Maria Olivia Monckeberg - La máquina para defraudar: Los casos Penta y Soquimich

En el verano de 2015, cuando empecé a percibir que esta «máquina para defraudar» era de mayor tamaño que lo imaginado y vislumbré que sus nocivos efectos contaminaban a muchas personas y, a fin de cuentas, a nuestra precaria democracia, decidí emprender la tarea que se transformó en este libro.

Me propuse contribuir a dar contexto sobre lo que estaba ocurriendo. Explicar el trasfondo y los alcances de lo que sucedía, por qué pasaban o dejaban de pasar ciertas cosas. Y para eso, había que partir por la historia reciente.

Por eso, mis investigaciones y libros anteriores me sirvieron como base en esta nueva aventura editorial. También muchos apuntes, minutas y recortes guardados desde hace más de dos décadas. Encontré en ellos claves e hilos que me sirvieron para observar desde diferentes perspectivas. A la vez, fui encontrando pistas que ayudan a mostrar lo complejas y fuertes que resultan estas redes que nos han envuelto en estos años de la postdictadura.

También viví en este trayecto situaciones curiosas. El jueves 5 de marzo, uno de los dos socios del grupo Penta, Carlos Alberto Délano, respondió a la afirmación del fiscal Carlos Gajardo, que calificó al holding como «una máquina para defraudar», diciendo que era «una máquina para dar trabajo». Y lamentó la ofensa que se les había hecho a los más de treinta mil empleados del grupo.

Por una extraña casualidad, después de ver las declaraciones de Délano en la televisión, me interné en la Clínica Santa María para una infiltración en la columna.

Llegué a media mañana hasta las instalaciones de ese recinto que pertenece al holding Empresas Banmédica, del que participa Penta y que se ha expandido de forma impresionante en los últimos años. Con sus sucesivas ampliaciones y remodelaciones, la clínica se ha convertido en un gigantesco «monumento» de la salud privada, que se levanta junto al río Mapocho, de espaldas al cerro San Cristóbal, en Santiago.

Carlos Eugenio Lavín había sido el vicepresidente de Empresas Banmédica y de la fundación del mismo nombre. Y Carlos Alberto Délano había integrado los directorios del holding Banmédica y de la Clínica Santa María. Todo eso hasta los primeros días de diciembre de 2014, cuando ya la investigación del Ministerio Público avanzaba y debieron dejar esos puestos.

Desde esa fecha, Fabio Valdés Correa, gran amigo de Délano y hombre de confianza del grupo Penta, padre del hoy formalizado Santiago Valdés —ex mano derecha de Sebastián Piñera—, es el vicepresidente de la Clínica Santa María, y el ex canciller, Alfredo Moreno Charme, es el vicepresidente de Banmédica.

Era una situación extraña la que viví ese día: justo en esos momentos cruciales para la suerte de Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano y los demás ejecutivos del grupo, estaba hospitalizada en su propio territorio. Una particular manera de reportear en la primera fase de lo que llegó a ser este libro.

Ahí, en el mismo templo del negocio de la salud de Penta —que comparte con Eduardo Fernández León—, pude observar que al menos los trabajadores con los que tuve contacto no estaban dolidos ni ofendidos. Percibí más bien miradas y voces a medias marcadas por tonos de ironía que no denotaban afecto por los acusados. Antes de entrar al pabellón, escuché conversaciones y comentarios que aludían a lo que estaba sucediendo con los dueños de Penta. La sensación era más bien de sorpresa, pero no de preocupación por la suerte de sus todopoderosos «jefes». Cuando volvía por los pasillos tras la intervención, pude distinguir en varias piezas los televisores encendidos que seguían la transmisión de la audiencia.

Lo primero que hice al llegar a mi habitación fue también prender el televisor. Y seguí desde ahí las transmisiones en directo, las informaciones, repeticiones de parlamentos y comentarios que fueron la noticia de ese día y los siguientes. Me costó quedarme dormida, casi mareada entre tanta cifra, tanto nombre, boletas brujas, facturas y forwards, una nueva palabra cuyo significado había que esforzarse en comprender. Y me daban vueltas las acusaciones de los fiscales, su contenido y su retórica directa.

De vuelta en mi casa, no paré. Seguí todo lo que ocurría en el Centro de Justicia. Aunque entre filtraciones de documentos y trascendidos, ya desde los últimos meses de 2014 y durante el verano de 2015 uno podía imaginar que el submundo del imperio Penta era algo muy complejo, en esos cuatro días de audiencias se pudo comprobar que era mucho más de lo esperado. Y había que volver a observar y escuchar, estudiar las afirmaciones de los fiscales y de los querellantes para comprender el alcance de cada una de las operaciones que se efectuaron tras bambalinas.

Conocer la magnitud del fraude que denunciaban los querellantes y pesquisaba el Ministerio Público, y percibir que este grupo económico que parecía tan potente había llegado a prácticas impensables, provocó escándalo en la ciudadanía. Y no era para menos.

A pesar de haber estado desde hace años dedicada a investigaciones periodísticas que indagan en los círculos de poder, de haber reporteado desde los años setenta y durante toda la dictadura el mundo económico, de haber puesto el ojo en las privatizaciones de las principales empresas que fueron del Estado, en los saqueos, estafas y abusos cometidos, no me habría imaginado todo lo que ocurría en el trasfondo, en los canales ocultos del dinero y la política.

Con todo, antes de que reventara el escándalo en lo que primero se llamó «la arista Soquimich», y aunque no sabía de los delitos por los que los dueños del grupo Penta —forjado como tal a fines de los ochenta— fueron formalizados, había vislumbrado que este aportaba recursos para la existencia de la UDI. La Unión Demócrata Independiente, creada por Jaime Guzmán Errázuriz con el fin de perpetuar el proyecto político y económico instalado en dictadura, era natural que los interpretara. Más que eso, hubo siempre cierta sospecha de que el grupo Penta y la UDI tenían una suerte de simbiosis, como se ha visto comprobado.

También parecía verosímil que el ex yerno del dictador, Julio Ponce Lerou, todopoderoso señor de la minería no metálica, gracias a su parentesco y a la privatización de la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM, aportara al financiamiento de campañas de los políticos de derecha. Podría eso ser parte de un libreto previsible y hasta comprensible, de acuerdo a las lógicas imperantes, aunque al igual que en el caso Penta, con un enorme daño para el fisco por los impuestos no pagados.

La cercanía de Ponce Lerou con algunos civiles que estuvieron en altos cargos en el régimen de su suegro era también una ilustrativa señal. Hasta ahí el asunto tendría cierta «lógica». Y lo sorprendente sería la manera de hacerle el quite a la ley para obtener unos millones de pesos más.

Pero lo que no se me pasó nunca por la mente —y reconozco la falta de imaginación o la ingenuidad— es que los sectores que lucharon contra la dictadura, o sus descendientes, los que militaron o crearon partidos para defender la democracia, hayan recibido parte de su sustento de las empresas del ex yerno de Pinochet. En un comienzo pasé de la incredulidad al estupor, como muchos amigos y conocidos con los que he conversado en este tiempo.