Lemus - El fiscal imperial

© 2022, HarperCollins México, S.A. de C.V.

Publicado por HarperCollins México

Insurgentes Sur No. 730, 2º piso,

03100, Ciudad de México.

D.R. © HarperCollins México, 2022.

© J. Jesús Lemus

Diseño de forros: Rebeca Susana De la Rosa Murillo.

Diseño de interiores y cuidado de la edición: José Antonio García.

Lectura de pruebas: Mariana Núñez Vázquez

Imagen de portada: Eduardo Miranda / PROCESOFOTO .

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ISBN Rústica: 978-607-562-152-4

ISBN eBook: 978-607-562-153-1

Edición Epub Junio 2022 9786075621531

Primera edición: agosto de 2022

Impreso en México

A mis Ángeles, con mi más profundo agradecimiento, porque, alejados de los aplausos y los créditos, fueron soporte fundamental para este trabajo. Por sus consejos, su apoyo, y porque —sin saberlo— son un instrumento de Dios para que el mundo camine mejor, aquí les entrego este libro.

Quezaltenango, la ciudad del exilio, Guatemala

Mayo de 2022

E L ÉXITO O FRACASO del proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación ya no depende del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el alejamiento de los signos del neoliberalismo del poder público, ya quedaron fincadas las bases para un nuevo orden de gobierno en México. Ahora, el éxito o fracaso de este nuevo modelo político-social depende de otro hombre: Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República.

Por increíble que parezca, y así se asoma a la luz de la historia política de nuestro país, por primera vez en México la consolidación de un modelo de gobierno con rasgos populares no está en las manos de un presidente. Ahora todo depende de lo que haga o deje de hacer Alejandro Gertz Manero, quien —en su calidad de funcionario encargado de procurar la justicia para todos— tiene la obligación de satisfacer una de las más grandes deudas sociales que por décadas, tal vez siglos, ha reclamado la sociedad mexicana en su conjunto: que la justicia sea pareja, sin miramientos ni concesiones cortesanas para nadie.

Aunque es cierto que Andrés Manuel López Obrador —quien hasta hoy es el presidente más votado de toda la historia de nuestro país y el primero en ser ratificado en su cargo— convenció a la mayoría del electorado —30 millones 113 mil 483 personas de los 56 millones 611 mil 27 que acudieron a las urnas el día 1 de julio de 2018— con su propuesta de atender primero las necesidades de los pobres, cierto es también que lo que más emocionó a esos millones de votantes fue la posibilidad de poner fin a un régimen de privilegios para una clase gobernante que se había apoderado de todo: territorio, concesiones, negocios al amparo del poder, incluso del sistema de procuración de justicia.

Si hubo una marca de desgobierno que caracterizó a los regímenes previos al del presidente López Obrador, más allá de la corrupción y el saqueo de los recursos naturales y de la hacienda pública, esa fue la torcida procuración de la justicia. Al menos durante los últimos 35 años, los mexicanos vimos cómo el aparato de justicia, partiendo de las acciones de la Procuraduría General de la República (PGR), hoy convertida en Fiscalía General de la República (FGR), actuó a modo, a favor de unos cuantos de la clase privilegiada. Por eso, una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador que mayor ánimo causó entre los electores fue la de poner fin a la aplicación de la justicia selectiva.

En su calidad de candidato, sobre todo en la tercera campaña política que finalmente lo llevó a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador propuso que, sin distingos, sin importar el estatus social, económico o político, a partir de su administración todos los mexicanos estaríamos sujetos a un régimen de justicia imparcial, en el cual lo primero fuera la observación del Estado de derecho. Pero eso sólo ha sido en la teoría, porque en la práctica la investigación de delitos sigue viciada por intereses nocturnos.

El planteamiento en materia de procuración de justicia del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador fue claro: habría que dar el giro histórico necesario para que, desde la integración de las carpetas de investigación o averiguaciones previas de cualquier delito hasta la culminación —con la emisión de una sentencia por un juez—, en todo proceso penal se observaran los principios consagrados en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

Esa propuesta —teóricamente asentada en la Constitución, pero dejada de lado en la práctica por la reinante corrupción en el Poder Judicial—, sin lugar a dudas, fue la que hizo que la mayoría de mexicanos, cansados por los excesos de regímenes anteriores —del PRI y del PAN—, se volcara en las urnas y optara por la oferta de una Cuarta Transformación de la vida político-social de México, encarnada en el ideario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual finca su esencia política en la necesidad de una transformación profunda de régimen de gobierno que favorezca la vida de los mexicanos; una trasformación de la misma magnitud con que impactaron los procesos históricos conocidos como la Independencia, la Reforma y la Revolución, pero ahora de manera pacífica.

La posibilidad de oxigenar la demanda social de una procuración de justicia sin torceduras, para evitar que el encono popular se fermentara y terminara en el estallido social, fue uno de los últimos actos con los que el gobierno neoliberal del presidente Enrique Peña Nieto trató de congraciarse con el electorado; en diciembre de 2014, el día 14, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), con la que se sustituía a la PGR creando la nueva FGR, a la que se le dotaba de aires democráticos con una mal entendida autonomía del Poder Ejecutivo.

En su momento, en un intento por seguir teniendo el control de la nueva Fiscalía General de la República, el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya en su último año de gestión, después de las elecciones de 2018, trató de imponer al frente de esta a Raúl Cervantes Andrade, quien fuera, además de consejero jurídico de la Presidencia, titular de la PGR del 26 de octubre de 2016 al 16 de octubre de 2017. Los intentos del presidente Peña Nieto para designar a un fiscal a modo, que cubriera las espaldas a todos los funcionarios de la administración federal en salida, no fructificaron.

Bajo la consigna de “No al fiscal carnal”, que aludía a la cercanía entre Raúl Cervantes y Enrique Peña Nieto, la mayoría de los diputados y senadores de Morena recién electos, hacia finales de 2018, hicieron todo para frenar la herencia que pretendía dejar el gobierno neoliberal a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Los diputados y senadores de Morena hicieron valer su oposición desde sus respectivas cámaras y también frenaron la consolidación de la iniciativa de ley desde 12 congresos locales: los de Baja California Sur, Ciudad de México, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.