Sergio González Rodríguez - Huesos en el desierto

Han pasado trece años desde que comenzó a denunciarse el fenómeno de los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez.

Ni el Estado mexicano como tal ni el gobierno en distintas etapas han enfrentado el reto a la altura de su responsabilidad. La máquina de olvido y exterminio ha continuado. Ésta es la materia de Huesos en el desierto.

El 2 de mayo de 2005, desapareció Edith Aranda Longoria, de 22 años, mientras caminaba en el centro de aquella urbe. A la fecha, nada se sabe de ella. El mismo día, fue allá secuestrada Airis Estrella Enríquez Pando en una calle cercana a su casa. Se halló su cadáver el 15 de mayo dentro de un recipiente de plástico relleno de cemento. Sufrió ataque y mutilación sexuales. Tenía 7 años de edad.

Al día siguiente, el 6 de mayo, Anahí Orozco Lorenzo sufrió ataque sexual en su casa. Murió de asfixia. Después, la casa fue quemada; de inmediato, las autoridades detuvieron e inculparon a un sujeto, que negó los cargos. La víctima tenía 10 años de edad.

El informe de un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que visitó aquella frontera en el otoño de 2003 había apuntado: «Un total de 328 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez durante el periodo 19932003. De este total, 86 homicidios dolosos han sido perpetrados con violencia sexual.» En 2005, un estudio académico de El Colegio de la Frontera Norte para el Instituto Nacional de las Mujeres elevó la cifra de 86 a 142 víctimas.

Allí estarían lo que algunos especialistas identifican como asesinatos en serie, que permanecen impunes. Aquel informe de la ONU lamenta «la incapacidad relativa del Estado de resolver estos casos de manera adecuada». ¿Cuál sería la verdadera causa de la ineptitud? Se sabe que detrás de tales crímenes hay gente poderosa.

A lo largo de los años, el gobierno mexicano ha protegido a los asesinos y a quienes los patrocinan cuantas veces ha sido necesario. Huesos en el desierto lo demuestra.

Las autoridades de Chihuahua, a quienes por ley corresponde enfrentar en primer orden estos hechos, han escenificado un permanente teatro de simulaciones. Con la complicidad de algunos jueces locales, han recurrido a la invención de culpables para «resolver» sin pesquisa alguna los casos.

Estas autoridades han hostigado también a grupos civiles que defienden a las víctimas de la violencia extrema en Ciudad Juárez. En especial, se ha atacado al grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que desde 2002 defiende una postura crítica, de fuerte resonancia internacional, en la exigencia de justicia para las víctimas. El gobierno federal ha tolerado este acoso.

Algo semejante padecieron abogados, académicos, estudiantes, funcionarios, ciudadanos y periodistas que critican las versiones oficiales.

En los últimos años, México se derrumbó en la peor crisis institucional de su historia contemporánea. El fracaso de sus instituciones se origina en la corrupción generalizada; en particular, la que trajeron consigo los acuerdos del poder público con el narcotráfico, que se remontan a la década de los años ochentas del siglo XX .

El gobierno de «cambio» de Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional (PAN) anunció el ocaso de los grandes cárteles de la droga en México. En realidad, ha perseguido a varios grupos delincuenciales mientras permanecen intocables las actividades del más importante de todos: el Cártel de Juárez. Esto ha ocasionado, entre los criminales y contra el gobierno, la ola creciente de violencia y venganzas clandestinas en el país a partir de 2003.

En la última década, aumentó como nunca antes la delincuencia y el crimen organizado, lo que se entrelazó con la agresión tradicional de los hombres contra las mujeres, además de que el narcotráfico implica una estructura patriarcal y caciquil, cuyo accionar se funda en el uso cotidiano de la violencia que ejerce incluso contra mujeres y niños.

En este lapso, México dejó de ser un país de tránsito del narcotráfico para convertirse en un territorio con un consumo creciente de drogas duras. Las instituciones del gobierno, en consecuencia, se debilitaron al grado de dar la espalda al Estado de Derecho.