Patricia Verdugo - Quemados vivos: Rodrigo y Carmen Gloria

El JUEZ MILITAR de Santiago, general Samuel Rojas, aceptó su competencia para continuar con el proceso el lunes 28 de julio. Y designó como fiscal ad-hoc al coronel Alberto Márquez Allison, un ex asesor del Estado Mayor Presidencial del general Pinochet, quien reconoció el escepticismo colectivo respecto de la eficacia e independencia de la justicia. “Sé que existe ese escepticismo. Yo sólo pido que me den tiempo para poder trabajar y que tengan la confianza de que yo quiero hacer algo bien hecho. Aquí estamos en un fair play: si a mí me piden que investigue a fondo, yo también tengo derecho a pedirle a la gente que me den la oportunidad de hacerlo. Y que no me juzguen a priori”.

Y mientras el caso se sumergía en los secretos sumariales de la justicia militar, creció la oleada de indignación contra el fallo del ministro Echavarría que —a juicio de la abogada Amanda Denegrí, tía de Rodrigo— “más que aberrante es un fallo inmoral, constituye una injuria a la idea misma de justicia.”

En un foro realizado en el Colegio de Abogados, Héctor Salazar sostuvo que la encargatoria de reo contra el teniente Fernández Dittus era “irracional e incoherente” porque “debió encargar reo a Carmen Gloria por el homicidio de Rodrigo”, ya que ella dio inicio al fuego con su acción. Y criticó el hecho de que el ministro omitiera declaraciones de los testigos, hechas en el lapso en que tanto el Ejército como el Gobierno negaban toda participación de uniformados, varias de las cuales tenía un valor agregado: “Se trata de jóvenes, acompañantes de Rodrigo y Carmen Gloria, que debieron asumir responsabilidades que luego pueden redundar en una incriminación de tipo penal y enfrentar la cárcel”

Y así como el ministro Echavarría omitió esas declaraciones, “con detallados relatos que van coincidiendo y calzando perfectamente como al armar un rompecabezas”, ignoró —dijo el abogado Salazar— el comportamiento de los inculpados “que durante 16 días no denunciaron los hechos como era su deber, sino que los ocultaron”.

— Si le creemos a los testigos, la acción de la patrulla militar no puede sino encuadrarse dentro del homicidio calificado. ¿Por qué? Primero, por la gran superficie quemada producto de la impregnación de combustible en sus ropas, lo que se garantizó con el uso de spray manual. Segundo, porque las víctimas estaban a merced de sus captores y, una vez prendidas, se aseguró su inmovilización mediante golpes que los tumbaron. Esperaron que el combustible se consumiera antes de taparlos con frazadas, más para que no fueran vistos que para apagarles el fuego. Y, tercero, este ánimo homicida quedó de manifiesto con el ocultamiento de los cuerpos de las víctimas, arrojándolos en un lugar lejano a la ciudad —terminó diciendo Salazar.

Pero el ministro optó por creer la versión de los militares a pesar —como acotó el abogado Juan Agustín Figueroa en el mismo foro— “de que se mantuvieron por 16 días en el campo del embuste, lo que debió hacerlos altamente sospechosos”. Porque, agregó, si todo ocurrió como lo relatan los militares, si ellos sólo los auxiliaron ante el fuego que una de las víctimas provocó, “es grotesco que pretendan enmascarar esa acción humanitaria abandonando luego a las víctimas en despoblado”.

Y según el prestigioso abogado Luis Ortiz, la ley obliga al juez a que su conclusión provisoria “sea el fruto reflexivo y racional de ciertas presunciones fundadas. Y presumir significa colegir una consecuencia razonable de ciertos antecedentes que se encuentren probados o manifestados en el proceso”. En lugar de cumplir con su obligación, el ministro Echavarría omitió las declaraciones de las víctimas y los testigos, además de otras omisiones graves: “No fue al lugar de los hechos para hacer una inspección ocular. No hizo la reconstitución de escena. No decretó diligencias de careos ante las contradicciones entre las declaraciones de los soldados y los testigos. No citó a los médicos que atendieron a Rodrigo y los que siguen atendiendo a Carmen Gloria, los que están capacitados para saber si la versión de los militares es compatible con la profundidad de las lesiones”.

