Carlos Fazio - Terrorismo mediático, la construcción social del miedo en México

En medio de los videoescándalos y el affaire Ahumada se había venido incubando otro conflicto de grandes proporciones: el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El asunto se aceleraría a partir del 14 de mayo de 2004 —el mismo día que el presidente Fox, durante una gira de trabajo en Varsovia, Polonia, negaba ser parte de un “complot” y querer llevar a juicio político a López Obrador—,

Tres días después, el 17 de mayo, la PGR solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que iniciara un juicio de procedencia para retirar el fuero a López Obrador por el caso El Encino un predio ubicado en Totolapa, delegación Cuajimalpa de Morelos en el Distrito Federal. Ese lunes quedó declarada la guerra política. Un peligroso juego estaba en marcha y una de las partes debía quedar eliminada. “Acorralan a AMLO”, fueron las ocho columnas de Reforma.

Según informó entonces el subprocurador especializado en Delitos Federales de la PGR, Carlos Vega Memije, la dependencia había “acreditado” la violación del artículo 206 de la Ley de Amparo por parte del jefe de gobierno, al desacatar una decisión que lo obligaba a suspender los trabajos de apertura de las avenidas Carlos Graef Fernández y Vasco de Quiroga en el predio El Encino expropiado en Santa Fe, al poniente de la ciudad de México, el 10 de noviembre de 2000 por la jefa del Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles. El área expropiada eran dos franjas de terreno que medían en total 15 000 metros cuadrados, los cuales permitirían extender dos vialidades desde y hacia la lateral de la carretera México-Toluca, y servirían de acceso al hospital ABC.

La reacción en el círculo cercano a López Obrador no se hizo esperar. Llegó el 17 de mayo, después de las diez de la noche, a través de un texto leído en conferencia de prensa por el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, Martí Batres. El funcionario calificó como “irresponsable”, “arbitraria” y “fuera de la ley” la decisión de la PGR; dijo que la forma como se condujo el caso no sólo confirmaba un “complot” contra el jefe del Ejecutivo local sino que expresaba un “claro manejo político” cuyo fin era impedir la candidatura de AMLO en 2006, y de paso acusó al senador Diego Fernández de Cevallos de estar detrás del litigio de El Encino.

Batres contextualizó el caso con la lucha desplegada por López Obrador, desde el comienzo de su administración, contra grandes acaparadores de predios públicos —a los que llamó “coyotes, verdaderos profesionales del despojo de cuello blanco”—, cuyo ejemplo más emblemático fue el incidente sobre el llamado Paraje San Juan, con su presunto dueño, Arcipreste del Ábrego.

Según Batres, el Ministerio Público federal no debió proceder a solicitar el desafuero de López Obrador, porque el delito de abuso de autoridad es clasificado como “doloso”, lo que hubiera implicado una instrucción expresa del jefe de gobierno para desobedecer, incumplir o violar, de manera intencional, la suspensión ordenada por el juez de distrito. Lo que nunca ocurrió. “Por el contrario, [AMLO] ordenó en su momento el acatamiento puntual de la orden suspensiva del Poder Judicial federal.” Por otra parte, dijo que resultaba “aberrante” que se quisiera proceder a desaforar a López Obrador “por el simple hecho de haber intentado construir una calle para darle servicio a un hospital”.

En la parte conclusiva del texto, el funcionario del Distrito Federal afirmó que la manera como se condujo el caso “no sólo confirma la colusión” entre autoridades judiciales y abogados influyentes, sino que “expresa un claro manejo político”:

En el fondo, al no funcionar la utilización del caso Ahumada para destruir políticamente a Andrés Manuel López Obrador, ahora se usa el caso El Encino para el mismo fin, pues no se buscó sancionar un supuesto incumplimiento de una suspensión ordenada por un juez sino la inhabilitación del jefe de gobierno con el propósito de evitar que pudiera ser eventualmente candidato a la Presidencia en 2006 [...] En otras palabras, nos quieren ganar a la mala.

