Maria Victoria Murillo - La ley y la trampa en America Latina: por que optar por el debilitamiento institucional puede ser una estrategia politica

María Victoria Murillo

Steven Levitsky

Daniel Brinks

LA LEY Y LA TRAMPA EN AMÉRICA LATINA

Por qué optar por el debilitamiento institucional puede ser una estrategia política

Traducción de
Ana Bello

La ley y la trampa en América Latina / María Victoria Murillo, Steven Levitsky, Daniel Brinks.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2021.

Libro digital, EPUB.- (Sociología y Política, serie Rumbos teóricos // dirigida por Gabriel Kessler)

Archivo Digital: descarga

Traducción de Ana Bello // ISBN 978-987-801-063-2

1. Instituciones Políticas. 2. Democracia. 3. Política Latinoamericana. I. Brinks, Daniel M. II. Levitsky, Steven. III. Bello, Ana, trad. IV. Título.

CDD 320.80

Título original: Understanding Institutional Weakness. Power and Design in Latin American Institutions (2019, Cambridge University Press)

© 2021, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.

Ilustración de portada: Victor Solís

Diseño de portada: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina

Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina

Primera edición en formato digital: marzo de 2021

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-063-2

Prefacio a la presente edición

¿Por qué América Latina?

¿Por qué es importante estudiar la debilidad institucional en América Latina en particular, cuando se trata de un rasgo muy extendido en los países en vías de desarrollo y el mundo poscomunista, e incluso parece estar resurgiendo en las democracias occidentales establecidas? Nos enfocamos en América Latina porque presenta un importante conjunto de características que se repiten y una variación útil. Con pocas excepciones, los países latinoamericanos poseen, al menos, Estados mínimamente eficaces y regímenes electorales competitivos (para no decir “plenamente democráticos”). Por eso, no son casos en los que las instituciones políticas puedan desestimarse por carecer de predictibilidad y uniformidad. Además, la fortaleza institucional varía sustancialmente en la región cuando se comparan las experiencias de diferentes países, distintas instituciones y diversos períodos de tiempo. A la vez, las conclusiones que se desprenden del análisis de América Latina son claramente aplicables a otras regiones del mundo, y lo que aprendemos de la región puede contribuir a un debate más amplio sobre las instituciones en la ciencia política.

Las cuestiones referidas a la fortaleza institucional son sumamente importantes en América Latina. Dadas las grandes desigualdades y las deficiencias del Estado en la región, el impacto potencial de las reformas institucionales sería dramático si se cumplieran las normas tal como fueron escritas al sancionarse. Si las leyes destinadas a eliminar la corrupción, el clientelismo, la discriminación racial o la violencia contra la mujer, o las normas destinadas a redistribuir los ingresos a los pobres, hacer cumplir los derechos de propiedad contra los ocupantes ilegales o proteger el medio ambiente efectivamente se cumplieran a lo largo del tiempo, las consecuencias sociales y distributivas serían enormes. Por lo tanto, el cumplimiento institucional y su durabilidad tienen una relevancia alta. En la lucha por establecer qué reglas se aplican y cómo, y si permanecen vigentes o se descartan, hay ganadores y perdedores importantes.

Cabe advertir con claridad las consecuencias de la debilidad institucional en la debacle en torno a la elección presidencial de 2019 en Bolivia. La fragilidad de las instituciones políticas bolivianas se hizo evidente cuando el presidente Evo Morales ignoró la prohibición constitucional de una tercera reelección, incluso después de perder un plebiscito convocado para cambiar esa regla en 2016. La percepción de que las instituciones electorales no iban a tener la fortaleza para imponer un resultado adverso a un presidente poderoso llevó a una encendida reacción de la oposición cuando aparecieron denuncias de manipulación electoral. La sensación de que el gobierno no estaba respetando las reglas electorales activó las protestas y desencadenó un conflicto social violento, que en última instancia trajo aparejadas la renuncia y la salida del presidente Morales del país. Desde ya, algunos de los elementos de esa reacción también circularon por canales extrainstitucionales: protestas callejeras, la negativa de las fuerzas de seguridad a mantener el orden social, la “sugerencia” de las fuerzas armadas de que el presidente renunciara y una sucesión presidencial de problemática legitimidad. En pocas palabras, el conflicto se originó, en parte, en una situación de debilidad institucional que adoptó la forma de desobediencia de las reglas, una debilidad que también influyó en la reacción que siguió.

En su momento, la intervención de las fuerzas de seguridad, más aún, abrió interrogantes sobre el posible regreso de la inestabilidad política que caracterizó a Bolivia durante la mayor parte del siglo XX (en ese país hubo trece golpes militares entre los años veinte y los ochenta). La persecución a los partidarios de Morales y la revocación de algunas de sus políticas por parte del gobierno interino que siguió sugerían la posibilidad de que se prolongara la volatilidad institucional. Finalmente, en las elecciones presidenciales de octubre de 2020, se impuso Luis Arce, del MAS, con algo más del 55,1% de los votos. De hecho, las reformas neoliberales realizadas en Bolivia en los noventa se revirtieron en los años dos mil. En fin, es posible rastrear las raíces de la crisis boliviana en la debilidad de sus instituciones políticas, en especial en lo que respecta al bajo nivel de cumplimiento de las reglas constitucionales y electorales. Más importante aún es que las consecuencias de esa crisis profundizaron la debilidad institucional, caracterizada no solo por el incumplimiento de normas, sino también por su inestabilidad, lo que genera mayor incertidumbre acerca del futuro de otras instituciones políticas.

Simultáneamente, Chile también experimentó protestas extrainstitucionales en las que multitudes de personas salieron a las calles de las ciudades más importantes del país y que fueron acompañadas por focos de violencia. Las manifestaciones se originaron en demandas básicas contra la desigualdad económica y social, tales como mejores ingresos, salud, educación y jubilaciones, mientras la incapacidad de los partidos políticos para representar esas demandas profundizó la agitación popular. Con o sin justificación, la Constitución chilena de 1980 se convirtió en el foco de todos los reclamos para enfrentar la desigualdad socioeconómica. La percepción de que esa Constitución era una camisa de fuerza no deseada para la democracia chilena y contribuía a producir y mantener niveles altos de desigualdad la puso en el centro del conflicto. Ese cuerpo normativo central para el funcionamiento del sistema político y la estructura económica que este sostiene ha sobrevivido largo tiempo a la desaparición del régimen que le dio origen. Es un ejemplo claro de una institución fuerte, que logró alto niveles de cumplimiento y cuyas disposiciones centrales resultaron resistentes al cambio. El hecho de que esta Constitución tuvo el poder de producir resultados alejados de las preferencias populares –al impedir la adaptación de la política a las demandas de la sociedad–, y de que se volvió tan difícil de modificar más allá de cambios menores –el núcleo de lo que llamamos “fortaleza institucional”– se convirtió en el problema en sí mismo. En este caso, la fortaleza institucional contribuyó a una crisis de legitimidad del sistema democrático que esa Constitución estructuró mientras aumentó los costos que esta regla imponía en amplios sectores de la sociedad chilena. Para calmar la protesta popular, entonces, todos los partidos políticos acordaron llamar a un plebiscito sobre la necesidad de establecer una nueva Constitución. En octubre de 2020, una abrumadora mayoría del 78% votó a favor de la reforma constitucional. Este modelo de reforma institucional de “equilibrio puntual” [