AA. VV. - Violencia roja y azul

El tema de la violencia en la España de la Guerra Civil y de los años siguientes, en los que se siguió procesando por delitos de guerra, necesitaba no solo una actualización, sino un nuevo planteamiento. Lo que aquí se ofrece no es un simple estado de la cuestión que añada a lo ya sabido las aportaciones de lo que se ha investigado en la última década, sino una nueva forma de enfrentarse al problema a través de tres estudios, precedidos de una visión de conjunto de Francisco Espinosa. José María García Márquez se ocupa, en una innovadora investigación local, de la parcela peor conocida: la del terror azul que siguió de inmediato al triunfo del golpe militar. José Luis Ledesma analiza la violencia roja en la zona republicana y Pablo Gil Vico la represión judicial militar desde sus inicios en 1936 hasta 1950. Más allá de las cifras, además, la aproximación a los casos individuales que permite la investigación en los archivos da un extraordinario calor humano a esta terrible historia.

AA. VV.

España, 1936-1950

ePub r1.0

ugesan64 08.11.14

Título original: Violencia roja y azul

AA. VV., 2010

Francisco Espinosa Maestre

José María García Márquez

Pablo Gil Vico

José Luis Ledesma

Editor digital: ugesan64

ePub base r1.2

DE LAS CIFRAS EXACTAS DEL GENERAL SALAS AL AUTO DEL JUEZ GARZÓN

El difícil despegue

Es muy probable que de no haber existido por parte de algunos el firme propósito de que el terror fascista no quedara silenciado y olvidado para siempre, a estas alturas estaríamos aún manejando las cifras exactas que el general Salas Larrazábal nos dejó en 1977 como herencia de lo que fue la historiografía franquista que él tan elegantemente personificaba. Así, con aquella bien presentada mistificación, verdadera orgía de números, porcentajes y técnicas de voleo y progresión, quiso dejar resuelto de un plumazo tan vidrioso asunto. Resulta un misterio saber cómo se movió en aquel marasmo estadístico para que, sin caer en las absurdas cifras que la propaganda e incluso el propio Franco mantuvieron durante mucho tiempo, en el resultado final los buenos siguiesen siendo buenos y los malos, malos. Es decir, los «nacionales» acabaron con 57 808 y los «gubernamentales» con 72 337.

Cuando se le advirtió, como ocurrió con motivo de unas jornadas celebradas en Córdoba en 1986, acerca de qué pasaba con la represión no inscrita y, por tanto, no controlada por su fuente básica y única, el INE, el general se limitó a decir que cuando falta gente por inscribir en una localidad lo único que podemos decir es que no están allí inscritos, no que no han sido inscritos, ya que lo pueden haber sido en cualquier otro lugar. O sea que, según esta absurda teoría, no cabría afirmar que alguien no ha sido inscrito hasta que fueran investigados no sólo todos los libros de defunciones de una localidad concreta desde el 36 a la actualidad, sino los registros civiles de todo el país. En cualquier caso Salas Larrazábal afirmaba, convencido, que la represión no inscrita nunca superaría el 10% de los inscritos. Dado el estado de la investigación se podía permitir decir esto.

El general murió en 1993, cuando ya existían pruebas contundentes de que no tenía razón, como por ejemplo aquel libro de 1984 del colectivo navarro AFAN titulado ¡¡No, general!! Fueron más de tres mil los asesinados. Le hubiera bastado con cualquiera de las investigaciones provinciales que se realizaron desde los ochenta para percibir que lo que afirmaba era solamente válido, y no siempre, a partir de la puesta en marcha a comienzos de 1937 de la maquinaria judicial militar y los consejos de guerra sumarísimos de urgencia. Ése fue también el momento en que por orden militar los presos existentes en los depósitos municipales pasaron a depender de las Auditorías de Guerra. ¿Ignoraba estas cosas tan básicas Salas?

