Carmen R. Alfonso Hernández - Cien preguntas y respuestas sobre Cuba

En esta nueva edición de Cien preguntas y respuestas sobre cuba, pretendemos revelarle cómo vive el pueblo cubano, su historia y su cultura, y explicar algunas de las transformaciones efectuadas para mitigar la crisis económica que afecta a los pueblos, y han hecho posible una marcha lenta y constante por el camino de la recuperación. A través de sus páginas comprenderá las razones por las cuales somos sencillamente invencibles. Tenemos el deber y el derecho de mantener la esperanza de los humildes.

Carmen R. Alfonso Hernández

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Primo y Murasaki 19.12.15

Título original: Cien preguntas y respuestas sobre Cuba

Carmen R. Alfonso Hernández, 1999

Diseño/Retoque de cubierta: Primo

Editor digital: Primo y Murasaki

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LA LEY de Protección de la Independencia Nacional y de la Economía de Cuba, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en febrero de 1999, tiene su fundamento en el ineludible deber de responder a las acciones y decisiones legislativas del gobierno de Estados Unidos, que constituyen una permanente agresión hacia el pueblo cubano.

En sus Por cuanto se expresa la historia de agresiones llevadas a cabo durante estas cuatro décadas, desde los cuantiosos recursos materiales y financieros empleados para destruir la independencia y la economía de Cuba; la Enmienda Torricelli, incluida en la Ley de Gastos para la Defensa de 1992, para el desarrollo de actividades contrarrevolucionarias; la Ley Helms-Burton, que amplió, intensificó y ofició la guerra económica; la Ley del Presupuesto Federal de 1999 de Estados Unidos, que fijó un límite de dos millones de dólares para la realización; hasta las acciones persistentes que violan los principios y normas que rigen en las relaciones entre los estados.

Cuba nunca ha respondido con agresiones a las agresiones que contra ella se cometen. Pero ejerció su deber y su derecho al responder a ellas mediante la Ley 88 de febrero de 1999, tipificando como delitos las conductas que favorezcan las acciones contra su independencia nacional y su economía, y estableciendo sanciones de carácter penal.

He ahí la importancia de esta legislación. Cuando fue publicada, los medios monopolizadores de la opinión pública la presentaron como una legislación contra la libertad de opinar y pensar, como si el pueblo cubano —tan acostumbrado a luchar por sus ideas— fuera un pueblo sumiso. Por pensar y opinar nadie es sancionado en Cuba.

Las figuras delictivas o delitos penales tienen como denominador común el elemento subjetivo, la intención específica del que realiza el deüto de suministrar información al gobierno de Estados Unidos, sus agencias, dependencias, representantes o funcionarios, con la finalidad de facilitar los objetivos de las leyes y medidas encaminadas a quebrantar el orden interno, desestabilizar al país y liquidar al estado socialista y la independencia de Cuba. Una docena de artículos protegen de este modo las agresiones desde fuera y desde dentro. La ley tipifica delitos de colaboración con el enemigo, no delitos de opinión como se ha querido hacer creer por la reacción.

Válido es recordar que la primera ley-respuesta del pueblo cubano fue la Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas, aprobada el 24 de diciembre de 1996, en la que se declaraba ilícita cualquier forma de colaboración, como suministro de información a Estados Unidos o a otra persona con el objeto de que pueda ser utilizada en la posible aplicación de la Ley Helms-Burton; aceptar beneficios procedentes de Estados Unidos para facilitar la aplicación de la Ley Helms —Burton y colaborar por medio de la radio o de la televisión con esa ley. Un artículo de ella disponía: «Se presentarán proyectos para sancionar estos hechos». La Ley de Protección de la Independencia Nacional y de la Economía de Cuba cumplió esa misión.

LAS RELACIONES entre la iglesia y el estado cubanos se desarrollan positivamente, en un clima de comprensión mutua. La revolución ha reafirmado que la verdadera libertad de conciencia no es posible si no existe la absoluta separación de la iglesia y el estado, y de la iglesia y la escuela, como garantía del libre ejercicio de cada institución sin interferencias.

Por una parte, las instituciones estatales están sustraídas del influjo de la iglesia y la religión; y, por otro lado, las entidades religiosas tienen garantizadas las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades y así satisfacer las demandas espirituales de los creyentes.

Se garantiza así la libertad de conciencia, o sea, el derecho de los ciudadanos a profesar o no religión alguna y a practicar el culto de su preferencia, o a mantener convicciones materialistas o ateas. Por otra parte, la ley regula las actividades de las instituciones religiosas: es ilegal y punible oponer la fe o la creencia religiosa a la revolución, a la educación o al cumplimiento de los deberes de trabajar, defender la patria con las armas, reverenciar sus símbolos y los demás deberes establecidos por la constitución.

En Cuba la iglesia es propietaria de numerosos templos, instituciones de asistencia social, seminarios monásticos, casas pastorales y residencias eclesiásticas. Y no era extraño que en décadas pasadas —anteriores a la crisis económica actual— asumiera reparaciones costosísimas de templos que son verdaderos monumentos históricos y artísticos como son la Catedral de La Habana, la iglesia del Espíritu Santo y otras en el interior del país.

Diversas comunidades religiosas masculinas y femeninas que residen en conventos, monasterios, institutos y residencias, desarrollan su labor pastoral y asistencial. Entre las comunidades masculinas se encuentran dominicos, jesuítas, franciscanos, escolapios, carmelitas y capuchinos. Hay congregaciones como la de los Hermanitos de Jesús, entregados a trabajos de carácter social. Y entre las femeninas se destacan las hermanitas de los Hermanos Desamparados, Siervas de María, Oblatas Misioneras, Hermanas de Servicio Social y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Las relaciones entre las autoridades religiosas y el estado cubano se han fortalecido en los últimos años. Ejemplos pueden considerarse las visitas del sumo pontífice Juan

Pablo II —máxima autoridad del catolicismo romano—, de representantes de iglesias evangélicas y otras religiones.

El presidente Fidel Castro, durante una de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, destacó el trabajo abnegado que desarrollan las religiosas en Cuba.

CUBA es un país laico donde existe la libertad de cultos. La religión más importante es la católica. Numerosas iglesias en el país ofrecen diariamente servicios religiosos: misas, bautizos, bodas, réquiems, confesiones y otros.

En cuanto a la iglesia católica romana, existen 10 diócesis, dos de ellas —la de La Habana y la de Santiago de Cuba— tienen rango de archidiócesis. El cardenal, arzobispo de La Habana y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos y 13 obispos, entre titulares y auxiliares, son cubanos.