Andrés Manuel López Obrador - 2018 La salida

ÍNDICE

EN ESTE LIBRO REAFIRMO MI POSTURA DE que la corrupción es el principal problema de México y, al mismo tiempo, convoco a todos los mexicanos, mujeres y hombres, pobres y ricos, pobladores del campo y de la ciudad, religiosos o librepensadores, a construir un acuerdo nacional y a hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. En estas páginas explico la manera en que el país ha sido saqueado y expongo cómo la política neoliberal o neoporfirista ha originado una profunda desigualdad, mayor pobreza, frustración, resentimientos, odio y violencia.

No me limito a formular una condena a la corrupción y a hacer un llamado a erradicarla por completo; también propongo cómo hacerlo y planteo una nueva política y un nuevo manejo económico, así como una estrategia y proyectos específicos —incluyendo el fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales— para frenar la decadencia y lograr el renacimiento de México.

Aunque antes de la elección de 2018 se presentará el Nuevo Proyecto Alternativo de Nación que ya está siendo elaborado por grupos de especialistas en cada tema, adelanto que algunos de los puntos nodales de la propuesta son gobernar con el ejemplo, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país.

Con esta nueva forma de hacer política y con un recto proceder no hará falta aumentar impuestos ni seguir incrementando la deuda pública, y estoy seguro de que mejorarán las condiciones de vida y de trabajo y se logrará el bienestar material y del alma para la felicidad de todos. En suma, la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México se conseguirá, como decía el general Francisco J. Múgica, “de la simple moralidad y de algunas pequeñas reformas”.

Espero que estas ideas se conviertan en realidad y de ello me ocupo, pero suceda lo que suceda, este es un testimonio dedicado en lo fundamental a las nuevas generaciones, en el entendido de que si nosotros no podemos regenerar a México porque la sociedad contemporánea no quiso o no supo hacerlo, o no se lo permitieron, ellos, los jóvenes, consumarán esa tarea ineludible.

Agradezco el apoyo que me brindaron en la revisión de este trabajo Jaime Avilés, Jesús Ramírez Cuevas y Laura González Nieto.

COMIENZO CON UNA OPINIÓN CATEGÓRICA : la crisis de México no podrá enfrentarse sin cortar de tajo con la corrupción y la impunidad, lo cual implica cambiar el actual régimen y establecer un orden político nuevo, democrático, promotor de la legalidad, humanista y con el distintivo de la honestidad. Hoy existe una república simulada, no un gobierno del pueblo y para el pueblo. El Estado ha sido convertido en un mero comité al servicio de una minoría rapaz y, como decía Tolstói, un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Esta definición de un escritor, que no de un politólogo o filósofo, concebida con sencillez y claridad, es lo más cercano a nuestra realidad política. En México los gobernantes forman parte de la principal pandilla de saqueadores que opera en el país. Lo anterior podría parecer extremo o exagerado, e incluso podría argumentarse que siempre ha sucedido lo mismo, pero la descomunal deshonestidad del periodo neoliberal (de 1983 a la fecha) supera con mucho lo antes visto y no tiene precedente. Constituye un cambio cualitativo en la descomposición institucional.

En estos tiempos, el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. La corrupción ya no es un conjunto de prácticas aisladas e inconexas entre sí, sino un ejercicio sistemático y sistémico. En la época del llamado desarrollo estabilizador, que va de los años treinta a los ochenta del siglo pasado, los gobernantes no se atrevían a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las minas, la industria eléctrica, ni mucho menos a enajenar el petróleo; en estos aciagos tiempos del neoliberalismo, los gobernantes se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos, e incluso funciones del Estado, a particulares nacionales y extranjeros. No solo se trata, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del poder público, ahora la corrupción se ha convertido en la principal función del poder político.

Ciertamente, la política de pillaje, es decir, el llamado modelo neoliberal, es un catálogo de dogmas y mantras para repetir de manera incansable que las privatizaciones son la panacea; la solución única y perfecta a todos los problemas económicos y sociales del país. Aunque parezca obvio y redundante, según el Diccionario de la Lengua Española privatizar significa convertir lo público en privado. Textualmente: “Transferir una empresa o actividad pública al sector privado”. No obstante, los pregoneros del neoliberalismo utilizan muchas mentiras para tratar de justificar esa forma de saqueo disfrazada; exaltan el mito de la supremacía del mercado, sostienen que la soberanía es un concepto caduco frente a la globalidad, que el Estado no debe promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso, porque si les va bien a los de arriba les irá bien a los de abajo. Pero la idea de que tarde o temprano la riqueza “goteará” hacia la base de la sociedad es un sofisma, porque la riqueza no es líquida y mucho menos contagiosa. Los propagandistas del neoliberalismo inclusive han resucitado el viejo criterio conservador porfirista según el cual “mientras haya mundo tendremos un número muy reducido de afortunados, en contraposición con la inmensa mayoría, que luchará en vano por alcanzar los favores de la fortuna”; es decir, buscan con absurdos justificar el incumplimiento de la responsabilidad social del Estado, negar el derecho a la justicia y condenar a quienes nacen pobres a morir pobres.

Aun cuando el neoliberalismo se aplica en casi todo el mundo, lo peculiar o lo característico de México es que este llamado “nuevo paradigma” fue utilizado de parapeto para llevar a cabo los robos más grandes que se hayan registrado en la historia del país. Es necesario reiterar lo que hemos escrito en otros textos: la política económica elitista conocida como “consenso de Washington”, empezó a impulsarse desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y se profundizó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). En esos tiempos se hizo un primer ajuste al marco jurídico para legalizar el pillaje, encubierto con el eufemismo de la “desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional”. Aunque hubo procesos de licitación y rendición de cuentas (“libros blancos”), en todos los casos se sabía de antemano quiénes serían los ganadores en las subastas. Es cosa de recordar que Salinas, su hermano Raúl y el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, eran los encargados de palomear, acomodar y alinear a todos los apuntados que participaron en el reparto de empresas y bancos, los cuales, hasta entonces, pertenecían a la nación.

Así, en 13 meses, del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, con un promedio de 20 días hábiles por banco, fueron rematadas 18 instituciones de crédito. En solo cinco años, del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1993, se enajenaron 251 empresas del sector público; es decir, se privatizaron compañías como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertilizantes Mexicanos, así como aseguradoras, ingenios azucareros, minas de oro, plata y cobre; ensambladoras de tractores, automóviles y motores, y fábricas de cemento, tubería y maquinaria, entre otras. La entrega de bienes públicos a unos cuantos preferidos no se limitó a bancos y empresas paraestatales. También fueron privatizadas las tierras ejidales, las autopistas, los puertos y los aeropuertos, y se incrementó el margen de negocios para particulares nacionales y extranjeros en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.