Lo que el general parece que no tuvo en cuenta es que el instrumento utilizado por los golpistas para imponerse por el terror desde el 17 de julio hasta principios de 1937 fueron los «bandos de guerra». ¿No sabía acaso que sus colegas militares y guardias civiles llevaban un recuento, éste sí bastante exacto, de todas las personas que estaban siendo asesinadas? ¿Desconocía que los responsables de la desaparición de miles de personas por bando de guerra no pasaban comunicación alguna ni a las familias de los afectados ni a los registros civiles? ¿No se percató en su análisis de los datos del INE de que el goteo de inscripciones relacionadas con la represión se prolongó a partir de la aprobación del decreto 67 de noviembre de 1936 sobre inscripción de desaparecidos a lo largo de los años cuarenta y cincuenta, disminuyó, sin desaparecer, en los sesenta y rebrotó a fines de los setenta con la Ley de Pensiones de Guerra? Por último, ¿no le hubiera resultado más fácil acudir, en vez de al INE, a sus amigos militares y guardias civiles para que le informaran de los verdaderos efectos de la represión? Si alguien como Pemán pudo hacerlo, ¿por qué no él?

La verdad es que resulta difícil de creer y de admitir tanta ignorancia. Todo esto le podría haber orientado sobre la gravedad del problema pero, por la razón que fuera, optó por eludirlo concentrando sus energías en demostrar que, pese a todo y aunque los franquistas tampoco lo hicieron mal, mataron más los rojos. Para la época era un mensaje que encajaba bien: se bajaban las cifras infladas que se habían manejado hasta entonces, se reconocía que los «nacionales» mataron más de lo que jamás habían reconocido y se seguía manteniendo una cifra considerablemente más alta para el terror rojo. En definitiva, la operación respondía al viejo lema gatopardesco sobre la conveniencia de cambiar algo para que todo siga igual.

También hay que tener en cuenta otra cosa. Era previsible lo que se avecinaba y había que salvar los restos del naufragio. Ésa fue la tarea de Salas, todavía reconocida por los herederos de la historiografía franquista. Lo que se avecinaba era simplemente la gente queriendo saber. Y fue aquí donde empezaron los problemas y se vieron las consecuencias del pacto del olvido y de la amnistía del 77. Los archivos militares eran aún un mundo cerrado y para los demás hacían falta los permisos de las más altas instancias: de la Dirección General de Registros para los libros de defunciones de los juzgados y de la Fiscalía General del Estado para la Causa General. Para acceder al Servicio Histórico Militar, por ejemplo, fondo clave para cualquier investigación sobre la sublevación convertido por la dictadura en coto privado de los historiadores franquistas, se requería un aval de un militar o un personaje ilustre. Por supuesto los archivos de las capitanías y los fondos judiciales militares era como si no existieran. Mientras tanto, los únicos que podían haber cambiado esa situación, los responsables de Cultura de los tiempos de la UCD y el PSOE, miraban para otro lado, como si no fuera con ellos o, simplemente, ni siquiera eran conscientes del estado anómalo en que seguía el patrimonio documental pese a haber pasado de la dictadura a la democracia. La mejor prueba de ello es que, en más de treinta años y a veinticinco de la Ley de Patrimonio Documental de 1985, nadie haya tenido tiempo de preparar una ley de archivos.

Por su parte, el Archivo Histórico Nacional, tanto el de Madrid como el de Salamanca, sede del entonces llamado Archivo de la Guerra Civil, exigía la tarjeta nacional de investigador, que por entonces solamente se podía obtener si se contaba con el respaldo de un departamento universitario. Esta situación, con alguna excepción conocida como las de Málaga o Almería, fue común a los años ochenta e incluso se mantuvo en muchos centros a lo largo de los noventa. En realidad lo raro hubiera sido que una Universidad moldeada por el franquismo y en la que la secta opusina controlaba enormes parcelas de poder (el caso de Sevilla era espectacular) abogase por la investigación del golpe militar del 36 y sus consecuencias, una de las cuales era precisamente esa misma Universidad en el estado en que nos había llegado.