Jorge Cabezas - Asuntos Internos: Las tramas de la corrupción policial en España

En los últimos años la sociedad española se ha visto sacudida por infinidad de casos de corrupción que han conmocionado a la opinión pública. Se puede afirmar, sin ánimo de exagerar, que no ha quedado un solo sitio donde mirar que no se haya visto salpicado por esa lacra que sin duda es una de las amenazas reales que atenazan nuestro sistema democrático.

Desde la Casa Real hasta el más pequeño de los ayuntamientos, los escándalos se han ido sucediendo en lo que parece ser uno de los peores males de nuestro sistema.

Sin embargo, siempre me ha chocado el hecho de que las Fuerzas de Seguridad de nuestro país hayan permanecido aparentemente ajenas a esta oleada de corrupción, y ello por varios motivos.

En primer lugar, sus cúpulas directivas y en muchos casos los ascensos dependen directamente del poder político, y es en la clase política precisamente donde hemos visto los mayores escándalos de corrupción. En segundo lugar, los cuerpos policiales son los encargados de perseguir todo tipo de delitos, pero evidentemente su subordinación al partido gobernante puede provocar, y, de hecho, provoca, interferencias en su quehacer profesional.

Ahora que se habla tanto de la reforma de la Constitución es curioso que ninguna fuerza política ponga sobre la mesa la reforma de nuestro modelo policial, como si este, al igual que las demás instituciones, no hubiese ido envejeciendo con el tiempo y no se hubiese ido quedando desfasado en una sociedad que ya nada tiene que ver con la del año 1978.

Un modelo policial que no lo olvidemos partía en aquel año de unas estructuras ancladas en la dictadura que se fueron reformando paulatinamente.

Sin embargo, dos acontecimientos han influido sobremanera en la configuración de nuestro modelo policial: la lucha contra el terrorismo de ETA y la utilización de las Fuerzas de Seguridad en la llamada guerra sucia contra esa organización terrorista o, si se prefiere, la creación de los GAL por parte del Estado.

La crueldad y la dureza de las acciones terroristas de ETA en los primeros años de nuestra democracia supuso un cerrar filas con las Fuerzas de Seguridad para hacer frente a una organización que ocasionaba más de cien muertos al año. Durante demasiados años nos acostumbramos a pedir eficacia a los cuerpos policiales en esta descarnada lucha en la que hay que recordar que las principales víctimas fueron precisamente los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Se puede decir que toda la actividad policial, o al menos la visible, pivotaba en torno a esa lucha. Para las unidades encargadas de combatir a la organización terrorista hubo toda clase de medios y dinero. Cuando un estado sufre una amenaza de esa envergadura, nadie se atreve a plantear si nuestro modelo policial es el más adecuado. Lo único que se hace es arropar a las Fuerzas de Seguridad y utilizar sus éxitos en esa lucha como reclamo de eficacia del partido gobernante. Cualquier crítica o caso de corrupción policial se suele tapar para no desprestigiar precisamente a aquellos de los que depende, en buena medida, la supervivencia política.

La creación de los GAL tuvo sin embargo unos efectos más perniciosos para el sistema democrático de lo que nos imaginábamos en un principio. Al margen de la chapuza nacional en la que se acabó convirtiendo, y de los problemas éticos que plantea para una democracia el patrocinio de delitos tan graves como el asesinato o el secuestro, los GAL supusieron una especie de vía libre para que delincuentes de todo pelaje hicieran su agosto, en muchos casos protegidos por las Fuerzas de Seguridad. La utilización de mercenarios, muchos de ellos provenientes de la mafia marsellesa o italiana, hizo posible que el tráfico de drogas o de armas, las redes de prostitución, etc., gozaran de la vista gorda de los cuerpos policiales y se establecieran conexiones un tanto letales para la normal actividad de estas fuerzas.

Esas dos hipotecas, la lucha contra ETA y la creación de los GAL, han influido de manera decisiva en la configuración de nuestro modelo policial.

Otro de los problemas añadidos ha sido, como afirma la magistrada Margarita Robles, la doble dependencia de las Fuerzas de Seguridad, pues, por un lado, dependen de los jueces, pero, por otro, dependen de la jerarquía del Ministerio de Interior. Y esa doble dependencia causa comflictos poco deseables en el transcurso de determinadas investigaciones.

En muchos casos, las expectativas profesionales se pueden ver eclipsadas si uno no se somete a las directrices del mando.

El libro que tenemos entre las manos, Asuntos Internos, trata de analizar toda la problemática policial de los últimos años recurriendo a una serie de casos, de plena actualidad, que pueden reflejar una parte importante de la situación actual en la que se hallan las Fuerzas de Seguridad de nuestro país.

Su título obedece sin duda a la importancia creciente que han adquirido las brigadas de Asuntos Internos en la lucha contra la corrupción policial, porque es un reflejo de cómo la delincuencia ha ido cambiando en los últimos años: los grupos de crimen organizado necesitan constantemente intentar penetrar en las estructuras sensibles del Estado, y sin duda los cuerpos policiales son su primer objetivo.