Paul Preston - El holocausto español

Durante la Guerra Civil española, cerca de 200 000 hombres y mujeres fueron asesinados lejos del frente, ejecutados extrajudicialmente o tras precarios procesos legales, y al menos 300 000 personas perdieron la vida en los frentes de batalla. Un número desconocido fueron víctimas de los bombardeos y los éxodos que siguieron a la ocupación del territorio por parte de las fuerzas militares de Franco. En el conjunto de España, tras la victoria definitiva de los rebeldes a finales de marzo de 1939, alrededor de 20 000 republicanos fueron ejecutados. Muchos más murieron de hambre y enfermedades en prisiones y campos de concentración, donde se hacinaban en condiciones infrahumanas. Otros sucumbieron a las duras condiciones de los batallones de trabajo. A más de medio millón de refugiados no les quedó más salida que el exilio, y muchos perecieron en los campos de internamiento franceses. Varios miles acabaron en los campos de exterminio nazis. Todo ello constituye el «holocausto español». El propósito de este libro es mostrar, en la medida de lo posible, lo que aconteció a la población civil y desentrañar los porqués.

Paul Preston

Odio y exterminio en la guerra civil y después

ePub r1.2

Titivillus 20.05.15

Título original: The spanish holocaust

Paul Preston, 2011

Traducción: Catalina Martínez Muñoz

Editor digital: Titivillus

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Los comienzos de la guerra social:

1931-1933

Un terrateniente de la provincia de Salamanca, según su propia versión, al recibir noticia del alzamiento militar en Marruecos en julio de 1936 ordenó a sus braceros que formaran en fila, seleccionó a seis de ellos y los fusiló para que los demás escarmentaran. Era Gonzalo de Aguilera y Munro, oficial retirado del Ejército, y así se lo contó al menos a dos personas en el curso de la Guerra Civil. Su finca, conocida como la Dehesa del Carrascal de Sanchiricones, se encontraba entre Vecinos y Matilla de los Caños, dos localidades situadas, respectivamente, a 30 y 35 kilómetros al sudoeste de Salamanca. Si bien esta presunta atrocidad supone una excepción extrema, los sentimientos que pone de manifiesto eran bastante representativos de los odios incubados lentamente en la España rural durante los veinte años anteriores al alzamiento militar de 1936. La fría y calculada violencia de Aguilera reflejaba la creencia, muy extendida entre las clases altas del medio rural, de que los campesinos sin tierra eran una especie infrahumana. Esta idea se había generalizado entre los grandes terratenientes de los latifundios españoles desde que habían estallado los duros conflictos sociales de los años comprendidos entre 1918 y 1921, el llamado «trienio bolchevique». Las revueltas periódicas de los jornaleros en esos años fueron sofocadas por los defensores tradicionales de la oligarquía rural, la Guardia Civil y el Ejército. Hasta entonces se había vivido una calma tensa, en el curso de la cual la miseria de los campesinos sin tierra se veía aliviada de vez en cuando por la condescendencia de los amos, que hacían la vista gorda a la caza furtiva de conejos y a la recolección de los frutos caídos de los árboles, o que incluso regalaban comida. La violencia del trienio indignó a los terratenientes, que jamás perdonaron la insubordinación de los braceros, a quienes tenían por una especie inferior. Así las cosas, ese paternalismo, que paliaba en parte las brutales condiciones de vida de los peones agrícolas, concluyó sin previo aviso de la noche a la mañana.

La oligarquía agraria, en desigual asociación con la burguesía industrial y financiera, había sido la fuerza dominante tradicional del capitalismo español. El doloroso y desequilibrado proceso de industrialización empezaba a desafiar su monopolio. La prosperidad alcanzada por la España neutral mientras en Europa se libraba la Primera Guerra Mundial animó a industriales y banqueros a disputar el poder político a los grandes terratenientes, pese a lo cual, ante el peligro que representaba un proletariado industrial y militante, no tardaron en restablecer una alianza defensiva. En agosto de 1917, la débil amenaza de la izquierda fue aplastada sangrientamente por el Ejército, que en apenas tres días acabó con la huelga general revolucionaria. Desde entonces, y hasta 1923, cuando el Ejército intervino por segunda vez, el descontento social cobró visos de guerra civil no declarada. En el sur se produjeron las sublevaciones rurales del llamado «trienio bolchevique», de 1918 a 1921. En el norte, los industriales de Cataluña, el País Vasco y Asturias, que intentaron sortear con despidos y recortes salariales la recesión inmediatamente posterior a la guerra en Europa, se enfrentaron a violentas huelgas, al tiempo que Barcelona se veía sumida en una violenta espiral de provocaciones y represalias.

Este clima de incertidumbre e inquietud hizo que la clase media se mostrara receptiva a las ideas diseminadas desde antiguo por los católicos de extrema derecha, que aseguraban la existencia de una conspiración secreta entre judíos, masones y las internacionales de la clase obrera ideada con el fin de destruir la Europa cristiana y que tenía a España como principal objetivo. La noción de esta conjura diabólica concebida para la destrucción de la cristiandad se remontaba a la temprana Edad Media en la España católica. A lo largo del siglo XIX, la extrema derecha española se sirvió de dicha creencia con el propósito de desacreditar a los liberales, a quienes consideraba responsables de unos cambios sociales muy dañinos para sus intereses. Se relacionaba a los liberales con los masones (que eran relativamente pocos en España) y se los describía como instrumento de los judíos (que eran casi inexistentes). De acuerdo con esta fantasía paranoica, tan siniestra alianza tenía por objetivo instaurar la tiranía judía sobre el mundo cristiano. A medida que el siglo XIX tocaba a su fin, estas opiniones empezaron a expresarse con creciente vehemencia, como reacción a los caleidoscópicos procesos de rápido crecimiento económico, convulsión social, agitación regionalista, un movimiento reformista burgués y el surgimiento de los sindicatos y partidos de izquierdas. Tan singular y alarmante manera de explicar el desmoronamiento de las certezas relativas de una sociedad predominantemente rural, así como la desestabilización de la sociedad española, tuvo no obstante un efecto tranquilizador, al trasladar la culpa a un enemigo extranjero sin identificar. Se argumentaba que, sirviéndose de la intermediación voluntaria de los masones, los judíos controlaban la economía, la política, la prensa, la literatura y el mundo del espectáculo, que utilizaban para propagar la inmoralidad y la brutalización de las masas. Esta era la visión que fomentaba desde hacía tiempo el diario carlista El Siglo Futuro. En 1912, José Ignacio de Urbina, con el respaldo de 22 obispos españoles, fundó la Liga Nacional Antimasónica y Antisemita. El obispo de Almería escribió: «Todo está preparado para la batalla decisiva que ha de librarse entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, entre el catolicismo y el judaísmo, entre Cristo y Belial». Una vez presentada la situación en estos términos, no se juzgó necesario ofrecer pruebas fehacientes. No podía esperarse una prueba fehaciente de un enemigo de naturaleza y poder tan formidables, puesto que se trataba del mismísimo Maligno. Era demasiado hábil para dejar rastro.