Luis Suárez - En los orígenes de España. Mitos y realidades

La importancia que, para la construcción y ordenación de Europa, revisten los Monarcas Católicos, Fernando e Isabel, es causa de que los historiadores cometamos con frecuencia un error: considerar que su obra es un punto de partida hacia la modernidad cuando en realidad se trata de un término de llegada en el que convergen dos factores, la revolución Trastámara castellana de carácter nobiliario y el establecimiento de la Unión de Reinos que fue llamada «Corona del Casal d'Aragó» y no simplemente, como ahora acostumbramos, Corona de Aragón. También cometemos un error al entender que las revoluciones son tan sólo fenómenos subversivos que vienen de abajo. La que en torno al año 1368 se produjo en España vino desde arriba y contribuyó a establecer el predominio de una nueva elite aristocrática, basada en el señorío jurisdiccional y no en el feudo, dando de este modo la solidez jurídica a la Monarquía. Una de las tareas fundamentales de los Reyes Católicos consistió precisamente en estabilizar esa jerarquía, sus recursos y sus deberes. Los genealogistas del siglo XVII se referirán a ella llamándola «nobleza nueva». Algunos de sus títulos permanecen entre nosotros.

Como todas las revoluciones, la castellana de 1368 partía del principio de la ilegitimidad de los poderes hasta entonces vigentes. Pedro I, «aquel mal tirano que se llamó rey», según la propaganda adversa a su persona, fue depuesto y asesinado porque había conculcado las libertades, usos y costumbres del reino, especialmente las Cortes que habían sido prácticamente suspendidas. Para sucederle —mejor diríamos sustituirle—, el Papa, la Corona de Aragón y Francia convinieron en escoger a Enrique, conde de Trastámara, de Noreña y de Gijón, que era hijo bastardo de Alfonso XI (así se aseguraba la continuidad de sus tareas institucionales) pero, sobre todo, estaba casado con Juana Manuel a la que llegaban los derechos de Alfonso X y de los Infantes de la Cerda. Podía decirse que se trataba de reconocer una legitimidad de origen antes de pasar a la de ejercicio.

Es sintomático que el primer gesto de plena autoridad de Enrique II, una vez despedidos los mercenarios y aliados extranjeros, fuese la reunión de Cortes en Toledo el año 1370. Aquí tuvo lugar una especie de singular alianza o reconciliación entre rey y reino. Los Trastámara se comprometían a no aceptar otra legitimidad que la que, mediante juramento de las Cortes, se declarara, no percibir ayudas extraordinarias sin voto de las Cortes, y considerar leyes fundamentales del reino aquellas que fuesen promulgadas en las mismas Cortes. Es cierto que como han señalado eminentes investigadores de nuestros días, el rey se reservaba todo el poder legislativo. Pero debemos tener en cuenta que cuando las necesidades económicas obligaban a recurrir a petición de ayudas extraordinarias, como sucedía con frecuencia, los procuradores podían obtener una confirmación para sus peticiones, previamente negociadas por el monarca, convirtiéndose en leyes. Era, indirectamente, reconocer en aquellas Asambleas un poder legislativo.

La nueva dinastía —y así se explicaría en las negociaciones con Inglaterra— iba a apoyar su legitimidad en este argumento: Alfonso X, en 1282, había sido injustamente privado de su poder. En consecuencia, Sancho IV y sus tres sucesores podían ser considerados como ilegítimos, al menos como discutibles. Al agotarse esta línea, los derechos retornaban a la línea de Alfonso de la Cerda y, en su defecto, al infante don Manuel, hermano de Alfonso. Ahora bien, tales derechos desembocaban por línea masculina y femenina respectivamente, en Juana Manuel. De modo que Juan I, el hijo y heredero de Enrique II, ostentaba una indudable legitimidad. Para que tampoco en esto hubiera dudas, el heredero de Juan, también llamado Enrique, contrajo matrimonio con la nieta de Pedro I, Catalina de Lancaster. Y así se creó el Principado de Asturias. En adelante la Corona, en Castilla, se situaba en dos líneas, la superior, que correspondía al monarca, y la inferior, al Príncipe. Pero a éste correspondía, desde el primer momento, el ejercicio de una parte de la autoridad.