Francisco Mercado - Una pandemia de errores

Pero el pánico no estalló. Hubo algo de ilusorio en esa primera hora, durante la cual algunos pasajeros estuvieron bromeando con lo que sucedía. Nada ni nadie les indicaba la gravedad de la situación, y la orden del capitán —tal vez cuestionable, pero en modo alguno descabellada— fue evitar el pánico a toda costa para no empeorar las cosas, si es que las cosas hubieran podido empeorar. Hubo pasajeros que ni siquiera creyeron posible que un barco insumergible se pudiera hundir, y se desentendieron hasta de ponerse el chaleco salvavidas que los camareros empezaron a repartir. El hecho de que se pidiera a la orquesta que amenizara la huida sin duda aumentó la sensación de que no existía una amenaza insalvable.

EMILIO CALLE, La tragedia del Titanic

Salimos del confinamiento en junio como entramos en el confinamiento en marzo. No sabemos cuánta población hay infectada. Violamos las normas de la OMS y de la UE para prevenir la pandemia y las incumplimos también para impedir su rebrote. La fosa puede reabrirse si fallamos. Y lo estamos haciendo mal. España se infectó porque toleró vuelos de Italia y China cuando estaban contaminadas. Ningún control serio entonces ni ahora. Escribo esto a principios del verano. Quiere el Gobierno que lleguen 45 000 alemanes a Baleares. ¿Con qué control? Ah, no, sobre la marcha, cuando aterricen. Cada día clama como alma en pena un exministro socialista. Nadie le escucha. Miguel Sebastián exige que se ponga un carné sanitario a los extranjeros que vuelen a España. Que lleguen con una prueba negativa de coronavirus hecha en su país antes de despegar. Que es una medida fácil que imponen países africanos a los españoles. Sebastián tiene un defecto, que no le hacen caso, y una virtud, que suele acertar. Pedía el confinamiento de España en febrero. Nos confinamos en marzo. Exige pruebas PCR en origen en junio para los turistas. Y en junio afloran casos de virus importados por avión. Qué sabrá este economista.

No solo es una medida buena para España. Es una medida buena para los turistas: si viajan libres de virus, menos riesgo de contaminarse en España con otros turistas. O en el avión. Pero no es no. No sé si el Gobierno teme disuadir al turista o le aterra que los países europeos pidan carné sanitario a los españoles y España no tenga test suficientes. El turismo se desploma en julio porque no se fían en el extranjero de la salud española. Rebrotes inquietantes, falta de rastreadores… Volvemos a marzo al galope.

Junio es un mes de grandes avances científicos. Illa descubre que los termómetros pueden ser útiles en los aeropuertos seis meses después de que los utilizaran en China, Corea, Japón, Tailandia, Bulgaria… Eureka. Por no hablar de que también ve ventajoso, imperioso, usar mascarillas seis meses después de ver chinos cubiertos hasta las cejas. Y Simón publicita un sistema precoz de detección de casos. Menos mal que es precoz.

Sánchez inicia el desconfinamiento de las autonomías sin expertos, sin informes. Lo hace con sus mandos sanitarios de confianza y de viva voz. Punto. Es legal. Sí. Pero no son los siete sabios de Grecia. Son cargos de Sanidad. El Gobierno asegura inicialmente que lo hace basándose en un grupo de expertos que no quiere desvelar. Salen falsos listados de cerebros. Su grupo de expertos es como el coronavirus: tarda en dar la cara.

El Gobierno alega que quiere protegerlos con el anonimato. Investigo. Es un bulo. Lo publico el 22 de mayo. No existen tales expertos. Sánchez ha comunicado el cambio de fase, en la primera ronda, sin informes escritos. Todo es verbal. El Ejecutivo alardeaba de que adoptaría la desescalada con dictámenes de sus asesores, pero ni hay informes ni sabios. Solo informaciones verbales ministeriales por vía telemática a los Gobiernos regionales, según me confirman cuatro ejecutivos autonómicos.

