Andrés Manuel López Obrador - La gran tentación. El petróleo de México

En la época prehispánica y durante la Colonia, nuestros antepasados usaban el petróleo sin fines de lucro. Se empleaba para la iluminación y como colorante, servía de medicina para curar la reuma y como incienso en ceremonias religiosas. No era un producto indispensable y tampoco despertaba codicia; por el contrario, era “cosa del demonio” y se le asociaba a los malos augurios. El cura Manuel Gil y Sáenz cuenta que en 1860 descubrió una chapopotera en San Fernando, comunidad chontal del municipio de Macuspana, Tabasco. Y se lamentaba de haber sido “un tonto en no denunciar (la mina) a tiempo y me comieron el mandado” –porque el registro formal lo hicieron el licenciado Serapio Carrillo y el doctor Simón Sarlat Nova–; “y tantos sacrificios que me costó pues los indios no querían y me expuse... Decían que me iba yo a volver un montón de sal, porque eso era cosa encantada, era del Chujilbá, duende o amo del monte”.

En ese mismo sitio, en 1863, se perforó el primer pozo petrolero con fines comerciales en nuestro país. Sin embargo, el desarrollo de la industria petrolera en México comienza hasta 1901, cuando este energético empieza a ser demandado como combustible para mover el recién inventado automóvil, los ferrocarriles y la industria. Y como suele suceder, aparejado a este auge petrolero, surge la necesidad de ajustar el marco jurídico en aras del interés económico. Precisamente en ese año, Porfirio Díaz expidió la primera Ley del Petróleo, otorgando al propietario no sólo el dominio del suelo y del subsuelo, sino también la posibilidad de explorar y explotar el petróleo en terrenos nacionales.

Durante tres siglos de dominación colonial, prevaleció el criterio jurídico de que la corona española podía otorgar en propiedad las tierras pero el subsuelo le pertenecía y sólo se otorgaban concesiones bajo ciertas normas: “El rey podía dar una merced de terreno a un vasallo; pero lo que estaba debajo de esa superficie no era del vasallo; lo que estaba debajo era del rey, era la propiedad subterránea para lo cual se exigía la quinta parte del producto bruto obtenido”. Este criterio se mantiene vigente después de la Independencia de México y sólo se sustituye la corona por la nación mexicana. Pero durante el gobierno de Manuel González, en 1884, ya en el inicio de lo que sería el periodo porfirista, en el Código de Minería se asimila la propiedad del suelo a la del subsuelo, con apego en la tradición liberal anglosajona, aplicada en los Estados Unidos.

Con este nuevo marco jurídico, haciendo a un lado la legislación tradicional española, se desató el despojo y el acaparamiento de grandes extensiones de terrenos para la explotación petrolera en México. Conviene señalar que, para entonces, ya habían entrado en vigor las leyes sobre colonización y deslinde de terrenos nacionales.

El régimen de Díaz retomó la idea liberal orientada a resolver el estancamiento económico del país colonizando el territorio con inmigrantes extranjeros. En 1883 se promulgó una ley de colonización inspirada en los principios fundamentales de la expedida en 1875. Esta legislación estipulaba que, con el fin de obtener las tierras necesarias para el establecimiento de colonos, el Ejecutivo mandaría deslindar, medir, fraccionar y valuar los terrenos baldíos o de propiedad nacional que hubiese en la República. Se establecía que, en compensación de los gastos que hicieran las compañías en su habilitación, se les entregaría un tercio de las tierras deslindadas. Con fundamento en esta legislación se inició lo que se ha dado en llamar el “derroche de baldíos”. Los hombres de la Reforma probablemente no imaginaron que su interés colonizador, inspirado en el modelo estadounidense, fuera manipulado de tal manera que permitiera al gobierno de Díaz enajenar el suelo patrio en beneficio de unas cuantas personas. La colonización fracasó: sólo vinieron unos cuantos colonos. Sin embargo, al amparo de esta estrategia, las compañías deslindadoras hicieron de la propiedad nacional un lucrativo negocio.

En 1888, Porfirio Díaz justificando ante el Congreso la celebración de contratos con las compañías deslindadoras expresaba, en pocas palabras, la esencia de su pensamiento como gobernante, algo que predomina hasta nuestros días: “Estoy convencido de que la acción particular estimulada por el interés privado es mucho más eficaz que la oficial”. Y como resultado de este criterio, de 1884

En la práctica esto significó la expropiación ilegal de las tierras indígenas y sirvió para liberar la mano de obra que necesitaban las nuevas plantaciones, las minas y la industria. De hecho, a finales del porfiriato, según el censo oficial, de 15 millones de habitantes que tenía México, 9 millones 591 mil 752 vivían bajo la servidumbre y la esclavitud en más de 10 mil haciendas.