Carlos Huneeus - La democracia semisoberana

Este libro es una investigación sobre el desarrollo político durante los cuatro gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010) y su debilitamiento, en un contexto más amplio de crecimiento económico, con un aumento del PIB de un 5% promedio anual entre 1990 y 2009, y mejores condiciones de vida de los chilenos como nunca en su historia. Explicar esa contradicción es el propósito de esta obra.

El enfoque de análisis utilizado tiene en cuenta los estudios de la transición desde el autoritarismo. Sin embargo, la investigación se organiza en torno a un tipo de democracia con adjetivo (Collier y Levitski, 1997), establecida después del régimen de Pinochet, que caracterizo como «semisoberana» porque tiene limitaciones institucionales y políticas que han restringido el poder de los ciudadanos. Destacan la Constitución de 1980, redactada según el modelo de «democracia protegida y autoritaria», con importantes disposiciones que persisten a través de numerosas reformas, y la permanencia del general Pinochet como comandante en jefe del Ejército durante ocho años, quien asumió como senador vitalicio en 1998 en su calidad de expresidente. Cuando dejó La Moneda mantuvo desde el Ejército una actitud de hostilidad hacia el gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), con actos de provocación que llegaron al límite de la legalidad («el ejercicio de enlace» en 1990 y «el boinazo» en 1993)para defenderse de ser alcanzado por las investigaciones sobre sus actuaciones en la dictadura.

El libro examina cómo se estableció la democracia semisoberana e identifica sus componentes institucionales y políticos, que provienen no solo de legados del régimen militar, sino también de decisiones estratégicas adoptadas durante el cambio de régimen. Estos años constituyeron una coyuntura crítica (Collier y Collier, 1991), durante la cual fue posible reformar las instituciones, cambiar las políticas e iniciar una nueva etapa de la historia nacional. Entre esas decisiones destaca la consolidación democrática a través del desempeño económico, que impuso la supremacía de las tareas económicas sobre las exigencias políticas de la democratización y se buscó más la continuidad que la reforma del sistema económico heredado del autoritarismo.

En segundo lugar, una práctica de acuerdos con la oposición y los empresarios para definir las principales políticas económicas, conocida como política del consenso («democracia de los acuerdos», en términos de un partido de oposición) que tuvo una doble característica. Por un lado, su contenido estuvo más cerca de las demandas de los empresarios que las del conjunto de la sociedad, y, por ello, alejado de las posiciones programáticas de la Concertación. Por otro lado, no fue transitoria, como en otras transiciones, sino que fue permanente, lo cual tuvo enormes consecuencias en el desarrollo político, pues restringió el ámbito de la competencia política al desvanecer las diferencias entre el gobierno y la oposición y perjudicó a los partidos, que no pudieron dar a conocer sus propuestas programáticas e identidades históricas.

En tercer lugar, se adoptó una lógica de los expertos en la deliberación y en la toma de decisiones, que identificaba la naturaleza de los problemas como «técnicos», negando sus dimensiones políticas, que debían ser enfrentados por los expertos y no por los políticos, lo que estimuló una tendencia a la despolitización en el debate público y en las decisiones del gobierno.

La democracia semisoberana ha producido un debilitamiento del desarrollo político, que se manifiesta en el desplome organizativo de los partidos, la debilidad de las asociaciones voluntarias y los grupos de interés de los chilenos –con la excepción de las organizaciones empresariales–, la caída de la participación electoral, la baja confianza en las instituciones y en las élites y la mala imagen de la política y los políticos. El mal estado de la político y el debilitamiento de los partidos también se debe a factores «externos», en las decisiones del gobierno tomadas para impulsar la modernización económica en que descuidó la política y no se consideró la necesidad de impulsar la modernización de los partidos. Nuestra investigación se concentra en los factores «externos» por la amplia importancia que tuvieron.

Las élites han permanecido indiferentes frente a estas debilidades, dando a entender que es posible alcanzar un orden pluralista de calidad con partidos débiles, que carecen de las capacidades institucionales y humanas para cumplir sus importantes funciones más alla de las electorales: servir de puente entre el Estado y el ciudadano y participar en la gestión del gobierno y el Congreso, integrando los intereses de la sociedad.

Peor aún, han tomado decisiones en una dirección contraria al estado de la democracia, cuando el 2009, en vez de introducir la inscripción automática para integrar a los jóvenes a los registros electorales, que hubiera permitido aumentar la participación electoral, se aprobó el voto voluntario, con la inscripción automática, en un momento de muy baja confianza en las élites y con una mala imagen de la política, lo que condujo al desplome de la participación en las elecciones municipales del 2012 y las presidenciales y parlamentarias del 2013.

El debilitamiento del desarrollo político es un resultado que se aleja de la evolución institucional del país en el pasado, cuando Chile tuvo una alternancia de gobiernos elegidos en elecciones competitivas, que fue reconocido por los estudiosos. Giovanni Sartori, uno de los cientistas políticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, llegó a afirmar que «Chile era el (país latinoamericano) más importante por lo que respecta a la tradición democrática y a la consolidación estructural del sistema de partidos» (Sartori, 1980: 219).

El contraste entre el crecimiento económico y el debilitamiento del desarrollo político está relacionado con ciertos resultados de las políticas económicas, que contradicen las evaluaciones elogiosas de la democratización chilena, especialmente de los organismos internacionales, que inclusive se refirieron al «modelo chileno», a partir de resaltar algunos indicadores macroeconómicos favorables, que se podía exportar a otros países. No se tomó en cuenta sus limitaciones estructurales, como el hecho de que la economía depende de la explotación de los recursos naturales, con altos costos para el medio ambiente. Predomina el empleo inestable y de mala calidad, y las remuneraciones son bajas, lo que hace inviable el sistema privado de pensiones basado en la capitalización individual (las AFP). La privatización de la salud y la educación ha impuesto altas cargas a las familias y, en el caso de la educación superior, ella es cara y, en la mayoría de las instituciones privadas, es de mala calidad.

Una de las principales debilidades del crecimiento es la desigualdad en el ingreso y la concentración de la riqueza, que alcanza a ser una de las peores de los países de la OCDE. No existe una separación clara en el orden institucional entre los intereses públicos y privados, agravado por exministros y altos funcionarios de gobierno que se han integrado al sistema económico como lobbystas, o expertos en comunicaciones o o como es el caso de altos ejecutivos de empresas privadas, incluyendo universidades, lo que ha estimulado una convergencia de intereses públicos y privados, en beneficio de estos últimos.

Estas condiciones institucionales y de comportamiento de ciertas élites limitan la autonomía de la política, que lleva al gobierno a definir una agenda que considera con mayor énfasis los intereses económicos más influyentes y los dirigentes de los partidos y los parlamentarios toman en cuenta los intereses de sus donantes y no los de sus electores. Ello acentúa las desigualdades, por el mayor poder político que adquieren quienes ostentan el poder económico, condiciendo a una política que favorece a la minoría, que gana todo («