El país iba de controversia en controversia, de encono en encono y como tantas veces antes, las posiciones se radicalizaron. Los políticos trataron de capitalizar el incidente en función de sus intereses partidarios. En las filas del PAN y del PRI hubo pronunciamientos en defensa de la ley. El líder de Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, rechazó que hubiera una “acción programada” para afectar la carrera política de López Obrador. “No tiene patente de corso o de impunidad por el simple hecho de ser aspirante a la presidencia ni es víctima de alguna persecución política del Estado.”

El 18 de mayo, en su acostumbrada conferencia de prensa matinal, López Obrador afirmó que fuera o no candidato a la Presidencia de la República, iba a defender el proyecto alternativo de nación del PRD para 2006. Y acusó a la PGR de “torcer la ley” para tratar de inhabilitarlo. “Se trata de una maniobra política; nos quieren ganar en la mesa [...] a la mala, porque este proceso llevaría, en el caso de que tuvieran éxito, a la inhabilitación. ¿Y qué es inhabilitarme? Poner en mi expediente que tengo antecedentes penales y no poder aspirar a ser candidato a ningún cargo. Tienen mucho miedo.”

En definitiva, el foxismo seguía funcionando como una variable del antiguo régimen. En la tarea de liquidar a López Obrador se basaba en la política del silencio —la secrecía, Santiago Creel dixit— y la razón de Estado. Como escribió Rafael Segovia en Reforma, “la maniobra es demasiado burda y los medios utilizados excesivamente torpes”. señalaron de manera “categórica” su “confianza generalizada” en el juez noveno de distrito en materia administrativa y en el séptimo tribunal colegiado de circuito, las dos instancias involucradas en el caso.

No obstante, en una acción que generó malestar en la cúpula judicial, el ministro retirado Juventino Castro y Castro consideró “grave” y como un “terrible error” de procedimiento la decisión del juez noveno, Álvaro Tovilla León, de darle vista a la PGR, cuando, según él, debió haber turnado el caso a la Suprema Corte. En declaraciones al programa El Mañanero, el ex miembro de la Corte aseveró que la Constitución y la Ley de Amparo establecen que en caso de que un juez incumpla una orden judicial, debe dirigirse a la Suprema Corte y decirle: “En mi concepto se incumplió la sentencia; ahora tú, Corte, aprecia lo que dicen la ley y la Constitución revisa si hay incumplimiento, si es excusable o no, si se agotó algún término, y, finalmente, puedes proceder a la destitución”.

De modo reactivo, en la que fue su primera alusión a la solicitud de desafuero de López Obrador por la PGR, el presidente Fox afirmó que él no daba “línea” a magistrados ni a legisladores y se reivindicó como titular del “primer gobierno de la democracia”. Dijo: “Quedó atrás el tiempo en que la impartición de justicia se subordinaba a consideraciones políticas y en el que el jefe del Ejecutivo intervenía en las resoluciones”.

La ofensiva contra López Obrador se dio en varios frentes. Así por ejemplo, el ex canciller y autodenominado candidato presidencial ciudadano Jorge G. Castañeda, sin llamarlo por su nombre, puso a López Obrador como ejemplo de “populismo político” y de “antitransparencia administrativa”.

En defensa de López Obrador salió el secretario de gobierno capitalino, Alejandro Encinas, quien calificó como una “operación de Estado” la ofensiva contra su jefe. Encinas advirtió que los adversarios de López Obrador estaban “jugando con fuego” y desatando una “crisis política” que se podía salir del control de la autoridad federal. Consideró lamentable, también, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prestara a una “leguleyada” para inhabilitar al mandatario del Distrito Federal, y mencionó que el procedimiento de desafuero no debió concretarse, pues en ocho ocasiones anteriores se determinó que no había violación a la suspensión provisional y prueba de lo anterior era que se había iniciado una obra alterna al predio en litigio para dar salida al hospital, sin “utilizar un solo metro cuadrado de éste, por lo que estamos frente a un asunto de índole política, no jurídica”.