Varios Autores. - Geografía del despilfarro en España.

CORRUPCIÓN Y DESPILFARRO. DEFINICIÓN, MEDICIÓN Y PROPUESTAS

Juan Carlos Collado Curiel

Ph. D. Economía, Universidad de Berkeley, EE. UU.

INTRODUCCIÓN

En todo el mundo y por la mayoría de personas, incluyendo muchos científicos sociales, la corrupción se percibe y se relaciona con valores éticos y morales. Es menos frecuente que el enfoque, como aquí se hará, sea económico. En clave económica, los determinantes fundamentales de la corrupción son los incentivos adecuados, los costes y los beneficios y las estructuras institucionales.

Se establece una definición que permite la identificación y la medición de los efectos y las consecuencias económicas de la corrupción. Y nos centramos en la corrupción ligada al sector público, aunque es bien cierto que la corrupción del propio sector privado, también es una realidad notoria.

Un economista consideraría, al hacer la contabilidad nacional, que la corrupción, definida como la consecución de ganancias de manera ilegal o irregular, no altera el producto interior bruto. Se produce una redistribución entre el dinero líquido de los no corruptos al dinero líquido de los corruptos. No habría modificación del producto interior bruto porque no hay generación de actividad económica. El producto interior bruto es la cantidad, medida en euros o en la moneda del país en cuestión, de bienes y servicios producidos en un periodo dado, normalmente un año.

Si un funcionario o un partido político o un directivo reciben una cantidad de dinero a cambio de favores» (contratos o subsidios del sector público), la empresa beneficiaria eleva sus precios finales o reduce sus ganancias o los salarios de sus trabajadores (para el pago de los favores). Por tanto, hay una redistribución de los consumidores, que pagan precios más altos o de sus salarios, que disminuyen en la medida que aumentan los ingresos de los que facilitan los favores. Si se pagan impuestos en un paraíso fiscal por una actividad económica generada en España, se detraen ingresos del sector público que, a su vez, tiene que aumentar impuestos o deuda que pagarán todos los que justamente pagan sus impuestos al erario público español. Pero en ninguno de los casos precedentes, que sintetizan el núcleo básico de la corrupción, hay generación de nueva actividad económica. Se puede decir, en esta primera visión, que la corrupción no produce, la corrupción redistribuye.

La segunda consideración importante es que entendemos la corrupción como una faceta, digamos que la «parte estrictamente ilegal», de un fenómeno más general como es el despilfarro.

El despilfarro significa básicamente la falta de eficiencia, esto es, la ejecución de tareas a un coste mayor al mínimo eficiente, y este sí supone una disminución del PIB o un incremento de los costes operativos para conseguir el mismo PIB. Esta disminución se explica porque con los mismos inputs productivos se podría conseguir una cantidad mayor de output o con menores costes el mismo output.

Visto así, preferiríamos socialmente –ahora veremos por qué–, una sociedad eficiente, esto es, no despilfarradora, aunque corrupta, que no el caso contrario, una sociedad sin muestra de corrupción, pero por debajo de la frontera de la eficiencia posible. En una sociedad más eficiente, hay más para repartir, aunque luego haya una parte de redistribución injusta. Es decir, en una sociedad eficiente ganamos todos, aunque algunos ganen más sin mérito o esfuerzo. En una sociedad no corrupta pero ineficiente, todos tenemos menos. Afortunadamente, toda la evidencia empírica por leve que sea, conecta corrupción con ineficiencia, de tal forma que una sociedad eficiente deriva en una sociedad no corrupta.

Los mecanismos bajo los cuales se produce la corrupción son de tal naturaleza que perjudican todos los incentivos económicos y derivan, por tanto, en una ineficiencia general del sistema. En este sentido, la corrupción induce, mediante sus propios procedimientos, ineficiencias que tienen costes importantes para el mejor funcionamiento económico. Pero, por precisión diremos que, la corrupción genera costes económicos, de manera indirecta, a través de su impacto en otras variables económicas.

En este capítulo, presentamos las consecuencias económicas más importantes de la corrupción.

Definida la corrupción como una ineficiencia «ilegal o irregular» por medio de la cual se utiliza el sector público para beneficio privado –puesto que nos centramos en la corrupción que involucra al sector público– propondremos una medición de la corrupción o mejor del despilfarro, en general, como ineficiencia global del sistema económico.

Esta medida tiene que ver con la productividad total de los factores, variable que sintetiza el funcionamiento eficiente de una economía. La brecha entre la productividad total de los factores de la economía española versus otras economías más eficientes puede aproximar una medición general del despilfarro –donde una parte importante es la corrupción.

El capítulo presenta, finalmente y de manera resumida, algunas de las propuestas más importantes que se han realizado para combatir la corrupción en el sector público.

En breve, los contenidos de este capítulo son los siguientes.

En la primera parte, nos centramos en definir la corrupción y el despilfarro, sistematizar los efectos de la corrupción en distintas facetas o variables económicas como la competencia, la innovación, la desigualdad y el crecimiento económico. La distinción entre despilfarro y corrupción es relevante para la formulación de las políticas porque las medidas para su reducción o abolición pueden diferir en uno u otro caso.

Definidas corrupción y despilfarro, categorizando sus efectos en un conjunto de variables muy importantes para el funcionamiento económico y social de sociedades justas y eficientes, se presenta un intento de medición. Medir la corrupción es harto complicado y, al final, su medición rigurosa pero posible tendrá que provenir de los casos concretos descubiertos y juzgados. La otra corrupción solo tendrá una aproximación cualitativa y aproximada en una pequeña medida, tememos. En el caso del despilfarro se puede llegar a mediciones más rigurosas o que permiten una aproximación mayor. Aquí presentamos una propuesta para medir el despilfarro ocurrido en la economía española en las últimas décadas. Esta medición estará asociada a la productividad total de los factores (PTF). La PTF que habría podido ser frente a la que fue, constituye la brecha de los sobrecostes que ha tenido la economía para operar. Y, de otra forma, supone la reducción en el crecimiento del PIB de lo que habría podido ser si se hubiera operado en la frontera de la eficiencia, esto es, sin despilfarro.

La brecha de ineficiencia o el despilfarro que calculamos es una medida relativa (frente a un conglomerado de países más eficientes o menos despilfarradores). Es una obviedad que no existe realidad económica alguna con despilfarro 0 o con eficiencia 10, por tanto, las medidas absolutas están fuera de lugar.

Finalmente, llegamos al epígrafe de propuestas para la lucha contra la corrupción. Haremos una referencia a la reciente ley de la transparencia de 2013 y a la regulación de los grupos de presión y también a la contratación pública que constituye el procedimiento contenedor del mayor despilfarro o ineficiencia que se produce en la administración y que tiene unas magnitudes, unos valores monetarios verdaderamente sobresalientes. Con el conjunto de este libro próximo a su terminación, el 26 de octubre de 2017, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que implica transponer al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Su importancia económica es enorme si se piensa que en la actualidad se celebran unos 125.000 contratos públicos que suponen en torno al 10 % del PIB español. Hacemos una breve reseña de esta nueva ley y mantenemos lo referente a las políticas para mejorar la contratación pública porque la evaluación de los resultados de la aplicación de la nueva ley requerirá tiempo, para su ejecución y desarrollo. Será entonces cuando podamos evaluar si la nueva ley mejora los resultados alcanzados anteriores a ella y cuáles han sido los cambios relevantes.