Carlos Huneeus - La guerra fría chilena: Gabriel González Videla y la ley maldita

El libro estudia la política del gobierno de Gabriel González Videla (PR) (1946-1952) contra el Partido Comunista (PC), que impulsó con gran energía y pasión y definió como «una guerra».

Había sido elegido Presidente con el apoyo del PC, partido con el cual el PR mantuvo un pacto electoral desde 1936, lo integró al gabinete con tres ministros y a los ocho meses rompió con éste, para luego perseguirlo. Desde agosto de 1947 hasta febrero de 1950 González Videla gobernó con el apoyo parlamentario de liberales y conservadores e incorporó a los militares al gabinete en los ministerios de Interior y Defensa; también restringió las garantías constitucionales mediante cinco leyes de facultades extraordinarias, aprobadas con los votos de los parlamentarios conservadores, liberales, radicales y algunos socialistas. Centenares de dirigentes y trabajadores comunistas y de otros partidos, como socialistas y hasta falangistas, fueron detenidos sin orden judicial y relegados a lugares apartados del país, destacando el pequeño puerto de Pisagua, en el cual el entonces capitán, Augusto Pinochet, fue el jefe del destacamento del Ejército.

El 3 de septiembre de 1948 promulgó la «Ley de Defensa Permanente de la Democracia», conocida como la «Ley Maldita» por sus detractores, por la cual el PC fue puesto fuera de la ley, una cuarta parte de sus votantes fueron borrados de los registros electorales, se expulsó de la administración pública a centenares de funcionarios comunistas, especialmente profesores primarios, y se destituyó a sus dirigentes sindicales. Además, estableció normas que limitaron el derecho de huelga y de la acción de los sindicatos, que no fueron eliminadas cuando se derogó la Ley Maldita en 1958. Esto favoreció el desarrollo de posturas antisindicales en la mayoría de los políticos de derecha y del empresariado, que perduró en ese sector del país.

La política contra el PC comenzó un año antes de la Ley Maldita con la que ha sido identificada y tuvo un efecto muy negativo en los otros partidos, debilitando a radicales y conservadores. Afectó a la Iglesia Católica y los militares, y provocó un clima anticomunista que dejó huellas en la opinión pública, todo lo cual tuvo consecuencias muy negativas en el desarrollo de la democracia. La obsesión anticomunista impidió al gobierno enfrentar necesidades urgentes, como el subdesarrollo económico y el atraso agrario. La mayoría de los generales y coroneles que ocuparon cargos en el régimen militar del general Augusto Pinochet (1973-1990) participaron en labores de control o represión en los años que estudiamos. El duro anticomunismo de los nuevos gobernantes a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 tiene acá un importante antecedente. El discurso anticomunista tuvo una amplia gravitación en el pensamiento y la acción de los partidos de derecha, y se constituyó en un factor que les impidió formular una alternativa programática que dinamizara sus campañas electorales, favoreciendo su debilitamiento electoral. El desplome de liberales y conservadores comienza en estos años.

El libro estudia la evolución de esta política y su impacto en el desarrollo político de Chile. Su objeto, por lo tanto, no es el estudio del gobierno de González Videla, sino que una de sus políticas, que oscureció el resto de su gestión, que incluyó el derecho a voto a las mujeres en las elecciones parlamentarias y presidenciales, la política de industrialización a través de la CORFO, la creación del Servicio Nacional de Salud (SNS), que fortaleció el desarrollo de la medicina social y otras iniciativas valiosas. Es una etapa olvidada de nuestra trayectoria que no debiera seguir siéndolo, porque produjo graves perjuicios a la democracia. Se enfatiza el impacto de los conflictos de los años 60 y comienzos de los años 70 para explicar la crisis de la democracia que condujo a su desplome en 1973, pero se dejan de lado los factores que ayudaron a provocarlos, ocurridos durante la administración de González Videla y de las dos que le sucedieron. Los gobiernos del general (r) Carlos Ibáñez (1952-1958), quien había sido dictador un cuarto de siglo antes (1927-1931), y de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), quien fue ministro de Hacienda durante la etapa del gobierno de González Videla que estudiamos, se caracterizaron por tener una postura contraria a los partidos y el primero fue elegido para «barrer» a los políticos, discurso que dejó una huella muy perjudicial, que será transmitida después hacia el régimen autoritario.

El estudio del pasado es necesario para comprender la accidentada evolución institucional del país en que destaca el desplome del Partido Radical, cuyo candidato salió tercero en las elecciones presidenciales de 1952, perdiendo el enorme poder que tuvo en el sistema político desde 1932, con tres Presidentes entre 1938 y 1952. Y también para ver que, cuando no se enfrentan los graves problemas en su oportunidad, el atraso agrario y la pobreza urbana, ellos tienen un impacto muy negativo más tarde, perjudicando fuertemente a las instituciones democráticas. El equivalente funcional de esos problemas de los años 40 está hoy constituido por «las escandalosas desigualdades», en las palabras de los obispos en 2005, que dan cuenta de un orden político y económico con una gran tarea pendiente.