Bruce Ackerman - La nueva división de poderes

Traducción de José Manuel Salazar

Irma Eréndira Sandoval

El presente ensayo sobre teoría constitucional comparada constituye una advertencia de peso para aquellos que abogan por una norteamericanización de los sistemas políticos latinoamericanos y, en el contexto mexicano, por la implantación de un sistema bipartidista al estilo estadunidense. Bruce Ackerman nos indica los peligros que tal tendencia implicaría en relación con el funcionamiento de la división de poderes y presenta argumentos en contra de la exportación del sistema político estadunidense al resto del mundo. A partir de un detallado estudio comparativo de los sistemas políticos de los Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón, la India, Canadá y Sudáfrica, Ackerman critica fuertemente el presidencialismo estadunidense y sugiere una práctica constitucional parlamentarista a la manera de un modelo que él mismo ha denominado “parlamentarismo acotado”.

Nos congratulamos ampliamente por la oportuna traducción al español que el Fondo de Cultura Económica ha decidido hacer de este texto fundamental que seguramente arrojará nuevas luces para la comprensión de las tendencias del cambio democrático imperantes en la vida política de América Latina. Asimismo, para el contexto mexicano, el ensayo discute temas fundamentales sobre los cuales es necesario reflexionar con cuidado a la hora de evaluar los logros de nuestra relativamente recién inaugurada alternancia política.

El principio de la división de poderes en México tiene una larga historia y, como todos sabemos, se funda en la necesidad de evitar que el poder público del gobierno se encuentre tan concentrado que pueda someter y subordinar al pueblo a sus dictados. La idea fue encontrar una forma de dividir el poder en elementos que pudieran actuar como contrapesos entre ellos mismos, con el propósito de permitirle a la ciudadanía encontrar apoyos diversos entre sus componentes. De esta manera, se buscó promover un poder legislativo independiente del poder ejecutivo, y permitir al primero ser el conducto del pueblo en el momento de determinar las leyes. Asimismo se concedió al segundo la capacidad suficiente para ejecutar y aplicar dichas leyes y al poder judicial la independencia necesaria respecto de ambos poderes, con objeto de velar la aplicación de la ley y juzgar de manera imparcial. Recordemos el artículo 49 de la Constitución: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial… No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo”.

Si bien hasta hace todavía poco el incumplimiento del artículo 49, es decir, la falta de división del poder en favor del ejecutivo, así como el avasallamiento del poder central por sobre el de los estados y municipios, era una desafortunada realidad en la escena política mexicana, es también necesario reconocer que uno de los logros medulares de la transición democrática en esta hora han sido los avances en la tarea de asignar el poder real a la ciudadanía, lo cual desde luego se ha ido traduciendo en el reestablecimiento imprescindible de los equilibrios y contrapesos entre los poderes.

Las oportunas reflexiones de Bruce Ackerman nos invitan a desmitificar la división de poderes, pues a juicio del autor parecería un exceso hacer de ésta —al menos de la división de poderes de inspiración estadunidense— un elemento esencial de la democracia. En primer lugar, la concepción de la democracia que se halla en este texto se aparta tanto de lo que él ha denominado “la esperanza madisoniana”, esto es, un escenario político donde imperan la negociación y el arreglo entre los oponentes políticos, como de lo que el autor irónicamente ha llamado “la pesadilla linziana”, donde imperaría la absoluta ruptura constitucional, el atropello de los derechos cívicos y políticos fundamentales a la manera de los golpes de Estado de triste tradición latinoamericana que Juan Linz ha estudiado ampliamente. La noción de democracia manejada por Ackerman se aleja de aquella visión que la iguala al actuar de una poliarquía electiva y que la circunscribe al tradicional marco político e institucional. Por el contrario, desde el punto de vista presentado aquí, la democracia debe ser extendida a los más diversos ámbitos de la sociedad y debe incluir y potenciar el desarrollo de lo que Ackerman ha definido como el desarrollo del “autogobierno popular”. Por ello en su texto se aboga por un parlamentarismo acotado por instituciones de autogobierno democrático tales como el referéndum, las consultas y la participación “de los gobiernos municipales en los sistemas federales”.

La conveniente invitación a repensar la inclusión en nuestro marco constitucional de estas modernas figuras democráticas, cada vez más necesarias en la acuciante vida política contemporánea, constituye una de las más importantes contribuciones del texto de Ackerman. Haciendo eco de la propuesta de una nueva división de poderes, la realidad política de hoy también nos empuja a construir un nuevo marco jurídico acorde con la transición democratizadora, el cual en definitiva se encontraría fuertemente limitado sin la posibilidad de que los ciudadanos tengan en todo momento el derecho a refrendar las leyes del Congreso federal y las legislaturas locales a través del referéndum. La misma gravitación nos empuja a considerar incluir en este nuevo marco la figura del plebiscito sobre las políticas públicas y los actos trascendentales de los gobernantes, así como el uso de la iniciativa popular para que una parte determinada de la ciudadanía pueda proponer leyes federales y locales. Todas estas ideas ya han sido bosquejadas en las diversas leyes de participación ciudadana que se han ido aprobando en tiempos recientes y desde luego se encuentran presentes en la cultura de legalidad y en el ambiente de exigencia para la rendición de cuentas por parte de los gobernantes y los representantes populares que se han ido abriendo paso en nuestra vida política.

Desde la perspectiva de Bruce Ackerman la división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo bajo el sistema presidencial norteamericano tiene virtudes limitadas y efectos ambiguos que el autor, como partidario del parlamentarismo acotado, pone en tela de juicio. El argumento de Ackerman sugiere que si la separación de poderes fuera llevada al extremo, la democracia desaparecería y el sistema político, encerrado en sí mismo, se divorciaría tanto de la sociedad civil como del Estado. Si la democracia se define en primer lugar como la expresión de la soberanía popular, ¿en qué se convertiría la ley si cada poder fuera absolutamente independiente de los otros? Probablemente estaríamos asistiendo al escenario de la confrontación y la ruptura, la “pesadilla linziana”: