Humberto Hernández Haddad - El eslabón perdido: La historia secreta de los magnicidios que cambiaron la historia de México

SÍGUENOS EN

@Ebooks
@megustaleermex
@megustaleermex

A la Facultad de Derecho de la UNAM, donde hice el juramento de luchar por la justicia al recibir mi título de abogado

Presentación

1994: Reacomodo radical de las fuerzas políticas en México

El 7 de octubre de 1992 se reunieron en San Antonio, Texas, el presidente de México Carlos Salinas de Gortari, el presidente de Estados Unidos George Bush y el primer ministro de Canadá Brian Mulroney, para firmar el texto final en el cual se pactaron las reglas y obligaciones de un Tratado de Libre Comercio para la América del Norte (TLCAN).

Las negociaciones comerciales que dieron vida al TLCAN estuvieron encabezadas por Jaime Serra Puche, Carla Hills y Michael Wilson, quienes estuvieron presentes esa mañana en San Antonio para firmar el documento final con los jefes del poder Ejecutivo de los tres países.

El texto del TLCAN fue enviado inmediatamente para su discusión y votación a los congresos de México y Estados Unidos, y al Parlamento de Canadá, donde una vez aprobado entró en vigor el 1° de enero de 1994.

Lo que nadie ha explicado es por qué al mismo tiempo que con grandes esperanzas se suscribía el TLCAN se estaba gestando una explosión de violencia y delincuencia que paralizaría a México en los siguientes días.

El 1° de enero de 1994 comenzó la violencia política que frenaría a México, primero con el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, que puso a prueba la estabilidad política de México. El 23 de marzo el candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Tijuana, y el 28 de septiembre José Francisco Ruiz Massieu también sería privado de la vida. Cada uno de esos eventos generó una presión en los mercados contra el peso, con señales de fuga de capitales.

El 8 de octubre de 1994, dos años después de la ceremonia donde Carlos Salinas de Gortari, George Bush y Brian Mulroney anunciaron en San Antonio las ambiciosas metas para la construcción del bloque industrial y comercial de la América del Norte integrado por México, Estados Unidos y Canadá, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitaba en silencio la detención con fines de extradición del diputado Manuel Muñoz Rocha, por su presunta participación en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, informando al gobierno de los Estados Unidos que el procurador Víctor Humberto Benítez Treviño ya lo tenía localizado en Texas.

La avalancha de violencia política y eventos criminales que cayó sobre México desde los primeros minutos de 1994 desencadenó la crisis económica más grave que ha sufrido nuestro país en toda su historia, bautizada por los organismos financieros internacionales como el “efecto tequila”. Quebró al sistema bancario mexicano, rescatado con el Fobaproa-IPAB; miles de empresas cerraron y cinco millones de mexicanos se fueron del país en busca de trabajo a Estados Unidos.

Así fue el choque traumático de las aspiraciones de modernización económica de México, frustradas ante la cruda realidad que se escondía en los sótanos de la política delincuencial encubierta desde adentro de las instituciones que deberían haberla investigado y sancionado. Frente a esa crisis fallaron en su cometido los órganos de seguridad del Estado que nunca vieron esos nichos delincuenciales.

De esa fractura institucional que lesionó la seguridad nacional y el patrimonio económico de México trata este libro. Sin plantear hipótesis alguna, presento objetivamente las pruebas documentales que muestran el vaciamiento de las funciones del Estado mexicano frente a una cadena de hechos delictuosos que hasta la fecha permanecen impunes.

El informe “Libertad en el mundo 2016”, del organismo de observación internacional para derechos humanos Freedom House, señala:

El poder en México ha cambiado de manos dos veces a nivel nacional desde el año 2000. Sin embargo, los actores políticos dominantes a menudo gobiernan de una manera muy opaca, lo que limita la actividad política y la participación ciudadana y abre la puerta a la corrupción y al crimen organizado. Los intentos de procesar a funcionarios por su presunta participación en actividades corruptas o criminales a menudo han fracasado debido a la debilidad de los casos presentados por el Estado. El sistema de justicia mexicano está plagado de retrasos, imprevisibilidad y corrupción, lo que favorece a una impunidad generalizada.

El año 1994 fue, así, el año en el que ocurrió un reacomodo radical de las fuerzas políticas y económicas de México.

Como lo señala el oficio núm. PGR/460/1994 del 8 de octubre de 1994.

Introducción

En esta relación cronológica no expreso opinión subjetiva alguna: los hechos hablan, y las pruebas documentales sobre los mismos los confirman. Mis acciones legales estuvieron bien sustentadas y fue responsabilidad de las autoridades competentes atender y resolver las denuncias que presenté, o finalmente ignorarlas y no resolverlas. Por esa razón esta obra está basada estrictamente en pruebas documentales públicas que se encuentran en archivos judiciales y gubernamentales tanto de México como de Estados Unidos, así como en mis informes consulares y en los registros públicos de prensa que fueron apareciendo conforme ocurrían estos sucesos. En el capítulo “Las pruebas documentales” exhibo algunos extractos de los expedientes judiciales radicados en la corte federal de San Antonio, Texas, con las evidencias y los testimonios judiciales rendidos bajo juramento en relación con los homicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Antes de exponer dichos acontecimientos, es importante aclarar cuál fue mi relación con las dos víctimas. Los conocí en eventos oficiales de mi partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Con los dos tuve una relación breve y cordial, sin mayor acercamiento ni convivencias ni trato frecuente.

Conocí a Luis Donaldo Colosio cuando fuimos miembros de la LIII Legislatura, en distintas cámaras del Congreso; él era diputado federal por Sonora, presidía la Comisión de Presupuesto, y yo era senador por Tabasco, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y secretario de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. En agosto de 1988 Colosio me envió un mensaje afectuoso con mi ex secretaria, la señora María Luisa Saltijeral —a quien por su eficiente trabajo ratificaría e incorporaría a su equipo de trabajo—, el día que se presentó en el Senado y le fue asignado el que había sido mi despacho en dicha cámara de 1982 a 1988. Volví a saludarlo en 1993, sin saber que sería la última vez, cuando lo atendí en una visita oficial que hizo como secretario de Desarrollo Social a San Antonio.