Manuel Azaña - Causas de la guerra de España

Recopilación de once artículos escritos por Azaña en 1939, publicados por primera vez en España en 1986 en los que explica con gran lucidez y objetividad el fin de la Segunda República española.

Al leerlos con la perspectiva que da el tiempo, uno no sabe qué admirar más: si la honestidad de un hombre que, en la amargura de la derrota, no hace el más mínimo intento por presentar los hechos de modo que le favorezcan, o la extraordinaria lucidez con que explica y razona el fin de la Segunda República española. Para el presidente Azaña, «del hecho de la guerra, por su monstruoso desarrollo, y su impensada duración, únicamente podían venirle a España males infinitos, sin compensación posible»; «¿por qué tanta desventura?».

Prólogo de Gabriel Jackson.

Manuel Azaña

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JeSsE 17.04.18

Título original: Causas de la guerra de España

Manuel Azaña, 1939

Retoque de cubierta: JeSsE

Editor digital: JeSsE

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MANUEL AZAÑA DÍAZ. (Alcalá de Henares, España, 10 de enero de 1880 Montauban, Francia, 3 de noviembre de 1940) fue un político y escritor español que desempeñó los cargos de presidente del Gobierno de España (1931-1933 y 1936) y presidente de la Segunda República Española (1936-1939). Fue uno de los políticos y oradores más importantes en la política española del siglo XX , además de un notable periodista y escritor. Fue galardonado con un Premio Nacional de Literatura en 1926 por su biografía Vida de Don Juan Valera. Su obra más conocida es el diálogo La velada en Benicarló, una reflexión sobre la década de los años treinta en España. Sus Diarios son unos de los documentos más importantes para el conocimiento del momento histórico en el que vivió.

Antonio Cánovas del Castillo y Manuel Azaña comparten la distinción de haber sido los dos jefes del gobierno español más cultos, más conscientes de la historia, de los siglos XIX y XX . Pero, mientras que Cánovas dedicó su talento político a un proyecto calificado de «mal menor» —la creación de una oligarquía civil, cuasi parlamentaria, tras un período de inestable dictadura militar— Azaña dedicó su carrera política a la creación de una república reformista y secular, basada en elecciones limpias y en una administración no corrompida. En su calidad de jefe del gobierno de octubre de 1931 a septiembre de 1933, guió el paso por las Cortes de las reformas más importantes conseguidas por la efímera Segunda República: la separación de la Iglesia y el Estado, la reorganización de las fuerzas armadas, un importante programa de construcción de escuelas, la primera ley del divorcio de la historia de España, el estatuto de autonomía de Cataluña y los tímidos inicios de una reforma agraria que se necesitaba desde hacía tiempo y había sido aplazada numerosas veces. Aunque no sentía un interés personal por las cuestiones económicas, Azaña comprendió y apoyó a Jaume Carner e Indalecio Prieto en sus esfuerzos por mejorar el funcionamiento de la banca española, defender el valor cambiario de la peseta y, al mismo tiempo, combatir el paro y mejorar la infraestructura económica de España mediante un programa de obras públicas. Era un excelente orador, un sagaz conocedor de los abogados y funcionarios de clase media que eran sus principales colaboradores y rivales y un hombre en el que un elevado sentido de la ética personal iba unido a ideas claras y muy pragmáticas sobre lo que era realmente posible en España. Amigos y enemigos por igual reconocían en Azaña al líder que de modo más completo encarnaba el programa y el carácter de la mayoría republicano-socialista de los años 1931-1933. Pero esa mayoría se desintegró internamente durante el año 1933 y Azaña dejó la jefatura del gobierno cuando el presidente Alcalá-Zamora decidió disolver las Cortes constituyentes en septiembre del citado año. Durante los dos años siguientes Azaña, ahora en la oposición, siguió siendo el portavoz arquetípico de la República reformista y brevemente, después de la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, pareció que Azaña iba a presidir de nuevo el gobierno y a reanudar el programa interrumpido de 1931-1933.

