Varios Autores - Cartografía de la ultraderecha, el extremismo, la xenofobia y el racismo en el aparato de Estado griego

1/ ¿POR QUÉ ESTE ESTUDIO?

Cuando hace un año, en octubre de 2012, decidimos hacer y publicar este estudio el contexto era diferente. Las encuestas de opinión indicaban que Amanecer Dorado consolidaba el apoyo de más del 10% del electorado. Se acusaba a la policía de colaborar con Amanecer Dorado o, cuando menos, de tolerarlo. El gobierno negaba rotundamente el problema y no dudaba en amonestar a las personas críticas que opinaban de otra manera. Cuando un importante periódico británico planteó la acusación de que existía una tolerancia oficial de Amanecer Dorado , el ministro griego de Orden Público y Protección Ciudadana (que encabeza ahora la caza de Amanecer Dorado) le amenazó con presentar una demanda. El poder judicial, ignorando los principios del Estado de derecho, parecía poco preocupado por los crímenes perpetrados por la organización. Los jueces griegos no solo alargaron indefinidamente los casos en los que estaban implicados miembros de Amanecer Dorado, sino que de manera tenaz se negaron a hacer lo que ahora les parece sencillo: establecer relaciones entre estos actos criminales en una estrategia de acusación exhaustiva. Lo que con demasiada facilidad aunque demasiado tarde han hecho las autoridades en los últimos meses es calificar a Amanecer Dorado de organización “criminal” según el artículo correspondiente del Código Penal griego. La gran victoria de la organización nazi griega residía en el miedo que inspiraba, pero la sociedad griega tenía miedo porque el Estado griego no parecía estar dispuesto a afrontar el problema. La inacción oficial no era una cuestión de neutralidad política ni era producto de la indiferencia burocrática. En parte estaba relacionada con el hecho de que determinadas afinidades eran difíciles de encubrir. Naturalmente, dentro del propio aparato político griego estas afinidades suelen aparecer en diferentes grados y maneras.

Cuando en otoño de 2012 el obispo de El Pireo se unió al vicepresidente de Amanecer Dorado para presentar una denuncia legal contra actores de teatro “blasfemos” hubo cierta preocupación y algunas protestas, pero nadie parecía dispuesto a emprender nada serio, excepto los partidos políticos de izquierda y unas pocas organizaciones de derechos humanos. La Iglesia, un ineludible participante en el poder público, de hecho un Estado dentro del Estado, en la práctica nunca emprendió un proceso de limpieza política durante el periodo de transición después de 1974 (el “Cambio político”), como hizo la administración pública. A consecuencia de ello, hasta los altos cargos de la Iglesia tradicionalmente parecen carecer de escrúpulos a la hora de expresar opiniones que serían objeto de enjuiciamiento según las estrictas normas de la legislación europea contra el lenguaje de incitación al odio. De hecho, cuando hace unos meses se discutía en Grecia la adopción de una ley contra el lenguaje de incitación al odio, sacerdotes griegos ortodoxos aparecían en todos los debates de la televisión privada tratando de convencer al público y a los creyentes de que “nadie puede contener el discurso de Dios”. Al mismo tiempo, es interesante señalar que el arzobispo no se ha opuesto a la posibilidad de que se introduzca esta ley en la legislación griega y muy probablemente se sentiría aliviado si se introdujeran unas cuantas restricciones al discurso público de determinados obispos griegos. La posición especial de la Iglesia Ortodoxa Griega dentro del Estado griego y sus estrechas relaciones con las autoridades públicas no han servido de autocensura a la hora de expresar estas opiniones ni de reproducir estas posturas ideológicas dentro de la Iglesia, sino que han funcionado de una manera bastante imprevista. Utilizando todos los privilegios de los que disponen, en realidad los altos cargos de la Iglesia se sienten autorizados a opinar acerca de cualquier asunto político en ocasiones de una manera sorprendentemente intervencionista. El modelo administrativo descentralizado de la Iglesia Ortodoxa Griega (al menos en comparación con la Iglesia Católica Romana) permite a altos cargos de la Iglesia no solo afirmar a título individual prácticamente todo lo que les parezca, sino también formar coaliciones con estrategias políticas de ultraderecha, bien porque consideren que es una buena manera de consolidar su presencia y poder entre el clero o porque verdaderamente piensen que es lo correcto. El resultado de ello es que algunos sacerdotes griegos han reclamado con éxito un espacio vital en el discurso político desde el cual defienden conscientemente una orientación política de ultraderecha en vez de minimizarla. En este sentido, el discurso de la Iglesia es muy sencillo de entender porque no se molesta en ocultarlo. Por otra parte, en el seno de la policía evidentemente prevalece una situación muy diferente y más aún en el seno del ejército y del poder judicial.

