Carlo Alberto Brioschi - Breve historia de la corrupció

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Tenía la conciencia limpia.

Nunca la había utilizado.

STANISLAW J. LEC

PRÓLOGO

EL ARCA DE NOÉ

por Baltasar Garzón

«Sería propio de un hombre agraciado el morir sin haber llegado a contagiarse de la falsedad, la hipocresía y la vanidad del lujo. Pues morir saciado de ello es morir dos veces. ¿Acaso prefieres vivir en el vicio antes que huir de esa peste? Porque peste es la corrupción de la inteligencia tanto más grave que la corrupción del medio ambiente que nos rodea. Esta segunda es corrupción de animales puesto que proviene de animales; aquella es corrupción de hombres, en cuanto proviene de hombres.»

MARCO AURELIO, Reflexiones, IX,2

Al titular su libro Breve historia de la corrupción, Carlo Alberto Brioschi da a entender que la corrupción tiene su propia historia. Pero ¿no podría decirse que, fatalmente, la historia política y social no es otra cosa que el propio desarrollo de la corrupción? En ese sentido, el título podría resultar un tanto equívoco, si no fuera porque Brioschi ha logrado reflejar, mediante trazos similares a los de un pintor impresionista, la debilidad por lo venal de gobernantes y sistemas, y su tendencia a quebrantar los principios éticos, trazando una original y autónoma historia de la corrupción.

El concepto de corrupción es confuso y amplio porque en su sentido físico es aplicable a cualquier objeto, y en sus aspectos intelectual, sentimental, político, social y económico, al ser humano en general. No todos se venden por dinero. Las motivaciones de quienes caen en la corrupción a menudo van más allá de lo económico: la propia convicción, el odio o la venganza, pasando por intereses de cualquier orden, incluido el de favorecer a los suyos, pueden corromper a una persona. Tampoco existe una sola clase de corrupción, ya que puede ser ésta pública o privada, clásica o moderna, y afectar a instituciones o sectores del Estado o de la Justicia, en sistemas democráticos o en dictaduras. Pero se trata esencialmente de un fenómeno generador de injusticia y desigualdad entre los ciudadanos y, por ende, de desconfianza: ante la falta de respuestas adecuadas por parte de quienes

tendrían obligación de perseguir las prácticas corruptas y no lo hacen, se presume la corrupción del sistema.

Aumentan así el desinterés por la defensa de lo público y la apatía ante la necesidad de generar un rearme ético que tenga como base la educación y el aprendizaje.

La corrupción política, de la mano de la económica, se traduce en una especie de privatización del Estado. Los servidores de éste pasan a ser

«dueños» de los servicios públicos en vez de gestores de los mismos. Cobra fuerza el concepto de patrimonialización de estos servicios en detrimento de la idea democrática de atención al ciudadano. Y se induce a este ciudadano, de manera forzosa, a creer en la inocuidad, o incluso en la bondad, del fenómeno.

Esta afirmación explica que la corrupción en España en el año 2008

ocupara uno de los últimos puestos en la clasificación de asuntos por orden de preocupación de los ciudadanos, y vuelve comprensible el hecho de que responsables políticos acusados, investigados o condenados por corrupción sigan contando con el apoyo popular en periodos sucesivos. De modo que para muchos, tristemente, es peor la evidencia de su torpeza al ser sorprendidos que el ser reconocidos como corruptos.

Si algo nos enseña el mapa de la corrupción en cualquier parte del mundo y en cualquier época, es que sólo los liderazgos valientes y decididos pueden acabar con el problema, superando la indiferencia popular y manteniendo una actitud vigilante e intransigente frente a los comportamientos corruptos. Una buena gobernabilidad, obtenida mediante la acción coordinada de organismos de control que reduzcan los espacios para la corrupción, es básica para una eficaz estrategia frente al problema. Y esa gobernabilidad, precisamente, se fortalecerá sobre la base de una lucha frontal contra la corrupción, lo que a su vez dotará a las instituciones de la autoridad necesaria para transmitir no sólo la apariencia de legalidad sino también la firmeza ética de que no va a transigirse con la corrupción pública o privada.

La afirmación de que, en un sistema democrático, ciertas dosis de corrupción son necesarias para sostener el esquema de partidos políticos —

que lleva a la aceptación de prácticas irregulares de financiación— es inaceptable, porque la credibilidad de una formación política debe radicar no sólo en la coherencia y el carácter democrático de sus ideas, sino también en la transparencia de sus recursos, reflejo de la honradez de sus dirigentes.

A pesar de que esto resulte claro, no son muchos los códigos penales que tipifican como delictiva la financiación irregular de los partidos políticos, una de las fórmulas más habituales de corrupción. Incluso, en algunos sistemas se ha optado, casi sin polémica, por admitir claramente la acción de los lobbies o grupos de presión político-económica en campañas electorales (el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en 2010, ha sentenciado la legalidad de acción de esos grupos, decisión que el presidente Barack Obama ha criticado con energía, siendo él mismo quien promovió la norma de su prohibición).

Es un hecho incontestable que la corrupción también es un instrumento idóneo para el crimen organizado y para el desarrollo e implantación de sus métodos en sistemas políticos y económicos y en instituciones financieras, policiales o judiciales, con el fin de conseguir mayores espacios de impunidad. Porque «ninguna forma de gobierno es indemne al desarrollo de las organizaciones criminales transnacionales, ningún sistema legal es capaz de controlar totalmente el crecimiento de ese crimen y ningún sistema económico o financiero está seguro frente a la tentación de obtener ganancias de niveles muy superiores a los que son alcanzables con las actividades legales» (Louise Shelly, American University).

El crimen organizado ha penetrado en muchos Estados, desde el ámbito local hasta el nacional o federal, a través de la financiación de las campañas políticas para la elección de sus miembros como diputados. Recuérdense los casos de narcopolítica o parapolítica en países como Colombia, la compra de voluntades políticas por la mafia en Italia o la designación de funcionarios de gobierno por grupos criminales en México.

Si lo anterior es un hecho, también lo es la asociación transnacional de unos y otros grupos criminales, como una necesidad derivada de la propia actividad organizada y de la complejidad y la globalización de los mercados a los que atacan. Ese crecimiento, curiosamente, los hace más vulnerables a la acción coordinada de la justicia de los distintos países, que se ha ido dotando de instrumentos idóneos para llevarla a cabo. Por tanto, será de esta forma como se deba incidir para sumar, a los efectos de la prevención, los de una adecuada persecución del fenómeno mixto «crimen organizado-corrupción».