Pero las revueltas de Asturias y Cataluña en octubre de 1934, junto con la feroz represión que provocaron, habían cambiado por completo el clima político. La izquierda se reía de Azaña, al que calificaba de «Kerensky», de estadista «con un brillante porvenir en el pasado». La derecha se volvía cada vez más hacia los fascismos italiano y alemán como «modelos» para la derrota del «bolchevismo» y el mantenimiento de los privilegios tradicionales contra la reanudación del programa republicano de reformas. Los diputados de derechas y los militares activistas empezaron a tramar un pronunciamiento contra el gobierno del Frente Popular desde el primer momento. Los asesinatos y los intentos de asesinato se convirtieron en la moneda común de la juventud militante, tanto de izquierdas como de derechas. En tales circunstancias, ni Manuel Azaña ni nadie podía dirigir con éxito un gobierno parlamentario.

Por si la confusión era poca, la nueva mayoría en las Cortes decidió deponer al presidente de la República, al que acusaba de haber disuelto «ilegalmente» las Cortes anteriores, ¡disolución que había llevado directamente a la victoria del Frente Popular! Para entender el tono agraviado y pesimista de los artículos que se publican en el presente volumen, es necesario tener presentes las circunstancias en las que Azaña pasó a ser presidente de la República y las condiciones que restringieron su iniciativa mientras ocupó dicho cargo desde mayo de 1936 hasta su dimisión en febrero de 1939, un mes antes de la rendición definitiva del ejército republicano. Al amparo de la Constitución de 1931, el jefe del gobierno ejercía la autoridad ejecutiva y la iniciativa legislativa en su calidad de líder de la mayoría en las Cortes. Éste fue el cargo que ocupó Azaña durante los dos primeros años de la República y más adelante, brevemente, de febrero a abril de 1936. El presidente de la República tenía responsabilidades importantes, pero cuidadosamente limitadas. Podía «nombrar y destituir libremente» al jefe del gobierno de entre los líderes del partido o la coalición mayoritarios. Tenía poder consultivo en lo referente a la constitucionalidad de los proyectos de ley. En teoría también podía vetar las leyes, pero, dado que los monarcas españoles nunca habían ejercido el veto constitucional en el período 1876-1923, no se esperaba que el presidente de la República ejerciera el suyo.

En la primavera de 1936 la República reformista era atacada tanto por la izquierda militante como por la derecha monárquico-fascista. Después de la temeraria deposición del presidente Alcalá-Zamora, era indispensable que el nuevo presidente de la República fuera un hombre de moralidad y estatura reconocidas que encarnara el carácter político de la República. En épocas tranquilas las funciones del presidente de la República eran principalmente simbólicas, pero en tiempos agitados su facultad de nombrar y destituir al jefe del gobierno y sus opiniones consultivas sobre la constitucionalidad revestían gran importancia. Al dejar la presidencia del gobierno para ocupar la de la República, Azaña abandonó el liderazgo activo por el papel de símbolo y garante de la legalidad republicana. Azaña nunca tuvo la oportunidad de funcionar normalmente en calidad de presidente de la República, como tampoco la había tenido de ejercer con normalidad el cargo de jefe del gobierno en la primavera de 1936. A él le hubiera gustado nombrar a Indalecio Prieto, el más prestigioso de los parlamentarios socialistas y uno de los pocos líderes que advertían de forma enérgica y repetida del peligro de un levantamiento militar. Pero el partido socialista se hallaba fatalmente escindido entre los partidarios de Prieto y los de Largo Caballero, que no estaba dispuesto a tolerar un gobierno encabezado por Prieto. Así, pues, Azaña se vio obligado a depender de un miembro decente y escrupuloso, pero poco distinguido, de su propio partido republicano, Santiago Casares Quiroga. Dos meses más tarde la sublevación de los generales Mola y Franco se propuso destruir la República reformista y la Constitución. El pronunciamiento fue derrotado, pero no por el impotente gobierno republicano, sino por los sindicalistas, los socialistas de izquierda y los anarquistas, que hicieron frente al mismo en las calles de Madrid y Barcelona. Forzado por las circunstancias, Azaña se vio convertido en el símbolo de la legalidad republicana destruida en un país dividido en dos mitades, una de las cuales era una dictadura militar a la vez que la otra era escenario de una revolución en parte anarquista y en parte socialista.