Javier Lesaca - Armas de seducción masiva

F ÉLIX S ANZ R OLDÁN

Secretario de Estado. Director del Centro Nacional de Inteligencia

Las amenazas que acechan a los sistemas de gobierno democráticos y a sus ciudadanos han aumentado en los últimos años, tanto en número como en complejidad. Detectar, prevenir y neutralizar estos retos es una tarea multidisciplinar, que abarca distintas áreas de conocimiento: la ciencia política, la psicología, la lingüística, la sociología, las telecomunicaciones, la ingeniería, la opinión pública... Asimismo, identificar y confrontar las amenazas de manera eficaz ya no es un deber exclusivo de las instituciones públicas, sino que demanda la colaboración activa de empresas, academia y sociedad civil. Por consiguiente, es necesario redefinir el término «seguridad» y entenderlo como un concepto amplio y global.

La seguridad del siglo XXI consiste, en primer lugar, en proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos, pero también en garantizar que el sistema de distribución eléctrica, energética, informática y de telecomunicaciones de un país esté siempre activo y no pueda ser atacado, intervenido o paralizado; consiste en asegurar que las finanzas y las cuentas bancarias de los ciudadanos estén protegidas de ataques maliciosos; consiste en preservar la competitividad de las empresas tanto a nivel nacional como en el exterior y evitar que sus patentes y sus esfuerzos se vean comprometidos por medios ilegítimos; consiste en promover la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos, y consiste en garantizar la seguridad de los ciudadanos que residen en el extranjero.

La evolución tecnológica constante que se ha producido en los últimos años ha generado una oportunidad para el desarrollo económico y social de nuestra sociedad, pero el uso inadecuado de estas tecnologías ofrece al mismo tiempo nuevas oportunidades para aquellas personas u organizaciones que quieren dañar la integridad de los ciudadanos y amenazar la convivencia y el Estado de derecho.

Por ello, los esfuerzos para detectar y prevenir las amenazas actuales a la seguridad ya no se centran exclusivamente en hacer frente a estructuras tradicionales de organizaciones extremistas o violentas, con sus respectivos aparatos financieros, logísticos, armados o propagandísticos. Hoy en día, nos enfrentamos a enemigos casi invisibles y a amenazas líquidas y asimétricas que son mucho más difíciles de prevenir, identificar y neutralizar. Instituciones públicas como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al servicio de la seguridad pública de los ciudadanos, han tenido que adaptar su estructura, sus recursos y sus capacidades para anticiparse y hacer frente a estos nuevos retos y amenazas.

Las organizaciones o individuos que pretenden alterar la seguridad pública de los ciudadanos y el Estado de derecho pueden utilizar las nuevas tecnologías para comprometer y atacar infraestructuras y sistemas informáticos de instituciones y empresas, generando situaciones puntuales de caos y de vulnerabilidad. Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones de manera malintencionada puede alterar el interior de los elementos más valiosos, sensibles y estratégicos de una sociedad: las mentes y los corazones de los ciudadanos. En tal caso, el caos y la vulnerabilidad social, política y económica no serían circunstancias puntuales, sino que se transformarían en escenarios sistemáticos y crónicos.

La estrategia de comunicación puesta en marcha por grupos terroristas como Dáesh, el acrónimo en árabe de Estado Islámico en Levante y Siria, desde el año 2014 es un claro ejemplo de este nuevo tipo de amenaza. Los recursos que los yihadistas han destinado a convencer y atraer hacia la causa terrorista a decenas de miles de jóvenes de todo el mundo han originado un complejo reto sistemático para la seguridad internacional. Por un lado, se trata de ciudadanos con pasaporte y nacionalidad de países europeos que, fascinados por la narrativa del nuevo terrorismo, deciden cometer atentados contra bienes y personas de sus propios países, como ocurrió en los atentados del 14 de julio de 2016 en Niza, el 19 de diciembre de 2016 en Berlín, o el 22 de marzo de 2017 en Londres. Por otro, miles de jóvenes, también con nacionalidad y pasaporte europeo (más de un centenar de nacionalidad española), que optan por unirse al grupo terrorista para combatir en países extranjeros como Irak o Siria y, eventualmente, regresar a sus países de origen para atentar, como fue el caso del comando que cometió el atentado en París del 13 de noviembre de 2015 o el de Bruselas del 22 de marzo de 2016.