La estructura política
del Estado mexicano
La estructura política del Estado mexicano
Breve análisis desde 1857 al presente
Emilio Rabasa Gamboa
Primera edición impresa: Producciones Sin Sentido Común, 2022
Primera edición en formato epub: Producciones Sin Sentido Común, 2022
D. R. © 2022, Producciones Sin Sentido Común, S. A. de C. V.
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ISBN: 978-607-8756-88-9
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Índice
Presentación
Los Estados son organizaciones políticas dinámicas, no son inmutables o rígidos, no constituyen estructuras pétreas. Nacen, crecen y mueren según las condiciones históricas específicas e ideológicas concretas que los determinan. Por lo tanto, conforme van cambiando esas condiciones también lo hacen las ideologías y las formas estatales. De tal suerte que es fundamental entender al Estado en su dinamismo histórico; esto es, en su evolución para apreciar con claridad sus cambios.
México, hoy en día, no cuenta con la misma la estructura política del Estado liberal producto de la Constitución de 1857 o la de la dictadura porfirista. Tampoco corresponde al Estado que configuró la Revolución de 1910 con el Estado de partido hegemónico (aunque todavía conserva algunos remanentes de éste). Su estructura política consiste en el Estado democrático que empezó a erigirse en los años 70 del siglo pasado, mediante una serie de reformas político-electorales encaminadas a transitar del estado autoritario a la democracia.
Este texto consiste en un breve análisis de las fortalezas y debilidades de las estructuras políticas correspondientes al Estado liberal, el Estado de la dictadura porfirista, el Estado populista, tanto en su versión caudillista como presidencialista, y el Estado democrático. Como punto de partida se seleccionó la Constitución de 1857 porque, a partir de la Independencia y durante la primera mitad del siglo xix , el país estuvo dedicado a la búsqueda de su propia identidad política, que fluctuaba entre la monarquía heredada de Cádiz y tres siglos de la Colonia y la República que preconizaron los insurgentes, como José María Morelos en la Constitución de Apatzingán de 1814, y después Miguel Ramos Arizpe –padre de nuestro federalismo– en el Congreso Constituyente de 1824. La primera Constitución tuvo una vigencia nula por los combates de la Independencia; la segunda tuvo escasos once años de vigencia irregular, hasta el inicio del centralismo de la dictadura de Santa Anna que concluyó en 1847 con la Revolución de Ayutla. Este medio siglo fue de profunda inestabilidad política, ya que, “en los 25 años que corren de 1822 en adelante, la nación mexicana tuvo siete Congresos Constituyentes, que produjeron un Acta Constitutiva, tres Constituciones y una Acta de Reformas y, como consecuencia, dos golpes de Estado. Varios cuartelazos en nombre de la soberanía popular, muchos planes revolucionarios, multitud de asonadas e infinidad de protestas, peticiones, manifiestos, declaraciones y de cuanto el ingenio descontentadizo ha podido inventar para mover al desorden y encender los ánimos”. No había, por lo tanto, condiciones para llevar a cabo la ingeniería política requerida en la construcción del Estado mexicano.
Con la expulsión de Santa Anna y la promulgación de la Constitución de 1857, parecía que México ya se encaminaba por la senda de la estabilidad, prerrequisito para su desarrollo y crecimiento. En palabras de Daniel Cosío Villegas, esta carta magna: “representa el edificio constitucional más elaborado y ambicioso que hasta entonces había intentado levantar México”. Lamentablemente, como veremos más adelante, la estabilidad política y social duraría algún tiempo, pero no mucho, en tanto sobrevino el Plan de la Noria de 1871 y la revuelta de Tuxtepec de 1876, encabezada por Porfirio Díaz.
Con la Constitución de 1857 se buscaba construir la estructura política del Estado liberal que resistiera a los embates conservadores de la Guerra de los Tres Años y a la intentona imperialista de Napoleón III para imponer como emperador a Maximiliano de Habsburgo. No obstante, la victoria de Juárez marcó la restauración republicana y con ella la preservación del Estado liberal. Pero éste no duró mucho tiempo, pues comenzó a sucumbir con la llegada de Porfirio Díaz al poder y con la instauración de la dictadura, una estructura opuesta al Estado liberal y que duró más de 30 años hasta la Revolución de 1910. La dictadura se basaba en el centralismo político y en la concentración de la mediante el acaparamiento las tierras en los latifundios.
A partir de 1910, la Revolución buscó desmantelar el poder centralizado, primero en el terreno político con Madero, quien intentó establecer una democracia cuando en el país era casi nula esta tradición política. Sin embargo, cuando fue asesinado por instrucciones de Huerta, el esfuerzo de la transformación revolucionaria tomó una ruta distinta, se dirigió hacia el campo económico y social mediante la distribución agraria para los campesinos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los obreros. Ellos fueron el nuevo sujeto de la estructura política y ya no el individuo y sus libertades, como era el sueño de Madero. Este giro, iniciado con Carranza, llegó al Constituyente de 1917 y se asentó en los derechos sociales en los artículos 27 y 123 constitucionales. El nuevo orden fue articulado por los caudillos Obregón y por Calles, quien en 1929 lo institucionalizó con el nuevo Partido Nacional Revolucionario ( pnr ). Así surgió la estructura política correspondiente al Estado corporativo/populista.
Lázaro Cárdenas marcó el fin del caudillismo y el inicio del Estado presidencialista con el binomio compuesto de un ejecutivo fuerte y su nuevo partido, el de la Revolución Mexicana ( prm ). La estructura política de esta versión estatal se extendió a partir de los años 40 en forma invariable e indisputable por casi 30 años (el prm cambió de nombre por el de Partido Revolucionario Institucional ( pri ) en 1946), hasta que en 1968, la crisis del movimiento estudiantil cuestionó severamente su base de legitimidad: la Revolución mexicana ya no podía seguir justificando a un régimen incapaz de resolver los conflictos sociales por la vía política, desde el momento en que recurrió al uso de la fuerza en contra de la población civil. Éste fue el parteaguas que marcó el inicio del fin del Estado de partido hegemónico, aunque todavía se extendió dos decenios más.
A partir de 1977 y hasta fin del siglo xx, aunque ya en franco declive, la “presidencia imperial” subsiste en retirada cuando está en marcha la ingeniería política de la estructura democrática. Con ésta última se reconocen y aceptan las alternancias en los niveles municipal y local de la pirámide del Estado hasta el federal en el Legislativo en 1987 y en el Ejecutivo en el año 2000. El Estado democrático si bien no lleva a cabo una demolición completa del Estado presidencialista (del que perviven algunos enclaves autoritarios), sí establece algunos diques de contención al uso y abuso del poder del titular del ejecutivo federal.