Georges Lefebvre - La Revolución Francesa y el Imperio

(1774-1787)

Siempre se había sentido curiosidad por el advenimiento de un nuevo rey, pero por el del nieto de Luis XV se tenía más que de ordinario. Los parlamentarios, apoyados por príncipes de la sangre como el duque de Orleáns y por casi toda la aristocracia, esperaban ver caer en desgracia a Maupeou y restaurar sus prerrogativas políticas. La burguesía, sin dejar de hacer coro para desafiar al gobierno, esperaba otras reformas, preconizadas desde tiempo atrás por los filósofos y los economistas, que redujeran al menos los privilegios fiscales. Estos deseos eran contradictorios. Sólo sometiendo a la aristocracia habían logrado los Capetos asegurar el avance de la unidad nacional, de la que al presente los Parlamentos eran los protagonistas más temibles. El Tercer Estado no esperaba nada de nadie sino del rey, pero para que Luis XVI ejerciera su «despotismo ilustrado» era necesario, en primer lugar, que mantuviera su autoridad. Desgraciadamente, era incapaz de ello.

Luis XVI no había cumplido veinte años cuando subió al poder y, como lo ha dicho él mismo, nada se le había enseñado de su oficio de rey. Suficientemente instruido, piadoso y de intenciones rectas, distaba mucho de ser un gran espíritu, y sobre todo, aunque celoso de su poder, carecía de voluntad. Los servidores leales no le faltaron, compartió sus puntos de vista, aunque no siempre comprendió el alcance de éstos, pero no supo apoyarlos como Luis XIII había sostenido a Richelieu. Además, no gozaba personalmente de ningún prestigio. Este hombre gordo, de aspecto vulgar, de apetito insaciable, cazador infatigable y aficionado a los trabajos manuales, a quien la danza y el juego aburrían, pronto se convirtió en el hazmerreír de la corte.

La reina María Antonieta, seductora e imperiosa, tuvo sobre él cierta influencia e hizo mal uso de ella. Incapaz de dedicación y entregada por completo al placer, pródiga y ansiosa de satisfacer a sus amigos y compañeros de francachela —los Polignac, la princesa de Lamballe y otros muchos— se hizo culpable de despilfarro, y con sus intervenciones agravó la inestabilidad gubernamental. Con su desprecio por la etiqueta no tardó asimismo en comprometer, por sus imprudencias, su reputación de mujer. Sus decepciones conyugales hablan en su favor, pero esta desgracia, que era el tema de las habladurías de la gente, acreditó los rumores infamantes. La reina pasó muy pronto por ser una Mesalina y el rey un marido ridículo. Su descrédito fue la primera de las causas inmediatas de la Revolución.

Como los ministros que habían tenido acceso a la cámara de Luis XV durante su enfermedad no pudieron ser recibidos por su sucesor, por temor al contagio, se persuadió a Luis XVI a que tomara como consejero al conde de Maurepas, que había perdido el favor del rey por causa de la Pompadour en 1749. A este viejo amable y escéptico no le hubiera repugnado conservar el «triunvirato» — d’Aiguillon , Maupeou y Terray—, pero tenían demasiados enemigos. El primero fue sacrificado el 2 de junio de 1774. La destitución de Maupeou era de mayores consecuencias, puesto que de común acuerdo el restablecimiento del Parlamento se hallaba ligado a ella, y la defensa del canciller no se hizo sin despertar dudas en el ánimo del rey; finalmente, el 24 de agosto, Miromesnil fue nombrado ministro de justicia y Terray dejó al mismo tiempo el control general de Hacienda; acto seguido de lo cual el Parlamento fue reinstalado solemnemente el 12 de noviembre. Las dimensiones colectivas le fueron prohibidas así como suspender la justicia; el derecho de amonestación le fue concedido sólo a condición de no hacer uso de él más que después del registro de las disposiciones reales y dentro del plazo de un mes. Las experiencias del pasado no deberían haber permitido hacerse ninguna ilusión sobre el valor de estas restricciones; los parlamentarios mostraron al punto el propósito de no tomarlas siquiera en consideración, y Luis XVI no replicó.

En Negocios Extranjeros, Vergennes había reemplazado a d’Aiguillon . En el control general de Hacienda, Maurepas colocó a Turgot, que al principio había recibido la Marina, donde lo sustituyó Sartine, hasta entonces teniente de policía en París. Al año siguiente, el secretariado de la Casa Real tocó en suerte a Malesherbes, presidente del Tribunal de subsidios y director de la Biblioteca; el de la Guerra al conde de Saint Germain. Éstos eran los compañeros de Turgot, cuya personalidad vigorosa domina en gran manera este estimable equipo.

