Tomas Moulian - Contradicciones del desarrollo político chileno 1930-1990

Tomás Moulian

Contradicciones del desarrollo
político chileno

1920-1990

LOM PALABRA DE LA LENGUA YÁMANA QUE SIGNIFICA SOL

© LOM Ediciones

Primera edición, 2009

ISBN: 978-956-00-0075-0

Diseño, Composición y Diagramación

LOM Ediciones. Concha y Toro 23, Santiago

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Agradecimientos

Este libro está constituido por reelaboraciones de textos publicados en una versión preliminar en revistas o en libros colectivos y por otros recientemente escritos y no publicados. Sin embargo ninguno de estos artículos ha aparecido editado junto con otro de los que forman parte del libro actual, ni en sus versiones anteriores ni en las recientes.

El capítulo titulado “El marxismo en Chile: producción y utilización” fue publicado con anterioridad en una versión distinta en el libro Paradigmas de conocimiento y práctica social en Chile, de José J. Brunner, Martín Hopenhayn, Tomás Moulian y Ludolfo Paramio, Editorial FLACSO, 1993.

El capítulo titulado “El deseo de otro Chile” formó parte del libro Construir el Futuro compilado por este autor para la editorial Lom, el cual además incluye artículos de Gabriel Salazar y José J. Brunner, entre otros. Ese texto ha sufrido muy pocas modificaciones.

El autor agradece las facilidades otorgadas por la Universidad Arcis, en cuya Escuela Latinoamericana de Postgrados ejerzo como profesor e investigador, para elaborar este libro.

También agradezco a Yudith González, estudiante venezolana becada por la Fundación Ayacucho, quien por petición mía revisó parte del libro, aconsejando algunos cambios que contribuyeron a mejorar el estilo y la redacción.

Contradicciones del desarrollo político chileno: 1920-1980

I. Los objetivos: El proyecto analítico

La interpretación del pasado ayuda a entender el presente y a guiarse tentativamente en él. Esto se debe no solo a las persistencias y continuidades que existen en el orden geográfico o de recursos naturales. También se debe al hecho de que la historia provee la posibilidad de recuperar la experiencia de una sociedad, sus formas de resolver las crisis y de promover consensos; en suma, de hacer política.

La intención de este texto no es extraer de esos análisis y en especial de esas comparaciones determinadas “lecciones históricas” que pudieran dirigir de manera directa el quehacer político. Lo que se pretende es más general e implica comprender el sentido histórico de esas etapas del desarrollo político chileno.

Entender el sentido del período que se inaugura en 1932 y se profundiza desde 1938 en adelante requiere analizar, por lo menos, un aspecto de las fases precedentes. Lo mismo vale para la comprensión de la década de los sesenta que algunos autores, entre ellos Mario Góngora, han denominado de “planificaciones globales”, usando el término de manera implícita o explícita. Uno de los temas específicos que se abordarán en este texto es la relación entre violencia, gradualismo y concertación ciudadana durante el siglo pasado y principios del actual. Sin una visión retrospectiva, aunque sea parcial, se corre el peligro de menospreciar la singularidad del proceso inaugurado en 1932 y en especial de desconocer las funciones que tienen las reformas graduales en el desarrollo político contemporáneo de Chile.

II. Compromiso, fracturas y gradualismo: 1891-1932

1. El papel y los límites de la violencia en el siglo XIX: 1830-1860

En verdad, esa visión da cuenta de un aspecto relevante sobre todo si se observa el desarrollo chileno en comparación con el de otros países latinoamericanos. Pero no es conveniente solazarse en el mito arcádico y pastoril del progreso lineal, sin rupturas y absolutamente pacífico, tan vigente en el “sentido común” de los chilenos. En ciertos momentos cruciales del desarrollo político de esta sociedad, desde la post Independencia en adelante, la violencia fue el medio de resolución de crisis. Las guerras civiles triunfales de 1830 y 1891 o, en nuestro siglo, el golpe militar de 1973 constituyen ejemplos de uso de la violencia para restablecer un orden, imponer una nueva constelación de poder y, en dos de los tres casos, intentar cambios profundos de carácter económico-social.

En las situaciones del siglo XIX (en especial las de 1830 y 1891) se trata de momentos constitutivos. En 1830 todavía no había madurado esa entidad que se denomina Estado, el cual existía entonces de manera incompleta, como aparato burocrático y órgano de­ clases. Lo que se había desarrollado como poder político no tenía suficiente centralización, ni tampoco organicidad y eficacia, ni siquiera para pretender realizar las funciones básicas que tiene un Estado moderno, es decir obtener obediencia con legitimidad, lo que permitiría revestir las acciones con un aspecto de generalidad, pese a su objetiva particularidad.

Lo que existía era un proto-Estado que carecía de una legalidad capaz de contener a los diferentes grupos y/o facciones y de obligarlos a competir por el poder según reglas respetadas, aunque no necesariamente creíbles. En ese momento la lucha política estaba regida por la capacidad de disposición privada de los medios de violencia y no por un sistema legal universalmente aceptado en sus principios formales de funcionamiento.

Pero además de este problema típico de la formación precaria de Estado, esa crisis tenía otro aspecto, el de una crisis de representación. Aunque fuera confusamente, la élite gobernante representaba las aspiraciones liberales y democráticas, mientras que las clases dominantes en el terreno de la propiedad presentaban una orientación conservadora. Por supuesto que esa asimetría en la distribución del poder dificultaba el proceso de formación de Estado. La mencionada clase política predominante no era representativa del poder económico, no tenía una base material de clases.

Las pretensiones liberalizantes de esa élite la transformaban en una intelectualidad “inorgánica”, desfasada de la oligarquía terrateniente que aspiraba al nivel político a reproducir el orden paternalista-aristocrático de la hacienda, en cuanto formadora de la matriz cultural. Esa contradicción entre élite gobernante y base de clases dificultaba la formación de consenso y abría espacio al caudillismo, como forma sustitutiva de orden legitimado.

La gran tarea política del gobierno de José Joaquín Prieto (donde Diego Portales jugó un rol importante) fue contribuir al proceso de formación de Estado, creando un sistema político que era compatible con la base de clases existente. Esta “regularización” permitió la extensión, dentro del territorio, de un poder centralizado que hizo efectivas las normas de competencia regulada y la pacificación de los conflictos, espaciando las intervenciones militares hasta 1850. Efectivamente, la creación de un sistema legal que regula los intercambios políticos como competencia, es decir, como lo opuesto de una guerra, constituye un proceso típico de la formación de Estado en cuanto orden objetivo, impersonal y eficiente.

El sistema político surgido producto de la guerra civil de 1829-1830, dotado —por lo tanto— de una legitimidad revolucionaria, se organizó en base a las normas del predominio presidencial y de la debilidad relativa del Parlamento. De manera que, junto con el elemento de impersonalidad y racionalización que provenía de la creación y legitimación de un sistema legal de competencia política, convivía el elemento de personalización del poder. El sistema político se sostenía, en gran medida, sobre la actividad del líder, en este caso el Presidente o sus delegatarios, cuyo poder sobrepasaba con creces el de los órganos colegiados de carácter representativo.