J. Jesús Lemus - Tierra sin Dios: Crónica del desgobierno y la guerra en Michoacán

Tierra sin Dios

A los caídos, a los encarcelados, a las miles de
víctimas inocentes de la guerra contra el narco.

Tanto nos quitaron ya los delincuentes, que yo
pienso que también ya nos quitaron el miedo.

DR. JOSÉ MANUEL MIRELES VALVERDE,
fundador de las autodefensas michoacanas

INTRODUCCIÓN

Michoacán dejó de ser una posibilidad para convertirse en el primer estado fallido de México. Esta entidad, donde la constante es la perversa relación del crimen organizado con autoridades de todos los niveles, encabeza una lista —que amenaza con generalizarse en todo el país— a la que ya se ha sumado Guerrero y Tamaulipas. El surgimiento de los grupos de autodefensa, como respuesta natural ante el hartazgo de la población, ya no se puede negar.

El gobierno federal tardó en reaccionar en Michoacán. Fue hasta después de más de 5 200 muertos, cientos de miles de desplazados y casi 2 mil desaparecidos, que la Federación decidió intervenir para salvar a la población civil de la condición de rehén en que la colocó la invasión del cártel de los Caballeros Templarios, el que tuvo complicidades en todas las estructuras de gobierno.

Oficialmente hoy en Michoacán —en la visión del gobierno federal— no hay civiles armados que al margen de la ley estén tratando de hacer la función de seguridad que le compete al Estado, pero quien pise cualquier localidad de la zona sur de la entidad puede darse cuenta de la insurrección activa que se vive. La población civil se sigue armando; de los 52 grupos de civiles alzados que atendieron el llamado del doctor José Manuel Mireles Valverde a defenderse del embate del crimen organizado, al menos 37 siguen activos.

Aun cuando los grupos de autodefensa se encuentran distribuidos en todo el territorio estatal, la mayor parte de los movilizados se han concentrado en las regiones de Tierra Caliente, meseta purépecha y costa-sierra nahua, donde los Caballeros Templarios y los gobiernos locales fueron uno solo y así sometieron a toda la población, al menos desde hace diez años.

No hay antecedente histórico reciente en todo el país en torno a la crisis que padece Michoacán: más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza extrema, desempleo, marginación social, hambruna y sometimiento a grupos de facto que suplantan a la autoridad rectora del Estado. Bajo el reclamo del interés legítimo de la protección de la vida y la propiedad, la sociedad civil se ha levantado en armas: las células de autodefensa son el último reducto al que se han acogido los michoacanos para poder superar los más de 20 años de abandono social en que se encuentran.

Ante el desplazamiento de los poderes del Estado —lo que se intensifica en algunos puntos del territorio michoacano—, el gobierno federal intentó restablecer el Estado de derecho por medio de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán. Pese a que los avances no se niegan, la labor para atajar de fondo el problema del desgobierno en la entidad no fue suficiente; la violencia no sólo es evidente, sino que patentiza el descrédito de las instituciones entre la población.

Entre los años 2008-2013 el índice de violencia en la entidad entró en una espiral ascendente. La tasa promedio de homicidios dolosos, que se ubicaba en 12 asesinatos por cada 100 mil habitantes, se disparó: en 2008 llegó a 17, para 2013 alcanzó la cifra de 37, y en la última década Michoacán se ha colocado a la cabeza en las estadísticas nacionalesde homicidios dolosos. Un dato que pudo haber llamado la atención del gobierno federal para decidirse a entrar a poner orden en el vandálico régimen es el que revela que al menos 70 por ciento de los homicidios corresponden a personas de la sociedad civil, sacrificadas por el crimen organizado. En el estado, tres de cada cinco personas ejecutadas mueren al negarse a ser víctimas de secuestro, robo o extorsión; o al negarse aser reclutados en alguna célula delincuencial. El 24 de febrero de 2013, el mundo volteó a ver a Michoacán cuando, un grupo de civiles anunció formalmente la conformación de una liga de autodefensa para encarar los embates del crimen organizado. Los 10 líderes de las comunidades rurales devastadas, encabezados por el doctor José Manuel Mireles, difundieron un manifiesto a través del portal de videos YouTube para gritar lo que el gobierno nacional no quería escuchar: un cártel de las drogas tenía copado el gobierno estatal, y sometida a la ciudadanía.

El problema de la desestabilización de Michoacán mediante la inoperancia del gobierno estatal se atribuye al narcotráfico, que ha proliferado —abarcando todos los sectores de la sociedad— en los últimos 10 años. La agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) ha ubicado en la entidad operaciones de los Zetas, los Caballeros Templarios, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y el cártel Jalisco Nueva Generación, todos buscando el control del territorio, al que el puerto de Lázaro Cárdenas otorga un valor incalculable por la conexión con puertos asiáticos y sudamericanos.

El antecedente más inmediato de un alzamiento de civiles en armas se remonta al surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1° de enero de 1994, justo cuando México se abría al ámbito internacional con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El grito de cansancio social que se escuchó en el país hace ya más de 20 años volvió a retumbar fuerte, pero ahora desde el estado de Michoacán.

Los niveles de corrupción han llegado a puntos tales que al cártel de las drogas autodenominado los Caballeros Templarios se atribuyó haber inclinado, mediante la intimidación, la balanza electoral para imponer a un gobernador a modo. En las elecciones del 13 de noviembre de 2011 resultó electo el candidato del Partido Revolucionario Ins­titu­cio­nal (PRI), Fausto Vallejo Figueroa, que dos años y cuatro meses después de haber asumido el cargo pidió licencia —con pretextos médi­cos— para ausentarse definitivamente.

Meses antes de la separación definitiva, Vallejo Figueroa sufrió un golpe político como no se recuerda en los últimos años en el país: el hombre de sus confianzas, el que lo suplió durante su primera ausencia cuando acudió a atender su salud, el que había coordinado su campaña y que por lo mismo fue designado secretario de Gobierno del estado, Jesús Reyna García, fue encarcelado.

La Federación, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), abrió una investigación sobre Reyna García a partir de los señalamientos de colusión con los Caballeros Templarios. Los indicios fueron aportados por los fundadores de los grupos de autodefensa desde el momento en que se constituyeron en movimiento rebelde: una de las pruebas que soportaron la hipótesis de colusión fue un video donde se puede observar a Reyna García en una reunión con el jefe de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez.

Nunca como ahora un miembro del crimen organizado había influido con tanta fuerza en el ambiente político de una entidad. El caso de Servando Gómez Martínez —dada su colusión con las estructuras de mando en todo el estado— es un portento. Aun preso sigue siendo el hombre más temido, por la posibilidad de exhibición de los videos que den cuenta de las reuniones entre él y las estructuras de mando, no sólo de gobierno, sino de poderes fácticos, como medios de comunicación, empresarios y hasta del gremio religioso.

Al gobernador interino, un icono del priísmo institucional de Michoacán, se le encarceló bajo el señalamiento de tener vínculos con el crimen organizado, y se le fincaron los delitos graves de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Fue detenido el 4 de abril de 2014 mientras se disponía, en su calidad de secretario de Gobierno, a encabezar una reunión de gabinete en la sede oficial del Poder Ejecutivo michoacano, y se le recluyó en la cárcel federal de máxima seguridad del Altiplano, el temible Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1.