Todo es comunicado y debatido por esta vía sin presencia de experto alguno. En esas telerreuniones —poseo fotos—, solo figuran altos cargos del Gobierno de Sánchez. Ningún experto independiente. Solo ministros como Salvador Illa (Sanidad) y Teresa Ribera (Transición Ecológica). Y también cuatro altos cargos de Sanidad: el secretario general, Faustino Blanco; la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz; la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio; y la jefa del área del CCAES, María José Sierra.

Los encuentros oscilan entre videoconferencias de dichos altos cargos del Gobierno central con el presidente y consejero regionales de turno y meras charlas telefónicas de Illa con el responsable de salud autonómico. Solo hay informes escritos en una dirección: del Gobierno autonómico al Gobierno central. El Gobierno central nunca responde por escrito, sino de manera verbal, por teléfono o videoconferencia.

La relevancia de una respuesta por escrito reside en su valor jurídico. Algunas autonomías quieren constatar por qué han sido vetadas. Desean una prueba que puedan usar en un tribunal si se sienten discriminadas o perjudicadas. Un sí o un no significan libertades y millones de euros. Genera una agria polémica con autonomías de todos los signos. Tardarán en leer tales informes. Y no los firman expertos, sino un cargo. Veamos los seis expertos del Gobierno que desconfinan España por videoconferencia.

Salvador Illa. Licenciado en Filosofía.

Teresa Ribera. Licenciada en Derecho.

Faustino Blanco. Licenciado en Medicina y Cirugía.

Patricia Lacruz. Licenciada en Farmacia.

Pilar Aparicio. Licenciada en Medicina. Doctorada en Microbiología Clínica y diplomada en Medicina Tropical.

María José Sierra. Es una médica especialista en medicina preventiva y salud pública y epidemiología.

Lo malo de estos currículos no es que los cualifiquen o no como expertos. Es que no se refería a esto el Gobierno cuando se jactaba del plantel que le asesoraba en el desconfinamiento. Invocaba expertos ajenos al Gobierno. Independientes. Y no lo son. Illa aseguraba el 9 de abril que Sanidad trabajaba «de manera intensa con expertos, también de la UE y de las distintas comunidades, en el diseño de la transición progresiva a la normalidad, viendo todos los escenarios, todos los factores que van a influir». La presión para identificar los expertos se hace insostenible.

El Gobierno recula y dinamita su farol. Primero Sánchez:

Y son precisamente esos funcionarios y funcionarias del CCAES, y luego del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, quienes elevan la propuesta al ministro de Sanidad, que es definitivamente quien a través de una orden ministerial publica esa decisión.

Ningún experto interviene en la desescalada de las regiones. Solo funcionarios. Fin del bulo. Pero no se sabe si es otro bulo. No constan sus identidades, firmas ni currículos. Ni sus informes. Transparencia cero, en contra de lo que dice Sánchez. De creer a Illa, en un nuevo acto de fe, quedaría la siguiente secuencia: subordinados del ministro de Sanidad elevan informes a su jefe para el desconfinamiento. Y luego le llegan a Illa. No son expertos de la UE ni de la OMS. Son funcionarios. No es malo ni bueno. Pero tienen un problema: son subordinados, no independientes. Se deben a la ciencia y al jefe. El ministro puede manejar/ignorar sus informes a placer.

Sin informes escritos, ni expertos. Así desconfina Sánchez. ¿Respeta lo que dice la UE? No. El Gobierno de Sánchez saca de paseo el 26 de abril a más de dieciséis millones de personas, entre niños y adultos acompañantes, sin cumplir la hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención del COVID-19, que marca las pautas previas a la desescalada: estabilización y reducción de los contagios y muertes, test masivos, control de los contactos, recuperación del sistema sanitario y aprovisionamiento de existencias.