Mariana Mazzucato - Misión economía

Mientras escribo este libro estamos viviendo la pandemia de la COVID-19 , que plantea enormes desafíos para cualquier miembro de la sociedad en todo el mundo. Vencer a la pandemia requiere grandes inversiones en bienes y servicios tanto físicos como sociales: de la carrera para desarrollar la vacuna o terapias efectivas, pasando por la producción de equipos de protección individual ( EPI ) y métodos adecuados de aprendizaje online para los niños que no van a la escuela, a nuevas formas de pensar en las redes de seguridad social. Requiere, además, un grado de colaboración entre naciones, ciudadanos, Gobierno y sector privado sin precedentes, a una escala que no habíamos visto nunca en nuestra vida. En esencia, es una prueba de fuego para la capacidad del Estado y la gobernanza eficaz tanto dentro de los países como entre ellos.

Los gobiernos de todo el mundo se están adaptando a este desafío de maneras diferentes y con diversos grados de éxito. La gobernanza es clave para que la adaptación sea exitosa. Las respuestas de los países han diferido tanto en la cantidad como en la calidad de las medidas adoptadas. Muchos gobiernos han comprometido sumas colosales con una mentalidad de «lo que sea necesario». Pero si hay algo que aprendimos de la crisis financiera del 2008 es que inyectar billones en la economía apenas tendrá efecto si las estructuras en las que se gastan son débiles. No podemos arriesgarnos a que eso vuelva a pasar.

¿Podemos producir suficientes EPI para los trabajadores que están en primera línea? ¿Respiradores suficientes para los pacientes en las unidades de cuidados intensivos? ¿Una vacuna que ayude a crear inmunidad? ¿Podemos proteger a la gente que ha perdido su trabajo, de modo que tenga el derecho básico a un ingreso mínimo, comida, alojamiento y educación?

Las respuestas a todas estas preguntas dependen de la organización de nuestra economía más que de la cantidad de dinero que se dedique a los problemas. Depende de estructuras concretas, de las capacidades y del tipo de asociaciones entre los sectores público y privado. También requiere cierta clarividencia para imaginar un mundo diferente. Una visión de qué tipo de crecimiento queremos, más las herramientas correspondientes para conseguirlo son las que crearán una nueva dirección para la economía. Y lo que se necesita es una nueva dirección.

La exitosa respuesta de Vietnam ante la COVID-19 es un ejemplo interesante. Aunque se trata de un país «emergente» en cuanto a su nivel de desarrollo, su Gobierno fue capaz de estimular con mucha rapidez el desarrollo de kits de prueba de bajo coste. Esto fue posible porque tenía la capacidad de movilizar a diferentes sectores de la sociedad (la academia, el ejército, el sector privado, la sociedad civil) en torno a un objetivo común y de usar estratégicamente la contratación de investigación y desarrollo ( I+D ) en materia de salud para «acumular» soluciones innovadoras; es decir, utilizar el gasto gubernamental para aumentar la inversión público-privada.

Sin embargo, en gran parte del mundo la imagen ha sido mucho menos optimista. Mientras este libro se imprime, los problemas a los que se enfrentan Estados Unidos y Reino Unido son el resultado de haber debilitado durante cuarenta años la capacidad de gobernar y gestionar, con base en una ideología según la cual el Gobierno debe mantenerse en un segundo plano e involucrarse únicamente para solucionar problemas cuando estos surgen. Un credo de la gestión pública que menosprecia la habilidad gubernamental para actuar con eficacia y promueve la privatización ha fomentado en gran medida la externalización de la capacidad del Gobierno al sector privado y una insistencia constante, pero errónea, en medidas estáticas de eficiencia, dejando a los gobiernos con menos opciones, aferrándose incluso a panaceas tecnológicas irrealistas como la inteligencia artificial o las «ciudades inteligentes». También ha provocado que se invierta menos en competencias públicas, una pérdida de la memoria institucional y una mayor dependencia de las empresas de consultoría, que se han beneficiado de miles de millones en contratos gubernamentales.

En Reino Unido, solo en el año 2018 el Gobierno externalizó contratos sanitarios por valor de 9.200 millones de libras.

El mantra sobre que su eficiencia es mayor es solo eso, un mantra. En Reino Unido, cuando se pagó a la consultora internacional Deloitte para que gestionara los test de la COVID-19 , esta perdió las pruebas. Lo cual fue un recordatorio del enorme fracaso de G4S, otra empresa privada dedicada a conseguir contratos públicos, a la hora de proporcionar la seguridad de las Olimpiadas de Londres del 2012, lo que provocó que hubiera que llamar a las fuerzas armadas para solucionar el problema. De igual manera, Serco, una empresa privada que consigue sistemáticamente contratos de externalización, fue multada por el uso fraudulento de dispositivos electrónicos de monitorización para presos. Y sin embargo, obtuvo un contrato para hacer pruebas y trazados por 45,8 millones de libras justo un año después de ser multada con más de un millón de libras por fallos que incluían el incumplimiento de las normas de protección de datos (por error, reveló el correo electrónico de los trabajadores en prácticas).

El Gobierno federal de Estados Unidos corrió una suerte similar. En el año 2007 ideó un plan para incentivar el desarrollo de respiradores portátiles de bajo coste para utilizarlos en casos de emergencia. A principios del 2020, trece años después, no se había entregado respirador alguno, básicamente debido a su dependencia de la externalización. La crisis de la COVID-19 ha hecho que las consecuencias de esta falta de capacidad fueran aún más dramáticas. De hecho, la Administración del presidente Barack Obama ya se encontró en el 2010 con problemas relacionados con las tecnologías de la información ( TI ) que provocaron una situación bochornosa cuando trataba de introducir las reformas de su seguro de atención sanitaria, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida coloquialmente como «Obamacare». Mucha gente no podía acceder al sitio

La externalización no es un problema en sí mismo, siempre y cuando los gobiernos sigan siendo capaces, estén preparados para asumir riesgos y sean previsores; y siempre y cuando las «asociaciones» fundamentales con el sector privado estén de verdad concebidas en aras del interés público. La ironía es que tanta externalización ha dañado la aptitud de las administraciones para articular contratos. En marzo del 2020, el Gobierno de Reino Unido no consiguió garantizar el número de respiradores que creía necesitar, una situación que recordó a las dificultades del Gobierno de Estados Unidos.

Una lección clave es que, en las crisis, la intervención gubernamental solo es efectiva si el Estado tiene la competencia correspondiente para actuar. Lejos de limitarse al papel de ser, en el mejor de los casos, el que corrige los fallos de mercado y, en el peor, el que externaliza servicios, los gobiernos deberían invertir en crear áreas cruciales que sean poderosas, como la capacidad productiva, las competencias de contratación, las colaboraciones público-privadas que sirvan genuinamente al interés público y el conocimiento digital y de datos (al mismo tiempo que se protegen la privacidad y la seguridad). Sin esto, ni siquiera pueden concebir unos pliegos sólidos para las empresas que incorporan, que entonces pueden hacerse con la agenda.