El ministro Echavarría, por último, según Ortiz, “omitió pensar y reflexionar con serenidad y tranquilidad, una reflexión obligatoria para todo juez probo y diligente. Porque quien se ponga a pensar reflexivamente, no puede sino llegar a la conclusión que aquí hay incoherencias aberrantes”.

El abogado Andrés Domínguez, coordinador de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, declaró que “el país está en presencia de una situación de extrema gravedad desde el punto de vista moral y jurídico. En Chile ya se ha hecho costumbre la existencia de culpabilidades e impunidades prefabricadas. Hay un mecanismo que permite asegurar el castigo a los opositores y la impunidad a las personas ligadas al gobierno, que aparecen como culpables por medio de las denuncias de los testigos. La verdad es el principio de la justicia y debemos continuar luchando para que ella alguna vez alcance la plenitud de sus efectos y podamos vivir en el efectivo respeto a los derechos humanos”.

Los sondeos de opinión pública y las declaraciones de dirigentes políticos, gremiales, sindicales y estudiantiles, entre otros, demostraban que con el fallo del Ministro Echavarría llegaba a su punto más bajo la curva descendente del prestigio del Poder Judicial chileno.

Ese clamor fue el que recogió el arzobispo católico de Santiago, cardenal Juan Francisco Fresno, cuando el 26 de julio declaró:

“Nuestra misión como pastor nos obliga a expresar profunda preocupación ante el grave deterioro moral que se aprecia en el caso de los dos jóvenes quemados y la inquietud que ha provocado el texto de la resolución del señor Ministro en Visita al respecto.

“En esa resolución, reconociéndose que esos jóvenes ‘fueron detenidos, el día 2 de este mes, por una patrulla militar’, se establece que ‘se les dejó en libertad’, ‘en un lugar y en condiciones no propicias para obtener’... ‘la inmediata atención médica de los afectados’... por un hecho que les había causado ‘quemaduras graves’.

“Es fácil percibir que esta explicación ha resultado claramente insuficiente para toda la inquietud que en la comunidad nacional estos hechos han provocado. Por ello, hacemos un llamado a la Excelentísima Corte Suprema para que se arbitren los medios necesarios para llegar al fondo de esta investigación y la Justicia resplandezca plenamente.

“El país ha sido testigo de numerosos hechos delictuosos que han quedado sin sancionar y de numerosas investigaciones que no han sido apropiadas para determinar los responsables de crímenes que han conmovido a la opinión pública. Este caso que ahora se investiga, que ha afectado a toda persona con conciencia recta, no puede ser otro más que quede en la oscuridad y en la impunidad.

“El prestigio del Ejército de Chile y de los Tribunales de Justicia, instituciones fundamentales de la República, están en juego en este proceso, lo que acentúa la obligación de realizar una profunda y acuciosa investigación.

“Por otra parte debemos recordar, una vez más, que la virtud de la justicia es esencial para conseguir la paz social, a la cual aspiramos todos los chilenos”.

Dos días después, la Corte Suprema se reunió en pleno, bajo la presidencia de Rafael Retamal y con la asistencia de los ministros Eyzaguirre, Bórquez, Maldonado, Ramírez, Rivas, Correa, Erbetta, Aburto, Zúñiga, Meersohn, Letelier, Cereceda, Jordán y Zurita.

¿Qué acordaron los ministros de la Corte Suprema ante el llamado del cardenal Fresno “para que arbitren los medios necesarios para llegar al fondo de esta investigación y la Justicia resplandezca plenamente”? El acuerdo fue el siguiente:

“Esta Corte Suprema lamenta las declaraciones que, según la prensa y la televisión, habría formulado el señor Cardenal, Su Eminencia don Juan Francisco Fresno, con relación al proceso que se instruye por los graves hechos ocurridos últimamente y que motivaron la designación de un Ministro en Visita Extraordinaria.