PARAGUAY Y PERÚ
De la primera misión diplomática
a los gobiernos de Stroessner y Belaunde (1862-1963)
Capítulo 1
La solidaridad continental y
la guerra del Paraguay
1.1. Primeros contactos oficiales
La República del Perú no llegó a reconocer explícitamente la independencia de la República del Paraguay durante las gestiones que se realizaron para el efecto entre 1842 y 1852. Como es sabido, el Paraguay, pese a haberse constituido como República en 1813, solo gestionó el reconocimiento de otros Estados a partir de 1842, encontrándose con la negativa de la Confederación Argentina a aceptar su emancipación política. Debió desplegar entonces, durante casi diez años, una perseverante acción diplomática para afirmar su condición de Estado soberano. En 1843, la República del Paraguay fue reconocida por Bolivia y por Chile; y en 1844 se concretó el decisivo reconocimiento del Imperio del Brasil, cuyo gobierno, además, dispuso que sus representaciones diplomáticas en América y Europa procurasen que otros países procedieran en igual sentido.
De hecho, el reconocimiento peruano se gestionó por intermedio de la diplomacia brasileña. En efecto, en abril de 1846, el encargado de negocios del Brasil en Lima, Antonio de Souza Ferreira, luego de consultas preliminares, planteó, de manera formal, que el Perú reconociese la independencia paraguaya, indicando, entre otras razones, la conveniencia de afianzar “el equilibrio existente y establecido” entre los Estados sudamericanos. Sin embargo, pese al compromiso que asumió de atender la solicitud, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Gregorio Paz Soldán, respondió después, en forma verbal, que para proceder al reconocimiento era necesaria la autorización del Poder Legislativo.
Souza Ferreira interpretó la contestación de Paz Soldán como “una mera evasiva”, atribuyendo el cambio de actitud a la noticia conocida en Lima de la alianza que concertaron el Paraguay y la Provincia de Corrientes contra el gobernador de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, y al propósito consiguiente de evitar reclamaciones por parte del gobierno argentino. El representante brasileño recurrió, entonces, al propio presidente de la República, general Ramón Castilla, quien manifestó cierta apertura, aunque condicionada a que el Paraguay solicitase directamente el reconocimiento por medio de un agente diplomático propio o habilitando para ello, en debida forma, al del Brasil (Ramos, 1976, pp. 409-412), lo que nunca se concretó.
En consecuencia, el gobierno peruano no invitó al Paraguay al Congreso Americano que se reunió en Lima en 1847 y 1848 “para fijar las bases de la futura tranquilidad y seguridad de los pueblos de Sudamérica”.
De todos modos, una vez producido el reconocimiento de la independencia paraguaya por la Confederación Argentina, en 1852, los gobiernos del Paraguay y el Perú iniciaron, sin mayores formalidades, el intercambio de comunicaciones oficiales. La más antigua que se ha encontrado fue una nota del ministro interino de Relaciones Exteriores del Paraguay, José Falcón, quien, en agosto de 1855, remitió a su colega peruano dos ejemplares de una publicación relativa a controversias que se suscitaron con el Brasil. En respuesta, en diciembre del mismo año, el ministro Francisco Quirós transmitió el agradecimiento del presidente provisorio Ramón Castilla por la remisión de los impresos, y manifestó lo siguiente: “El Gobierno del Perú hace sinceros votos por que, terminadas de un modo satisfactorio y radical las desavenencias del Paraguay con el Imperio, nada embarace en adelante la marcha de ese hermoso país a un próspero destino”.
1.2. Un representante peruano ante Carlos Antonio López
Pocos años más adelante, el gobierno de Lima acreditó su primer agente diplomático ante el gobierno de Asunción, como parte de una serie de acciones encaminadas a preparar la defensa de los Estados americanos ante amenazas y agresiones de algunos Estados europeos. En concreto, en 1861, tras la proclamación de la unión de Santo Domingo a España, tropas españolas ocuparon territorio dominicano; y, tiempo después, Gran Bretaña, Francia y España acordaron y emprendieron una intervención armada conjunta en México, para imponerle el pago de su deuda externa.
