José Reveles Morado - Échale la culpa a la heroína: De Iguala a Chicago

Échale la culpa a la heroína

INTRODUCCIÓN
El infierno de Iguala

El gobierno mexicano ha sido incapaz, en más de un año, de hallar y ofrecer una explicación mínimamente lógica, aunque jamás será razonable, sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Tampoco ha desentrañado el verdadero móvil de al menos seis balaceras y otros tres ataques consecutivos y unilaterales en esa ciudad —emboscadas contra los estudiantes— que provocaron la muerte violenta de tres normalistas: Julio César Mondragón Fontes, cuyo rostro le fue arrancado cruelmente por sus captores, policías y sicarios, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava; el futbolista de tan sólo 15 años David Josué García Evangelista; el chofer Víctor Manuel Lugo Ortiz que conducía un autobús en el que regresaban a Chilpancingo los integrantes del equipo Los Avispones, además de la señora Blanca Montiel Sánchez, quien viajaba en un taxi.

Tuve acceso a miles de páginas del expediente sobre la masacre de Iguala. Allí pude escudriñar los pormenores de la tragedia tal como se asentaron en archivos que ya rebasan los 115 tomos.

En este libro se ofrece la información central con datos duros de lo que ocurrió esa noche negra en Iguala, pero también los resortes asesinos que se desataron a partir de la versión de que había un autobús cargado con droga que iba entre los tres que tomaron los normalistas.

Se describe también, sustentado en confesiones de policías encarcelados, el modus operandi en retenes carreteros para permitir el tráfico de todo tipo de drogas en la región, e inclusive se aportan pormenores acerca de por dónde y a qué hora pasó un cargamento de goma de opio o heroína la tarde del 26 de septiembre de 2014, en las inmediaciones de Ahuehuepan, hacia Iguala, cinco horas antes de la violencia irrefrenable perpetrada contra los normalistas.

De este trasiego, desviado circunstancialmente, nació el “párenlos a como dé lugar”, orden que dio el alcalde José Luis Abarca y transmitió su director de Seguridad Pública, Francisco Salgado Valladares, y que luego obedecieron ciegamente criminales y policías (en Iguala eran lo mismo, finalmente). Ésa fue la señal de arranque para que autoridades corruptas y sicarios emplearan una saña excesiva.

Aquí se exhiben datos precisos que desnudan los móviles criminales de los que las autoridades mexicanas ni siquiera hablan, porque ello implicaría develar la convivencia y la connivencia entre gobiernos y crimen organizado.

Esta complicidad era resumida así, 11 meses después de la infamia, en el XXI Informe “Desde las trincheras de Ayotzinapa”, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en su página 61:

La agresión a los jóvenes normalistas, cometida por cuerpos policiacos al servicio y en complicidad con grupos criminales, así como la participación de distintos organismos de seguridad del Estado, incluidos destacamentos militares, evidenció en forma trágica e irracional la barbarie, violencia y descomposición generalizada en las que se encuentra sumido el país, ratificando la degradación del sistema político, sus distintos órdenes de gobierno y los partidos políticos, la mayoría de ellos coludidos con bandas criminales de narcotraficantes.

Por su parte, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y normalistas sobrevivientes presentaron un “contrainforme” el 1° de septiembre de 2015 en el que describían cómo ocurren “ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y encarcelamientos de líderes sociales, así como desapariciones forzadas”. En ese contexto de terror, “el ataque contra estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa constituye la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país”.

Meses atrás, desde el gobierno, de manera cruel, despectiva y con absoluta falta de respeto al dolor de los familiares, el entonces procurador Jesús Murillo Karam lanzó una “verdad histórica”, sin asidero en peritajes ni en trabajo profesional en campo, apoyada exclusivamente en declaraciones de presuntos criminales, fantasiosa e imposible de probar con bases científicas, sobre la forma en que habrían sido liquidados los 43 normalistas, supuestamente cremados en una pira infernal, sus restos reducidos a cenizas y polvo y luego tirados en bolsas de plástico a un río. Fue una declaración “de oídas”. Y con datos aportados sólo por criminales.

Finalmente, el 6 de septiembre de 2015 se derrumbó “la verdad histórica” esgrimida por Murillo Karam. En seis meses de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ( GIEI ), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), concluyó que la cremación de 43 cuerpos en el basurero de Cocula “no pudo haber sucedido”, según sus peritajes independientes.

En el violento escenario de Iguala, en septiembre de 2014, hubo más de 150 autoridades, policías locales y federales, militares uniformados y de civil, sicarios del cártel Guerreros Unidos, todos ejecutando ataques con armas de fuego, perfectamente coordinados, en contra de estudiantes que no iban armados y que intentaban defenderse con piedras y palos.

Durante la investigación de las agresiones, las cuales acaecieron en niveles cada vez más graves (primero tiros al aire y bloqueo con patrullas, luego ráfagas contra civiles desarmados que huían, persecución y más balas con ganas de matar, golpizas, emboscadas y ataques en varios sitios y momentos), abundan confesiones arrancadas mediante torturas —según confirmaron los miembros del GIEI — con las que pudo armarse una versión a modo y conveniencia de la autoridad federal.

Todo apunta, más de un año después, a que los 43 normalistas de Ayotzinapa cayeron, sin saberlo, en una vorágine de violencia extrema alimentada por complicidades de autoridades y criminalidad organizada en un esquema de colaboración para operar el negocio global de las drogas que florece en Guerrero y se extiende a todo el mundo.

Los jóvenes ingresaron, para su desgracia, en una de las más cruentas zonas de ingobernabilidad del país y de todo el continente: al reino de la amapola, de la goma de opio y de la heroína que allí se cultivan, producen, almacenan y distribuyen. Ruta de trasiego, por Iguala pasan también la cocaína que viene de Sudamérica, las drogas sintéticas fabricadas en laboratorios propios y de estados vecinos como Michoacán, además de la mariguana que suele producirse en zonas serranas. En ese contexto, los normalistas habrían tenido la mala fortuna de tomar un autobús que ya había sido preñado con una carga de droga de la que se produce y transforma en las inmediaciones de Iguala, por Tlacotepec, Chilapa, Tlacolula, Cocula, Teloloapan, Cuetzala del Progreso, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, entre otros 40 municipios y comunidades de la geografía guerrerense, rigurosamente controlados por los traficantes.

Decenas de kilogramos de goma de opio o su producto final, heroína, tienen un valor millonario en dólares, que sicarios y policías no estaban dispuestos a que se perdieran. Por eso se atacó a media docena de autobuses cuando ya iban por dos salidas de Iguala tomando la carretera. La embestida no ocurrió antes, aunque los movimientos de los jóvenes habían sido monitoreados por policías municipales, halcones, policías federales y militares desde que salieron en dos autobuses desde Tixtla, cuando pasaron por Chilpancingo y luego por Huitzuco, antes de llegar a Iguala. Por lo menos tres horas antes.