Perry Anderson - El Estado absolutista

En el siglo VII d. C., bajo una fuerte influencia china, se formó en Japón un sistema político imperial centralizado: la reforma Taika del año 646 disolvió las anteriores e imprecisas comunidades de grupos de linaje nobiliarios y de cultivadores independientes e instaló por vez primera un sistema estatal unitario. El nuevo Estado japonés, calcado administrativamente del imperio T’ang de la China de la época y que habría de regularse por los códigos Taiho de principios del siglo VIII (702), se basaba en un monopolio imperial de la propiedad de la tierra. El suelo se concedía en pequeños lotes, periódicamente redistribuidos, a cultivadores arrendatarios que pagaban impuestos en especie o prestaciones personales al Estado. El sistema de asignación de parcelas, aplicado en un primer momento a las tierras familiares de la casa imperial, se extendió gradualmente durante el siglo siguiente a todo el país. El control político unificado del país se mantenía por medio de una amplia burocracia central, compuesta por una clase aristocrática civil que se reclutaba para los cargos por herencia más que por exámenes. El reino fue sistemáticamente dividido en distritos de la capital, provincias, distritos rurales y aldeas bajo una rígida supervisión gubernamental. También se creó, aunque de forma algo vacilante, un ejército permanente obligatorio. Se construyeron ciudades imperiales, planeadas simétricamente según las normas chinas. El budismo, sincréticamente mezclado con los cultos indígenas del Shinto, se convirtió en religión oficial, formalmente integrada en el mismo aparato de Estado. Sin embargo, a partir del año 800, aproximadamente, este imperio de influencia china comenzó a disolverse bajo diversas fuerzas centrífugas.

La falta de algo similar al mandarinato dentro de la burocracia favoreció desde el principio su privatización por la nobleza. Las órdenes religiosas budistas consiguieron privilegios especiales sobre las tierras que les habían sido donadas. La recluta militar obligatoria se abandonó en el año 792, y la redistribución de las parcelas, alrededor del 844. Los terrenos semiprivados o shoen, propiedad de los nobles o los monasterios, se extendieron rápidamente por las provincias. Sustraídos desde el principio a la propiedad estatal de la tierra, los shoen consiguieron finalmente la inmunidad fiscal y la exención de la inspección catastral realizada por el gobierno central. Las mayores de estas propiedades —que frecuentemente procedían de tierras hechas aptas para la labranza en fecha reciente— abarcaban varios cientos de hectáreas. Los campesinos que cultivaban los shoen debían cargas directamente a sus señores, a la vez que nuevos estratos intermedios de capataces o alguaciles iban adquiriendo, dentro de este sistema señorial en formación, ciertos derechos sobre el producto (principalmente arroz). La organización interna de los señoríos japoneses estuvo muy influida por la naturaleza del cultivo del arroz, rama básica de la agricultura. No había ningún sistema de rotación trienal, al estilo europeo, y las tierras del común carecían de importancia, dada la falta de ganado. Las parcelas de los campesinos eran mucho más pequeñas que en Europa y había menos comunidades aldeanas, mientras que las densidad de la población rural y la escasez de tierra eran considerables. Pero, sobre todo, no existía una verdadera reserva señorial dentro de la finca: los shiki, o derechos divisibles de apropiación del producto, se recaudaban uniformemente sobre la producción total del shoen. Tanto los funcionarios públicos del gobierno central como los propietarios locales de los shoen reunieron en torno a sí bandas personales de estos guerreros, con finalidades de defensa y de ataque. Con la privatización del poder coactivo se intensificaron las luchas serviles a medida que las tropas provinciales de bushi intervenían en las luchas de las camarillas cortesanas por el control de la capital imperial y de su marco administrativo.

El derrumbamiento del viejo sistema Taiho culminó, a finales del siglo XII, con la fundación victoriosa del shogunato de Kamakura por Minamoto-no-Yoritomo. El nuevo soberano, que se había educado en Kyoto y tenía un gran respeto hacia su legado, conservó en la misma Kyoto la dinastía y la corte imperiales y la administración civil tradicional. Todavía subsistían, sin embargo, la legalidad y la burocracia imperial: el shogun era nombrado legalmente por el emperador, los shoen continuaron sometidos al derecho público y la mayor parte de la tierra y de la población se mantuvieron bajo la antigua administración civil.­

El régimen Kamakura, debilitado financiera y militarmente por los ataques mogoles a finales del siglo XIII, se hundió finalmente en las luchas civiles. A lo largo de siglo XIV, durante el shogunato de Ashikaga que sucedió al de Kamakura, se dio el paso decisivo hacia la plena feudalización de la sociedad y el sistema político japonés. El propio shogunato se trasladó a Kyoto y se abolió la prolongada autonomía de la corte imperial: la sagrada dinastía y la aristocracia kuge fueron privadas de la mayor parte de sus tierras y riquezas y relegadas a funciones puramente ceremoniales. La administración civil de las provincias quedó completamente eclipsada por los gobiernos militares shugo. Al mismo tiempo, sin embargo, el shogunato de Ashikaga fue mucho más débil que su predecesor de Kamakura; consiguientemente, los shugo se convirtieron cada vez más en señores locales omnipotentes, absorbiendo a los jito, exigiendo prestaciones de trabajo y reteniendo la mitad de los ingresos de los shoen locales a escala provincial; a veces incluso «recibiendo» el shoen directamente de sus propietarios absentistas. El comercio exterior se expandió, a la vez que se desarrollaban en las ciudades gremios de artesanos y comerciantes de un tipo similar a los de la Europa medieval. Pero todavía persistía el arcaico marco imperial, aunque penetrado por todas partes por las nuevas jerarquías feudales, situadas bajo un shogunato central relativamente débil. Las jurisdicciones gubernativas de los shugo continuaban siendo mucho más amplias que sus tierras enfeudadas, y los bushi que vivían en ellas no eran todos en absoluto sus vasallos personales.

El hundimiento final del shogunato de Ashikaga tras el comienzo de las guerras Onin (1467-77) completó la disolución de los últimos vestigios del legado administrativo Taiho y el proceso de feudalización de todo el país. En medio de una oleada de anarquía en la que «los de abajo mandaban sobre los de arriba», los shugo regionales fueron derrocados por vasallos usurpadores —a menudo sus antiguos lugartenientes— y con ellos desaparecieron los grupos de shoen y las jurisdicciones provinciales que habían presidido. Los aventureros de la nueva época Sengoku, surgidos de la guerra, se repartieron sus propios principados que, a partir de entonces, organizaron y dirigieron como territorios puramente feudales, a la par que se desintegraba en todo el país cualquier tipo de poder central. Los daimyo o magnates de finales del siglo XV y principios del XVI controlaban dominios sólidos, en los que todos los guerreros eran vasallos o subvasallos suyos y toda la tierra pertenecía a su propiedad soberana. Los derechos divisibles o shiki se concentraron en unidades de chigyo. Territorialmente, la feudalización era más completa que en la Europa medieval, porque se desconocían las parcelas alodiales en el campo. Los samurais juraban lealtad militar a sus señores y recibían de éstos verdaderos feudos, esto es, concesiones de tierra junto con derechos jurisdiccionales. Los desórdenes de la época se incrementaron todavía más por el impacto de las armas de fuego, las técnicas y las ideas europeas tras la llegada de los portugueses a Japón en el año 1543.