En el Perú, donde una intervención extranjera era igualmente posible por el interés que generaba el guano, fertilizante agrícola cuya exportación constituía la principal fuente de ingresos fiscales del país, la campaña en defensa de la independencia americana adquirió notable intensidad, y no se redujo a los letrados y los periódicos, sino que estuvo acompañada por la acción oficial. El gobierno peruano, presidido aún por Ramón Castilla, dirigió sucesivas circulares en las que instaba a una acción colectiva de los estados americanos (Basadre, 1948, p. 291); y, por medio de sus agentes diplomáticos, buscó promover esa acción común tomando como base el Tratado de Unión Continental suscrito por Chile, Ecuador y Perú en setiembre de 1856. Dicho tratado, que no había sido ratificado todavía por sus propios signatarios, se ocupaba de las relaciones civiles, comerciales, culturales y de derecho penal internacional, así como de las vinculaciones entre los gobiernos americanos. Entre otras cuestiones, preveía la cooperación en caso de que “contra cualquiera de los estados contratantes se dirigiesen expediciones o agresiones con fuerzas terrestres o marítimas procedentes del extranjero”, a fin de impedir la agresión y de capturar o destruir todo buque que formase parte de ella o que anduviese armado en guerra con el mismo fin (Ulloa, 1938, pp. 613-620).
Por lo demás, desde la década de 1840, con la bonanza producida por el guano y ante la política expansiva de las monarquías europeas, el Perú propició el proyecto de la unión americana, sobre todo bajo el gobierno del general y después mariscal Ramón Castilla (1845-1851 y 1855-1862). El incremento de los recursos fiscales, derivados de la exportación del guano, permitió a Castilla fortalecer el servicio diplomático peruano y asumir un importante protagonismo en América, con una política exterior basada en la defensa de la soberanía nacional y la solidaridad continental (Aljovín de Losada, 2012, p. 369).
En ese contexto, Buenaventura Seoane (1808-1870), ministro residente del Perú en Argentina y el Imperio del Brasil, fue acreditado también ante los gobiernos del Paraguay y el Uruguay, en marzo de 1862, con el propósito de gestionar la adhesión de estos países al Tratado Continental celebrado seis años antes. Tal versión se fundaba en el hecho cierto de que el Congreso peruano había habilitado al Poder Ejecutivo, en noviembre de 1860, a declarar la guerra a Bolivia (Novak y Namihas, 2013, p. 53).
El representante peruano, a quien antes también se había encomendado obtener la adhesión argentina al Tratado Continental, no dejó de manifestar dudas sobre el éxito de las gestiones que se le confiaron. Escribió con relación a la Argentina, y lo reiteró con respecto al Paraguay y el Uruguay, que la posición geográfica de estas Repúblicas las alejaba de América, salvo en cuanto al Brasil, y las acercaba a Europa, al punto que con dicho continente intercambiaban todos sus productos y se encontraban “en activas y constantes relaciones”, vinculados por importantes intereses económicos. Por ello, los tres países se hallaban más ligados “a la Europa que a la América, con la que solo [conservaban] los antiguos vínculos morales de la época colonial”, y a la que apenas podrían ayudar “con su concurso moral”, “tímidamente expresado para evitar compromisos”.
De todas maneras, el ministro Seoane arribó a Asunción el 22 de junio de 1862, a bordo del vapor paraguayo Salto del Guairá, y se alojó en el Club Nacional. Al día siguiente, participó su llegada al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Sánchez, indicando su condición de ministro residente del Perú en el Imperio del Brasil y las Repúblicas del Plata y solicitando audiencia con el presidente Carlos Antonio López para la presentación de sus credenciales.