Susana Rodríguez Escanciano - La intermediación en el mercado de trabajo : análisis y propuestas

No es necesario hacer acopio de un gran arsenal de argumentos para advertir con presteza que la «escasez o falta de trabajo en relación con las personas dispuestas a hacerlo» .

El mundo que hoy vivimos ha experimentado en los últimos años una serie de profundos cambios que tienen su más directa causa en dos fenómenos esenciales: por una parte, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, que han borrado las fronteras físicas e inmateriales que separan los Estados, contribuyendo a una cada vez mayor integración entre países . Por desgracia, tales procesos han conducido hacia la exclusión social de algunos grupos de personas, provocando una subida inmediata de los índices de pobreza y un aumento de las diferencias basadas en la renta. Como es obvio, el mercado de trabajo no ha sido ajeno a esta realidad, de forma que se muestra también segmentado, acumulando graves disfunciones y contradicciones en su funcionamiento necesitadas de urgente corrección.

Si el trabajo siempre ha sido un «bien escaso» , ahora lo es más, deviniendo necesario proceder a su redistribución. La crisis económico financiera de los últimos tiempos, acompañada de sucesivos procesos de reestructuración (cuando no de cierre) empresarial, que han traído (y lo siguen haciendo) aparejados continuos reajustes no sólo vinculados, en lo mercantil, a una profusa recomposición del tejido productivo por mor de los cambios tecnológicos y organizativos y el imparable fenómeno de la globalización, sino, también en lo social, como exigencia ineludible de la competitividad, el adelgazamiento de las plantillas (vía extinción o suspensión de contratos laborales), la redistribución de trabajadores (intra e inter unidades productivas) y, en general, la destrucción o transformación de ocupaciones hacen abandonar el mito tradicional de un trabajo estable de por vida. No cabe duda que todas estas circunstancias dificultan la reincorporación de los afectados al mercado laboral e impiden el acceso al mismo de quienes todavía no han alcanzado el primer empleo.

El decisivo papel que en un Estado moderno juega dicho mercado de trabajo es capaz de justificar por sí solo la existencia de un alto nivel de intervención gubernativa. En la medida en que la mano de obra es un recurso esencial para la puesta en práctica de cualquier política económica, es indispensable la existencia de un aparato oficial capaz de movilizar los recursos humanos existentes y de compensar los desequilibrios entre la demanda y la oferta de oficios. La intermediación en la colocación, concebida como el cúmulo de acciones que tienen por objeto poner en contacto las propuestas de trabajo con las solicitudes de empleo, proporcionando a los trabajadores una tarea adecuada a sus características y facilitando a los empleadores los efectivos más apropiados a sus requerimientos, adquiere así la condición de servicio público esencial de necesario ofrecimiento al conjunto de la población por parte de las Administraciones.

Desde tal certera premisa, procede efectuar, no obstante, tres consideraciones:

a) De conformidad con lo previsto en los arts. 40 y 41 CE y 1 a 9 Ley 56/2003, de 26 de diciembre, de Empleo (LE), «la política de empleo, (que) es el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas» para desarrollar «programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo..., la calidad en el empleo..., la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y la demanda de empleo..., la reducción de las situaciones de desempleo y... la debida protección» en las mismas, cuenta con un soporte básico: el Sistema Nacional de Empleo (art. 5 LE), integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), regulado en el capítulo II LE, y también, en virtud de la descentralización territorial llevada a efecto en los últimos años, por los Servicios de Empleo Autonómicos, ordenados en el capítulo III LE. La gestión de la citada política de empleo, como manifestación de la ejecución de la legislación laboral, se encuentra transferida a las Comunidades Autónomas, que son las verdaderas titulares y responsables de las oficinas de empleo en el ámbito de su territorio, sin perjuicio de que para aspectos que trascienden su marco geográfico, perviva un Servicio Público de Empleo de carácter Estatal.

b) Por otro lado, el monopolio público del empleo, que inspiró la Ley de Colocación de 1931, la Ley de Colocación Obrera de 1943 e, incluso, la .

La progresiva apertura de la intermediación hacia los operadores privados ha motivado la aparición de otras formas de acercamiento indirecto entre ofertas y demandas de trabajo que se presentan al amparo de la libertad de empresa, sin contar en muchos casos con un sustrato legal específico que regule su funcionamiento.

c) En paralelo, y como tercer factor a tener en cuenta, no cabe duda que la incorporación de España a la Comunidad Europea a partir de 1986 ha conllevado una preceptiva adaptación gradual y paulatina de nuestro ordenamiento jurídico, marcada por la obligación, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, en 1997, de adecuar la política interna de empleo a las orientaciones generales de la economía comunitaria, a la Estrategia Europea de Empleo y a las recomendaciones anuales para la ocupación .

A partir de estos tres parámetros (descentralización, privatización y europeización) y definida la política de empleo como «la actuación de los poderes públicos sobre el mercado de trabajo con la finalidad de procurar el ajuste ordenado entre la oferta y la demanda que permita al sistema económico alcanzar la situación de pleno empleo o, cuando menos, la reducción al mínimo posible del volumen de desempleo o paro forzoso» .

Ahora bien, con toda seguridad no debe ponerse en entredicho la premisa mayor: la colocación requiere una fuerte intervención oficial. El Estado, como poder público, no puede permanecer neutral, debiendo implicarse en el bienestar de los ciudadanos, no en vano el acceso al mundo laboral es un derecho básico y una de las formas más positivas para lograr la integración social y la vida autónoma de las personas. El SPEE sigue siendo, pues, un importante organismo autónomo de la Administración General, encargado de llevar a cabo sustanciales actuaciones relacionadas con la política de fomento del empleo y la tutela del desempleo, a través de distintos cauces, tales como la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso al trabajo y en las acciones orientadas a conseguirlo, la coordinación entre la orientación activa y la protección económica frente al paro, el enfoque preventivo en la lucha contra la desocupación, la formación ocupacional, la inserción laboral de aquellos colectivos que presentan mayores dificultades (jóvenes, mujeres, discapacitados, parados de larga duración, mayores de 45 años e inmigrantes, entre otros), la unidad del mercado productivo en el territorio estatal, la libre circulación de trabajadores y la movilidad geográfica de los mismos (art. 2 LE) Real Decreto Ley 14/2011, de 16 de septiembre, para tratar de mejorar una estructura normativa difícil de manejar en aras a resolver los graves problemas estructurales que presenta el mercado de trabajo español: la desocupación, la temporalidad, la falta de competitividad del trabajador medio, las deficiencias en el sistema formativo de los asalariados y la ineficacia de los mecanismos de colocación.

En el desarrollo de estos propósitos se han implementado (y se debe seguir haciéndolo) distintas medidas y técnicas normativas, cuya enorme amplitud desborda ciertamente los linderos de este trabajo. Un racional esfuerzo de síntesis recomienda centrar la atención en una parcela de las mismas, elemento de reflexión y piedra angular de las páginas siguientes: la intervención de los distintos sujetos, públicos y privados, encargados de realizar tareas de intermediación en el mercado de trabajo dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, con el fin último de destacar la importante labor de coordinación del SPEE, todo ello en un contexto de crisis económica y de destrucción de puestos de trabajo que ha ocasionado la expulsión masiva de trabajadores y de pequeñas y medianas empresas, principales dadores de empleo, del sistema productivo. En un contexto profuso de actores, la coordinación multinivel adquiere una importancia capital si se quiere evitar la dispersión de recursos y el solapamiento de actividades .