Mario Amorós - Entre la araña y la flecha: La trama civil contra la Unidad Popular

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... En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder, para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios...

S ALVADOR A LLENDE

11 de septiembre de 1973

Presentación

Losgenerales civilesdel golpe

El golpe de Estado y la instalación de la dictadura cívicomilitar que encabezó Augusto Pinochet no fue responsabilidad solo de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas que traicionaron su juramento de la Constitución y la confianza del presidente de la República. El 11 de septiembre de 1973 tuvo también sus generales civiles: Agustín Edwards (dueño de El Mercurio), Eduardo Frei (presidente del Senado), Sergio Onofre Jarpa (líder del Partido Nacional, PN), Patricio Aylwin (principal dirigente de la Democracia Cristiana, DC), Pablo Rodríguez («jefe nacional» de Patria y Libertad), Orlando Sáenz (presidente de la Sociedad de Fomento Fabril), Jaime Guzmán (fundador del movimiento gremial en la Universidad Católica), León Vilarín (caudillo de la Confederación Nacional del Transporte Terrestre)... A lo largo de aquellos tres años de gobierno de la Unidad Popular (UP), y en algunos casos desde la mismísima victoria electoral de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970, prepararon las condiciones políticas y sociales necesarias para el derrocamiento cruento del gobierno constitucional y en las horas, días, semanas y meses siguientes lo justificaron y avalaron ante Chile y ante el mundo. Y, algunos de ellos, hasta el fin de sus días.

Forjaron un bloque social y político contrarrevolucionario que logró situar a Chile al borde del abismo: unos (democratacristianos y nacionales) cavaron trincheras en el Congreso Nacional para torpedear la acción del Ejecutivo; otros (las principales organizaciones patronales y gremiales y algunos colegios profesionales) organizaron los paros y el sabotaje de la economía, los servicios públicos y las comunicaciones; algunos (Patria y Libertad, el Comando Rolando Matus) recurrieron al terrorismo, la violencia y la provocación permanente para fomentar el caos en la vida cotidiana, un fenómeno amplificado y exacerbado por las campañas de la prensa afín (El Mercurio y su cadena de diarios, el Canal 13, Radio Agricultura...); otros (como las activistas del Poder Femenino) protagonizaron un acoso social diario a los miembros de las Fuerzas Armadas para instigarles al golpismo. Desde posiciones ideológicas y tradiciones diferentes, la trama civil operó, prácticamente sin descanso, para crear e incentivar la atmósfera en la que se extremara la pugna política y dialéctica y persiguió una misma meta: el fin, al precio que fuera preciso, del gobierno de la Unidad Popular.

Y se nutrieron del mismo manantial económico, el gobierno de Estados Unidos y sus agencias, que les entregaron más de ocho millones de dólares (principalmente a la DC y a El Mercurio), una cifra astronómica trasladada a los valores actuales si se tiene en cuenta, además, el elevado cambio de esta moneda en el mercado negro de la época. Desde principios de los años sesenta, las sucesivas administraciones estadounidenses (Kennedy, Johnson, Nixon) habían convertido a Salvador Allende y la izquierda chilena en su gran enemigo latinoamericano junto con la Cuba revolucionaria y a ello apeló Agustín Edwards el 15 de septiembre de 1970 en la mismísima Casa Blanca. Washington no dejó de inyectarles dólares hasta que el 11 de junio de 1974 Henry Kissinger ordenó liquidar «la cuenta pendiente chilena».

Al contrario de lo que todavía pregonan los panegiristas del golpe de Estado.

La insurrección de la burguesía como clase social, desde la araña negra (símbolo de Patria y Libertad) hasta la flecha roja (emblema de la Democracia Cristiana), contribuyó decisivamente a liquidar uno de los procesos más singulares de la convulsa historia del siglo XX y la experiencia política, económica y social más democrática que Chile ha conocido. Con errores, por supuesto, y no sin discrepancias internas y enfrentando serias dificultades, el gobierno de la Unidad Popular recuperó para Chile la gran minería del cobre y profundizó la Reforma Agraria hasta erradicar el latifundio, nacionalizó la banca y los grandes monopolios industriales y abrió paso a la participación de la clase obrera en la dirección de la economía, desplegó una política integral en áreas como la salud y la educación, alumbró una gran obra cultural —con la Editora Nacional Quimantú y la Nueva Canción Chilena como mascarones de proa— y exhibió una política internacional ejemplar en el mundo de la Guerra Fría, que convirtió al Chile de Allende en una referencia universal.

La trama civil defendió el golpe de Estado y la instalación de la dictadura con el recurso que la psicología denomina «el mecanismo de proyección»: la atribución al otro, en este caso el enemigo político, del comportamiento propio. Quienes coadyuvaron a la destrucción de la democracia más avanzada del mundo hispánico habían imputado desde 1971 al gobierno de la Unidad Popular que su verdadero fin era la instauración de una tiranía y que para ello promovía incluso la «destrucción» de la economía nacional y la formación de un «ejército paralelo» destinado a enfrentarse con las Fuerzas Armadas.

Acusaron también a la UP de ser un mero satélite de la Unión Soviética y de Cuba, pero fueron ellos quienes no solo imploraron a Estados Unidos su respaldo a un golpe desde septiembre de 1970 y recibieron sus millones de dólares para la desestabilización y la sedición, sino que también comprometieron el apoyo militar de la dictadura brasileña ante una posible guerra civil, el precio que estaban dispuestos a asumir para impedir la construcción de una sociedad socialista en democracia, pluralismo y libertad. En definitiva, proporcionaron a la dictadura de Pinochet su mito fundacional y legitimador: el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, necesario e inevitable, libró a Chile de una dictadura comunista sometida a Moscú y La Habana y de un baño de sangre. Así lo proclamaron entonces Eduardo Frei y Patricio Aylwin, entre otros.

Ciertamente, no fueron nada originales. Imitaron el discurso del franquismo, que durante décadas justificó la sublevación contra la II República Española con la excusa de que impidió una inminente revolución comunista. «Franco y sus hagiógrafos siguieron en realidad un precedente, lo conociesen o no», escribe el profesor Ángel Viñas. Un precedente alemán: la propaganda nazi atribuyó a los comunistas el incendio del Reichstag en febrero de 1933 y Hitler declaró fuera de la ley al Partido Comunista e inició su persecución.

Además, junto con el discurso anticomunista y autoritario, que se fundió con la Doctrina de Seguridad Nacional y la tradición prusiana del Ejército, la trama civil aportó a la dictadura decenas de tecnócratas (principalmente los Chicago boys), asesores políticos de la influencia de Jaime Guzmán y también efectivos para la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como Michael Townley y Mariana Callejas (militantes de Patria y Libertad).

El 14 de diciembre de 2012, a pocos meses del cuadragésimo aniversario del golpe de Estado, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) presentaron una querella criminal contra quienes aparecieran como responsables de la perpetración del delito que implicó el golpe de Estado. Esta iniciativa, patrocinada por los abogados Eduardo Contreras y Alfonso Insunza, surgió de una paradoja. Desde 1990, diversos documentos impulsados y reconocidos por el Estado chileno, del Informe Rettig al Informe Valech, han descrito la magnitud y el carácter sistemático de las violaciones de los derechos humanos: más de tres mil personas fueron ejecutadas o hechas desaparecer y más de treinta mil personas fueron víctimas de tortura. Además, desde hace décadas se juzgan en los tribunales nacionales e internacionales los crímenes cometidos por los agentes de la dictadura cívico-militar, pero no el derrocamiento del gobierno constitucional.