Francisco Pérez Abellán - Crimen y criminales 1

Hace solo unos meses Sarkozy prometía reformas para que su país pudiera combatir a los pederastas asesinos. En todo el mundo y en los países más democráticos, la lucha contra los pederastas y los asesinos de niños es una labor constante desde hace décadas. En Estados Unidos, incluso algunas leyes llevan el nombre de niños asesinados. Es importante recordarlo para los figurones de relumbrón que se pasean por los foros afirmando que no hay que legislar a golpe de pasión.

En un país serio y democrático, preocupado por la seguridad de sus ciudadanos, con un Gobierno decidido a garantizar la integridad de los niños, no sería extraña «la ley de la niña Mari Luz», hecha para que ningún otro asesino de niños actúe con impunidad. En Estados Unidos, la ley Lindbergh, aprobada tras el secuestro del retoño del famoso aviador, igualaba el castigo del secuestro con el de homicidio. Nada desproporcionado, porque secuestrar es matar en vida.

En nuestro país hay decenas de miles de pederastas metidos en Internet. Hasta el presunto autor de la muerte de Mari Luz Cortés, la niña de Huelva, aprendió a navegar por la Red para acosar a las pequeñas. Sus víctimas, empezando por su propia hija, tienen edades de entre 5 y 13 años. En el juicio, celebrado en Sevilla, donde se le condenó por abusar de la hija, se le diagnósticó una grave patología mental que no le impide ser más listo que el hambre. A ver qué loco, como él, pone en venta la casa que tiene en alquiler, en un presunto delito de tentativa de estafa. A ver qué loco sale huyendo del barrio El Torrejón, avisado de que, en cualquier momento, la sospecha se transformará en certeza. Qué loco, mire usted, maquina una acusación de delito sexual contra el profesor de gimnasia al que extorsiona exigiéndole, «por lo menos», sesenta mil euros. Es un loco cuerdo. Libre. Dos veces condenado por abuso sexual a niños e inserto en un presunto proceso de transformación. Crisálida de pederasta mutando en el capullo social, acogedor, subvencionado, hasta convertirse en posible asesino en serie. Los padres de la niña Madeleine McCann se interesan ante la posibilidad de que el supuesto culpable de la muerte de Mari Luz, lo sea también del secuestro de su hija.

La «ley de la niña Mari Luz» debería ser corta y muy clara, encaminada a aligerar los trámites contra los asesinos de niños, abusadores sexuales, traficantes de pornografía infantil y criminales que tengan de cualquier modo por objeto a los pequeños. En España faltan de su casa demasiados niños. Los más recientes son Sara Morales y Yeremi, en Canarias; y Amy, en Mijas, Málaga. Los asesinos de niños no son tratados con el rigor que merecen: la instrucción y el juicio de sus casos deberían tener prioridad, los trámites acelerados, y sus expedientes marcados con el remoquete de urgente. Que ningún otro pederasta tenga patente de corso. Se dice que el ahora investigado estaba en la calle cuando debía estar cumpliendo condena, con lo que Mari Luz debería estar viva. De ser así, alguien debería pagar los vidrios rotos. Los funcionarios que no hayan actuado con diligencia, los negligentes o inútiles deben ser apartados. El caso Mari Luz pone de relieve cosas apuntadas en el pasado: el asesino de niños suele ser un reincidente, como el que mató a Olga Sangrador, como el Asesino de la Lavadora y tantos otros.

La protección de los niños víctimas merece la «ley Mari Luz» en la que la sociedad se preserve de los pederastas, los señale con el dedo y les impida su campo de acción. La ley de la pequeña onubense debería exigir que se diagnostiquen las enfermedades mentales con todo rigor y precisión. Cualquiera sabe que en un proceso penal se consulta a peritos de las dos partes que no siempre están de acuerdo. ¿Cómo puede un loco auténtico serlo para la defensa pero no para la acusación? Los locos irresponsables de causas penales, pero peligrosos para los niños, también tendrían que ser custodiados, quizá de por vida. Los asesinos de niños no tienen cura.

Sociedades democráticas, como Estados Unidos o Francia, no temen enfrentarse a los pederastas, incluso sabedores de que el gusto grecorromano por los efebos alienta en el corazón de los hipócritas. El abuso de niños es la última guinda de los pervertidos sexuales en esta sociedad pervertida. Solo necesitan que la ley sea débil; el procedimiento, lento; y los jueces, distraídos. El reino de los pederastas se extiende amenazando a los niños de los que abusan con regalos, caballo de Troya de las bajas pasiones. Como la ley Lindbergh, «la ley Mari Luz», que el otrora fiscal Bermejo no se atreverá a abordar, debería estudiar el flanco débil de la actual legislación. En el Gobierno de los jueces, tantas veces callado y tan proclive a extremar la mesura, ya se han oído voces a favor de reinstaurar la «cadena perpetua». Puesto que los pederastas no se curan jamás, que nunca salgan de las cárceles. La niña Mari Luz no debe ser olvidada. Merece una ley. Las leyes deberían llevar los nombres de las víctimas, en vez de ocultar a quienes las promueven cuando fracasan, como ahora, estrepitosamente.

Los ciudadanos no merecen un Gobierno que no les garantice seguridad. En España se detienen violadores pasados siete años desde que empezaron a actuar, se deja en libertad a grandes asesinos, cumplidos solo quince años de estrepitosas condenas, y se asiste, con desesperación, a los ímprobos, pero insuficientes intentos de encontrar niños raptados.

La «ley de la niña Mari Luz», de etnia gitana, redicha y bien educada, graciosa hasta decir basta, flamenca y confiada, debería velar por los niños amenazados, puesto que una conjura de pederastas los amenaza. El ahora capturado nunca se habría atrevido a pasar de una punta a otra del país, de Sevilla a Gijón, practicando el acoso de las pequeñas, si la primera vez se hubiera enfrentado a un castigo proporcionado a su culpa. Este hecho doloroso, donde la gran lección de dignidad humana viene principalmente de los padres de los desaparecidos, debe comprometer a todos. En Estados Unidos no duelen prendas a la hora de mantener de por vida, detrás de los barrotes, a individuos peligrosos, como Charles Manson o el asesino de John Lennon. Y eso que el malogrado cantaba con Yoko Ono aquello tan impertinente de «jueces a la cárcel, criminales a la calle». Tiempos revueltos, de protesta, donde los rebeldes, como ahora, eran ricachos protegidos por cámaras, guardaespaldas y circuitos exclusivos. Sus hijos van al cole rodeados de medidas de seguridad y viven en casas defendidas con un foso de leones. Para todos los demás, para la gente de a pie, para los votantes inconscientes, incluso, promúlguese «la ley de la pequeña Mari Luz». Para saber cómo se hace, ha de enviarse a los redactores al país democrático por excelencia: Estados Unidos, que les hablen allí de la ley Megan. Y de otras.