De 47 años de edad, se había distinguido, como intendente en Limoges, por su ardiente espíritu reformador. Gran número de obras suyas cuyos títulos —Cartas sobre la Biblioteca, por ejemplo, y Elogio de Gournay— bastaban para clasificarlo, eran bien conocidas. Con él, y también con Malesherbes, que le había prestado valiosa ayuda en la dirección de la Biblioteca, filósofos y economistas llegaban al poder. Además, ellos le solicitaron los puestos. Dupont de Nemours fue inspector de Manufacturas y Condorcet director de la Casa de Moneda. Parecía el advenimiento de un partido.

En cuanto a las finanzas, Turgot no propuso ninguna reforma de gran envergadura. Emprendió solamente la tarea de enjugar el déficit, que era de 48 millones sobre 225, por medio de economías y mejoras de detalle, con la supresión de todo empréstito e impuesto nuevos. Mermó considerablemente las utilidades de los Receptores generales al disminuir el derecho de consumo de París y al confiar a administraciones de impuestos indirectos el patrimonio real y los correos y transportes.

De muy distintas consecuencias fue la libertad de comercio de granos, salvo la exportación, cuyo edicto dio el 13 de septiembre de 1774, menos de tres semanas después de su ingreso en el control general. No se trataba solamente de dejarlos circular a voluntad de una provincia a otra, por tierra o por mar. Turgot suprimió también la Agencia de Trigos —que intervenía en el mercado en nombre del Estado— y autorizó a los campesinos a vender sus granos donde y cuando lo encontraran conveniente, sin que estuvieran obligados, como lo estaban desde tiempo inmemorial, a llevarlos a la ciudad más próxima; de modo que los comerciantes tendrían en lo sucesivo la facultad de encarecerlos fuera del control de las autoridades y de los consumidores. Ésta era la política del pan caro, que los economistas habían recomendado como indispensable para el progreso de la agricultura. El momento estaba mal elegido, pues la cosecha de 1774 había sido mediocre; a fines de abril de 1775, el alza provocó en todas partes, y sobre todo en los alrededores de la capital, los disturbios de rigor en casos semejantes: mendicidad en bandas y ataque contra los agricultores, detención de convoyes, pillaje en los mercados, y finalmente motines en París. Turgot mostró tanta decisión como firmeza: la tropa intervino y la justicia prebostal mandó ahorcar a algunos prisioneros. La «guerra de las harinas» finalizó rápidamente, pero el crédito del ministro sufrió con ello.

La aristocracia recelaba de él. Se le atribuía, y fundadamente, la intención de establecer una subvención territorial que no eximiría a nadie; de crear asambleas consultivas que elegirían los terratenientes sin distinción de órdenes; de permitir la redención de los derechos feudales; de dar libertad a los protestantes; de hacer laicas la enseñanza y la asistencia social. Nobleza, Clero, Parlamento se coligaron contra él. Por otra parte, su administración financiera lo había enemistado con los hombres de negocios, con los cortesanos, y sobre todo con la reina. Hay que reconocer además que, entregado por completo a procurar el bienestar público y demasiado seguro de tener razón, no se preocupaba por seducir o convencer a sus contrarios. Melancólico y grave, rehuía la sociedad y no refutaba la objeción más que con un dejo de desdén. Prosiguiendo el camino que se había trazado, hizo público a principios de 1776 un edicto por el que sustituía la prestación personal para la reparación de caminos por un impuesto que pagarían todos los terratenientes sin excepción, y otro por el cual se abolían las corporaciones y se otorgaba plena libertad a la industria y al comercio. La tempestad se desencadenó. El Parlamento invocó el derecho de propiedad en favor de los señores que habían comprado su monopolio: protestó en nombre de la aristocracia, contra la pretensión de asimilar el noble al plebeyo al declarar a aquél implícitamente sujeto al servicio. El rey hizo registrar los edictos el 12 de marzo, pero estas observaciones lo habían conmovido. «Mi intención —había replicado— no es confundir los órdenes». No tardó mucho en capitular. Malesherbes, asustado, se retiró voluntariamente. Turgot, a quien la reina quería enviar a la Bastilla, fue despedido el 12 de mayo, después de haber hecho a Luis XVI esta advertencia profética: «No olvidéis nunca que la debilidad puso la cabeza de Carlos I bajo el hacha».