Obviamente, no se debería esperar que los jueces griegos manifiesten expresamente sus creencias políticas, en especial cuando estas siguen pautas de ultraderecha. Esto no ocurre en Grecia y normalmente no puede ocurrir, aunque también en esta esfera hay algunas desafortunadas excepciones. Lo que sí ocurre y merece la pena considerar y estudiar es que en el seno del poder judicial se reproducen constante y sistemáticamente prácticas y sentencias especialmente favorables a la consolidación de una cultura e ideología de ultraderecha, y que la difunden enérgicamente en la sociedad. Lo más importante no es la cristalización ideológica de sentencias normativas extremadamente reaccionarias ni que se dicten sistemáticamente. En última instancia, esto también se podría atribuir a las funciones conservadoras de cualquier sistema judicial, en cualquier parte y en cualquier momento. El problema es que tanto en casos que son emblemáticos para la sociedad y el sistema político griegos como en casos que son públicamente irrelevantes, el poder judicial parece deslizarse cada vez más hacia sentencias que reproducen las opiniones nacionalistas y racistas de manera punitiva. El contraargumento en este caso es que no se debe esperar que los jueces no sean “personas ordinarias” ya que estas opiniones abundan en todo el espectro político griego y no solo en los entornos de ultraderecha. En cualquier caso, los jueces también son personas y tienen derecho a tener las opiniones que quieran. Naturalmente, es preocupante el hecho de que algunos de ellos suscriban opiniones racistas y pronuncien sentencias racistas. Pero lo más interesante no es lo que piensan los jueces, sino que algunos jueces convierten su propia ideología en regla normativa, la mayoría de las veces de manera flagrante y parcial, con lo que favorecen a un lado del espectro político. Por ello creemos que el poder judicial es el tema principal de este estudio sobre la Grecia de hoy. Esto no quiere decir que el poder judicial suponga un peligro excepcional para la democracia, sino que sus sentencias y las opiniones que sostienen consolidan en el ámbito político griego una cultura cuyo horizonte normativo (esto es, la opinión común de lo que es justo) coincide manifiestamente en su mayoría con el horizonte de la ultraderecha.

Por lo que se refiere a la Policía griega y a pesar de los resultados de las recientes acciones judiciales y disciplinarias emprendidas contra sus agentes (de alto rango o no) como parte del intento de desmantelar Amanecer Dorado, este estudio concluye que representa el sector del Estado que con mucho está más expuesto a la intrusión de ultraderecha. Por supuesto, esto no debería sorprender aunque hoy en día hasta el observador más escéptico se sonrojaría por lo contaminada que está la Policía griega de enclaves nazis. La propia expresión “deterioro policial” es un lugar común incluso en las corrientes dominantes del discurso público mientras que las confesiones de los actores políticos del más alto nivel se han vuelto comunes. No deja de ser interesante que ni un solo ministro de Orden Público de estos tres últimos años cruciales ha dejado de admitir en público (aunque solo una vez cumplido su mandato) que, efectivamente, hay un problema importante. Que nosotros sepamos, quizá la única excepción es el único ministro de Orden Público en Grecia desde 1974 que había sido agente de policía, durante el “gobierno de 'expertos’” de Loukas Papadimos (finales de 2011 a principios 2012). Esto se podría atribuir a un fuerte