base y soporte documental: el Sumario 106-IV-73, que consta de tres tomos y en el que se insertan todas las páginas y actuaciones del caso, desde su instrucción por el Juzgado de Instrucción n.º 21 de Barcelona, hasta su traslado a cierre en la IV Región Militar, Juzgado Militar Permanente n.º 3 de Barcelona. Acceder y poder reconstruir esta enorme masa documental y a buena parte de las imágenes ha sido posible solo gracias a la buena voluntad y al interés mostrados en todo este tiempo por el abogado de la familia Puig Antich, Sebastián Martínez Ramos. Del mismo modo, los magistrados Ángel Juanes y José Luis Calvo Cabello facilitaron abiertamente sus impresiones y los textos de sus votos particulares en el proceso de revisión de este caso.

No ha sido la única fuente escrita consultada en una larga investigación desarrollada en el marco del Proyecto Posguerras: Olvidados del siglo XX, que se realiza conjuntamente por el Grupo de Historia de la Guerra Civil y del Franquismo, y el Grupo de Historia del Madrid Contemporáneo, de la Universidad Complutense de Madrid. Debo mucho a la intuición y profesionalidad del personal de los archivos y las instituciones consultados, que conservan documentación relacionada con el proceso y permiten totalmente su consulta. No puedo olvidar al personal del Archivo de la Policía del Ministerio del Interior, que ha tenido la paciencia de tapar párrafos enteros de aquellos expedientes que han tenido la bondad de mostrar y, en especial, a todas aquellas personas que han leído el manuscrito, total o parcialmente y han hecho aportaciones: Gregorio García-Dotor, José Antonio Zamorano, Charo Baglietto, Régulo Alonso, Juan José Rubio, Pablo Gil Vico, Quico Serrano, Luis Enrique Otero, Alejandro Pérez-Olivares, Daniel Oviedo, Jorge Marco y Rubén Pallol. No puedo olvidarme de Trinity, y de Héctor e Iñaki, que, por fortuna, aún no saben nada de esta historia.

Salvador Puig Antich murió el 2 de marzo de 1974, «habiendo manifestado que no posee bienes de fortuna de ninguna clase ni dinero para abonar responsabilidad alguna». Tenía veinticinco años. Está enterrado en el cementerio de Montjuïc. María Angustias Mateos y José Luis Pons conocieron en prisión la noticia de su ejecución. El 1 de diciembre de 1975, María Angustias pidió que se la incluyera en el indulto promulgado por el recién proclamado rey Juan Carlos I. El 11 de diciembre, salió en libertad. José Luis Pons, condenado en otro consejo de guerra a veintiún años por el atraco a una caja de ahorros, preparó los exámenes de COU en la cárcel Modelo de Barcelona. Fue trasladado a la Central de Observación en Madrid (Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel) «para mejor estudio de su personalidad». Desde el penal de Cartagena pidió acogerse al Decreto de Amnistía del 30 de julio de 1976. El fiscal informó negativamente, pero accedió a que se le rebajara la condena a doce años. Salió en libertad un año después, por orden de la recién creada Audiencia Nacional. Fue en las listas electorales de 1977 como candidato por Barcelona de la coalición independentista Unitat Popular pel Socialisme.

Oriol Solé Sugranyes, condenado a 46 años, murió abatido por la Guardia Civil tras una fuga colectiva de la cárcel de Segovia la noche del 5 de abril de 1976. Su hermano Jordi fue amnistiado el 5 de junio de 1984. Santiago Soler Amigó, el Petit, salió de prisión en septiembre de 1975. Colaboró en revistas como Ajoblanco o Solidaridad Obrera, y escribió varios libros sobre el movimiento libertario catalán. Murió en 1999. Francesc Xavier Garriga Paituví, el Secretario, fue amnistiado en 1976. Ha sido colaborador de revistas como Solidaridad Obrera e Interviú.

El abogado Oriol Arau Hernández fue detenido en junio de 1974 acusado de actividades subversivas. La Brigada Político-Social impidió su entrada al entierro de Puig Antich. Falleció en 1981, a los 45 años, víctima de un tumor cerebral.

Francisco de Asís Condomines Valls siguió practicando la abogacía, pero no volvió nunca más a aceptar un caso penal. Murió siendo miembro de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Cataluña y de la Comisión de Codificación de la Generalitat de Catalunya.

Francesc de Paula Caminal i Badia siguió ejerciendo la abogacía. Fue vicedecano del Colegio de Abogados de Barcelona y, junto con su hermano Josep, uno de los miembros fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya. Llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU en 1996.

José Luis Rodríguez Navarro, abogado de José Luis Pons, defendió a varios miembros de la extrema derecha en la Transición, entre ellos a dos de los ultras acusados del asesinato de los abogados laboralistas de Atocha. Se suicidó el 1 de octubre de 1980. Por su parte, el abogado de María Angustias, Federico de Valenciano Tejerina, creó un bufete con su nombre en Barcelona desde el que dirigió las defensas de varios casos célebres, como el de Lidia Falcón, acusada de participar en el atentado de la calle del Correo, o el de los secuestradores del futbolista Enrique Castro,