Nuevo pensamiento sobre seguridad en América Latina
Hacia la seguridad como un valor democrático
Alexandra Abello Colak
Pablo Emilio Angarita Cañas
—Editores—
© Alexandra Abello Colak, Pablo Emilio Angarita Cañas
© Alexandra Abello Colak, Pablo Emilio Angarita Cañas, Andrea Bolcatto, Lucía Dammert, Markus Gottsbacher, Álvaro Guzmán Barney, Susan Hoppert-Flämig, Jenny Pearce, Darío Nicolás Rolón, Juan Carlos Ruiz, Joaquín Salazar
ISBN: 978-958-8790-98-5 ISBNe: 978-958-8790-99-2
Foto de Carátula:
AP/ William Fernando Martínez www.wmartinezphotos.com www.cuentosdefotografos.org
Diseño de cubierta y diagramación:
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Corrección de texto e indización:
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Catalogación:
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Prólogo
Nuevo pensamiento sobre seguridad en América Latina: hacia la seguridad como un valor democrático
Jenny Pearce
Si hay un hilo conductor que une todos los capítulos intelectualmente estimulantes de este libro es que la seguridad en América Latina ya no puede ser equiparada al orden y a la represión, o, en otras palabras, al campo conceptual dominado por la “derecha” y el pensamiento conservador. El campo de la seguridad se ha abierto a un público más amplio. Ahora hay un nuevo cuerpo de pensamiento sobre seguridad en América Latina, del cual esta recopilación de ensayos forma parte importante y el cual ha empezado a construir un concepto de seguridad como valor democrático, integral en otras palabras, a la construcción del proceso democrático y que no puede violar ese proceso en su ejecución. Sin embargo, este nuevo pensamiento sobre seguridad es relativamente reciente: data de los años noventa, cuando se hizo evidente que las transiciones democráticas en América Latina habían dado paso a nuevas amenazas a la vida. Las respuestas de mano dura ganaron terreno y aún dominan muchas partes de la región. No obstante, a medida que la seguridad se volvió un tema de debate más amplio, también los académicos y profesionales buscaron cambiar el paradigma y lo refundaron en un marco completamente diferente. Primero se sugirió que la seguridad debería estar centrada en el ciudadano —y la seguridad podría incluso ser considerada un derecho humano—. En esta recopilación, Juan Carlos Ruiz se refiere a la seguridad como un derecho humano de cuarta generación, tanto para comunidades como para el ciudadano individual. La idea de la seguridad humana también ganó seguidores, expandiendo la compresión de los ámbitos en los cuales necesitamos sentirnos seguros. Y otros propusieron (y en Medellín se ha empezado a poner en práctica, según se puede ver en el artículo de Pablo Emilio Angarita en esta publicación), la idea de que la seguridad puede y debe ser construida “desde abajo”. Esto no es un llamado al vigilantismo, sino una crítica profunda a la seguridad privada en todas sus formas. Se trata de cómo las comunidades pueden participar en la construcción de la seguridad como un bien público, equitativamente distribuido y reflejando la experiencia vivida de esas comunidades que sufren la inseguridad de forma más intensa. En mi prólogo a esta más reciente e importante iteración del nuevo pensamiento sobre seguridad, quiero reflexionar acerca de dónde venimos y hacia dónde podríamos estarnos dirigiendo. La importancia de esta recopilación de ensayos radica en esta historia y en su capacidad para provocar iteraciones más profundas al pensar la seguridad. ¿Estamos listos para hablar del nuevo pensamiento sobre seguridad de América Latina como un cuerpo coherente de ideas que podrían moldear prácticas en el futuro?
América Latina surgió de la dictadura y el militarismo en el curso de los años ochenta, pero se enfrentó a un legado de autoritarismo profundamente arraigado en la sociedad, de historias personales y colectivas de violencia y de un acceso profundamente desigual a ingresos, recursos y servicios. En la raíz de este legado estaba el hecho de que el aparato de seguridad policial, las Fuerzas Armadas y la rama judicial habían servido únicamente a actores políticos y sociales poderosos y con gran riqueza. Aunque las configuraciones de este fenómeno variaban de país a país, se reconocía un patrón en todos ellos. La rápida urbanización había ocurrido desde los años sesenta y fue acelerada en algunos lugares (notablemente en Centroamérica) por la guerra y la violencia de los años ochenta. Esto había resultado en acuerdos no regulados, servicios mínimos o inexistentes para muchas comunidades y una segregación espacial que marcaba visiblemente las diferencias de vida entre los “pobres” y los “ricos”. La inseguridad era una forma de vida en las comunidades más pobres, pero varios factores la exacerbaron en el transcurso de los años noventa. Estos incluyen la disponibilidad de armas de fuego al final de la Guerra Fría; la expansión del tráfico de drogas tras la fragmentación de los principales carteles colombianos; el incremento del desempleo urbano a medida que Latinoamérica hacía el salto neoliberal, y muchos otros factores específicos en contextos particulares. En El Salvador, por ejemplo, jóvenes migrantes y refugiados de los años de guerra, deportados de vuelta al país, trajeron la experiencia de vivir las culturas de pandillas de Los Ángeles e implantaron esas culturas en los asentamientos urbanos pobres de la capital.
En poco tiempo, diversos analistas empezaron a referirse a nuevas formas de violencia, social en vez de política, urbana en vez de rural. Las continuidades y el legado del pasado fueron en muchos casos olvidados. Una de aquellas continuidades fue la violencia persistente dentro de las instituciones de seguridad del mismo Estado. Se olvidó que el Estado también reproducía violencia. No obstante, en los pánicos que acompañaron las expresiones de violencia abierta y desorganizada, a la par con las violencias organizadas de guerra y represión, estas fuerzas de seguridad encontraron un nuevo raciocinio para continuar medidas de seguridad represivas. En la ausencia de alternativas, también encontraron públicos receptivos. Mientras que el Estado demostraba sus limitaciones al abordar la escala del problema, la seguridad privada se expandió y hoy en día la mayoría de países latinoamericanos tienen mucha más provisión de seguridad privada que Policía estatal. El acceso diferencial a la seguridad según niveles de riqueza creció, en la medida que los ricos emplearon guardias de seguridad privada y los pobres fueron dejados en manos de una Policía mal entrenada y frecuentemente abusiva.