Baltasar Garzón - La línea del horizonte: Una crónica íntima de nuestro tiempo (Spanish Edition)

El año 2004 fue uno de los más importantes en la historia de nuestro país porque tuvieron lugar unos hechos de especial trascendencia para su futuro.

El 11 de marzo de ese año se produjeron los atentados terroristas más graves de nuestra historia, con un balance de 192 muertos y casi dos mil heridos que dan fe de ello. Fue el primer ataque terrorista islamista que se producía en España después del atentado contra el restaurante El Descanso en 1985. A pesar de que la sociedad española estaba y está curtida contra la barbarie terrorista de ETA, este impacto fue especialmente doloroso, pero de nuevo no permanecimos indiferentes. España entraba brutalmente en un lugar destacado en el ranking de países objetivo de al-Qaeda, hasta el día de hoy.

Fue el año en que se produjo un vuelco electoral, según las encuestas, en las elecciones del 14 de marzo, tras unos días de gran tensión, durante los cuales algunos sacaron lo peor que el ser humano puede desplegar en una situación como aquélla para no perder el poder. En esos días se gestó la llamada «teoría de la conspiración» para vincular a ETA con los ataques terroristas, arrastrándonos a una espiral demencial hacia territorios del absurdo y a una peligrosa falta de credibilidad institucional de España, que más de una vez hizo el ridículo internacional; especialmente, en las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad emitió un comunicado de apoyo a España condenando la acción terrorista de ETA, a petición e insistencia, casi presión, del Gobierno español, que nunca explicó las razones por las que este pronunciamiento se exigió y que después ha sido imposible eliminar de las actas del Consejo. Quizá sea mejor así, porque de esta forma conocimos la inconsistencia de algunos políticos internacionales de más de un país en temas tan sensibles como éste.

A partir del triunfo electoral del Partido Socialista en marzo de 2004, la estrategia de la oposición estuvo dirigida a descalificar la acción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de terrorismo durante toda la legislatura hasta el último atentado de ETA —el asesinato del ex concejal del Partido Socialista de Mondragón Isaías Carrasco— perpetrado dos días antes de las elecciones del 9 de marzo de 2008, con el objetivo de que el terrorismo estuviera presente en la campaña electoral y que los resultados de esta nueva cita se vieran influidos por esta amenaza, para lo cual no se ha dudado en poner en cuestión, por parte de algunos, principios básicos del Estado de Derecho. Ciertamente, esta estrategia ha fracasado a la vista del resultado electoral. El amplio triunfo de Zapatero debería ser suficiente para que se abandonaran iniciativas dirigidas por personas crueles y sin escrúpulos, aprendices de brujos baratos y temerarios que entienden la democracia como el patio de monipodio que querrían controlar.

Fue un año durante el cual la guerra de Irak entró en una espiral de violencia terrorista insoportable. La tierra del Tigris y el Éufrates que viera florecer a numerosas generaciones de una antigua civilización, daba cabida ahora a los mayores campos de entrenamiento terrorista con posibilidad de exportación, cual plataforma de lanzamiento, hacia Europa. Asimismo, fue el año en que España retiró sus tropas de ese país y el de las elecciones en Estados Unidos, en las que sorprendentemente, y, a pesar de lo que ya se sabía sobre las verdaderas causas de aquella guerra, los ciudadanos norteamericanos votaron de nuevo a Bush, y no a John Kerry. Una vez más la manipulación y el miedo se impusieron sobre la racionalidad y la mesura.

En lo personal, fue el año en que decidí salir de la Audiencia Nacional y marchar a Estados Unidos durante una temporada, decisión que tomé tras una larga meditación que comenzó a tomar cuerpo después de una conversación a finales de enero de 2004 con mi amigo el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que a la sazón tenía muy buena relación con el presidente de la Universidad de Nueva York; en el transcurso de esa conversación le comenté que estaba dándole vueltas a la vieja idea que años antes habíamos perfilado en Harvard con motivo de una conferencia de pasar unos meses, como había hecho él, en una universidad norteamericana, y me dijo que se pondría a ello inmediatamente. Al mismo tiempo, retomé el contacto con Jim Fernández, director del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York, con quien había colaborado ya en 1999, para saber las posibilidades que había de adscripción al centro como profesor visitante. Los contactos se sucedieron durante los meses siguientes, hasta que a mediados de mayo tomé la decisión de que mi estancia en el Juzgado Central de Instrucción número 5 debía interrumpirse durante un tiempo, o definitivamente, ya que por esas fechas también solicité la plaza de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Obviamente, se trataba de dos alternativas compatibles pero subordinadas la una a la otra, de modo que si obtenía la plaza de presidente, opción para la que tenía pocas posibilidades, más por razones ideológicas que de mérito, cancelaría la licencia por estudios en Estados Unidos, al no ser lógico ni presentable que me nombraran presidente y luego pidiera una licencia por estudios.

En el mes de junio de 2004, mi familia era la única que conocía mis proyectos más inmediatos. Mi mujer, Rosario, era partidaria de que saliera del juzgado de forma definitiva, porque de esa manera me recuperaba familiarmente un poco.

Debo decir que solicitar la plaza de presidente me costó muchas horas de reflexión porque suponía abandonar para siempre la labor de instructor en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que llevo realizando desde febrero de 1988, pero al final lo hice. En definitiva, era continuar en el mismo frente judicial contra los mismos delitos que antes, y ya era hora de andar otros caminos de la justicia.

Cuando la plaza de presidente fue adjudicada a Javier Gómez Bermúdez, la opción era clara: seguir adelante con mi decisión de pasar unos meses en Estados Unidos y, en particular, en la Universidad de Nueva York. A lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre de 2004 mantuve los contactos con Jim Fernández y con Karen Greenberg, directora del Center on Law and Security adscrito a la Law School (Facultad de Derecho) de dicha universidad. La cosa tomaba color por cuanto serían los dos centros los que me acogerían, uno el Centro Rey Juan Carlos I de España, como titular de la cátedra de cultura hispánica Andrés Bello, y el otro como profesor e investigador en materia de terrorismo y seguridad.

El día 20 de agosto de 2004 envié a la Universidad de Nueva York una carta de intenciones, y a finales de septiembre ya había acuerdo, si bien no fue hasta el 6 de octubre cuando remití mi confirmación de que estaría con ellos a partir del segundo semestre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial me autorizara a ello.