Jaime Baeza - RELACIONES CIVIL-MILITARES EN LA REGION SUDAMERICANA

RELACIONES CIVIL-MILITARES EN LA REGIÓN SUDAMERICANA.
REFLEXIONES DESDE BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ

Las relaciones cívico-militares en Colombia en la trayectoria de la pandemia.
Un balance con contrastes

Diego Vera

1. Introducción

El escenario pandémico, con la propagación mundial del COVID-19 y las medidas excepcionales que adoptaron numerosos gobiernos para protegerse y mitigar la transmisión del virus, trajo consigo reacciones ciudadanas adversas y masivas en muchos casos, y en otros, agudizó los conflictos políticos y socioeconómicos previos, generando factores de inestabilidad para los Estados. Como acontece en numerosas crisis que desbordan a los mecanismos institucionales y políticas convencionales, las Fuerzas Militares (FF.MM.) se convirtieron en el eje de las discusiones públicas en las democracias, ya sea para invocar su intervención limitada en apoyo al sistema sanitario y su contribución al control de los desórdenes internos, o bien para rechazar su asistencia doméstica por los riesgos que representa para la población civil y las libertades constitucionales por su predisposición como cuerpo preparado para el combate y su potencial uso represivo y con uso excesivo de la fuerza por parte de los gobiernos cuestionados. En América Latina se fueron advirtiendo significativas tensiones cívico-militares a medida que cobraban vida los estados de excepción y de emergencia sanitaria, y que se entremezclaban las molestias ciudadanas por las medidas de confinamiento, suspensión de actividades económicas y restricción de la movilidad, con las quejas en aumento por asuntos endógenos a estos países, tales como la corrupción gubernamental, la desigualdad económica, la pobreza y la falta de oportunidades.

Colombia no fue ajena a esta nueva realidad, a pesar de que histórica y regionalmente se le conoce por su estabilidad y continuidad institucional democrática y por la sujeción de las FF.MM. al poder civil. Las FF.MM. colombianas en general se han visto fortalecidas en doctrina, organización, profesionalización por especialidades y capacitación en derechos humanos (DD.HH.), y mantienen el apego a las funciones que les otorga la Constitución, aunque siguen cumpliendo un papel central doméstico en el combate a grupos armados ilegales y narcotraficantes por la naturaleza irregular y prolongación del conflicto interno, que no culminó con la desmovilización de las FARC.

En este capítulo, se pretende analizar cuáles son los factores que vienen afectando las relaciones cívico-militares en Colombia desde la crisis global y regional generada por el COVID-19 entre 2020 y 2022.

Se desarrollarán para este ejercicio, enfatizando ese periodo, los siguientes objetivos: 1) Una observación de las posibles afectaciones a la democracia por la participación de los militares en política, por los roles internos que les atribuyeron y por los llamados de dirigentes políticos para su involucramiento doméstico, 2) un diagnóstico del estado del control político-civil de las FF.MM., con antecedentes, 3) una revisión de los problemas de corrupción y hechos violatorios en las FF.MM., 4) un balance de la institucionalidad y profesionalización de las FF.MM., 5) la incidencia de mecanismos multilaterales y regionales para orientar a las FF.MM., y 6) el surgimiento de posturas ciudadanas y movimientos que rechazan a las FF.MM. Finalmente, se proponen unas conclusiones y recomendaciones generales.

2. Posibles afectaciones a la democracia

a) Participación de los militares en la política

En Colombia, la participación política de los militares ha sido más bien reducida, por lo menos directamente. En ejercicio activo no tienen derecho al voto desde 1932 y se piensan institucionalmente como cuerpo no deliberante políticamente, subordinado a la Constitución y al control civil del Ejecutivo. Aunque ha habido intentos en el Congreso que buscan darles el derecho al voto, modificando el artículo 219 de la Constitución, no han prosperado. En julio de 2013 se radicó uno por parte de cuatro ponentes del partido Liberal (Camelo, Salamanca, Sandoval y Velásquez), pero fue retirado después del primer debate el 12 de noviembre de ese mismo año (Congreso Visible, s.f.). En su momento, el senador Armando Benedetti (partido de la U) impulsó uno antes de la reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 y el senador Roy Barreras (partido de la U) impulsó otro antes del Plebiscito de 2016, pero ambos se hundieron (Melo, 7 de mayo de 2018). Recientemente, el partido de afiliación cristiano-evangélica, Colombia Justa Libres, ha intentado en dos ocasiones, 2020 y 2021, a través del senador Edgar Palacio, impulsar una iniciativa similar, pero la primera vez ya había fracasado, incluso con el rechazo del propio ministro de Defensa en aquel año, el conservador Carlos Holmes Trujillo. El ministro consideraba que ello podría erosionar gravemente la cohesión de las FF.MM. e involucrarlas en campañas electorales (Cárdenas y Colprensa, 23 de marzo de 2021).

Tampoco ha habido gobiernos recientes que hayan optado por entregar el control de los ministerios a militares activos o en retiro. Ahora bien, examinando otros medios, no es posible generalizar la tendencia, pero algunos militares retirados han encontrado ventanas de oportunidad de participación política a través de 3 mecanismos legales: a) el derecho al voto, b) la participación como candidatos a cargos de elección popular, y c) las manifestaciones de opinión pública y actividades políticas académicas o deliberativas de grupos de interés. El uso de estas tres vías difícilmente puede juzgarse en términos de una afectación directa a la democracia colombiana.

No se pretende aquí, pero valdría la pena estudiar el voto de los retirados en función de los partidos o propuestas por las que más votan, siendo los derechos de los veteranos y los cuestionamientos al Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y las FARC dos asuntos notorios. En cuanto a la participación electoral, varios retirados han aspirado a la presidencia, aunque no han triunfado. En la baraja de candidatos presidenciales de 2021 se hallaba el coronel retirado Carlos Alfonso Velásquez, por el Movimiento Concordia Nacional, pero no llegó a quedar en el tarjetón de 2022. Una candidata, Ingrid Betancourt, tenía como fórmula vicepresidencial al coronel retirado José Luis Esparza, pero ambas figuras permanecían muy rezagadas en las encuestas de opinión. En cuanto al Congreso, los retirados han participado de las filas de varios partidos políticos, siendo notoria su presencia dentro o alrededor del Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque. Para las elecciones de 2022 del Legislativo, se lanzaron 36 miembros retirados de la Fuerza Pública por varios movimientos, aspirando al Senado de la República y la Cámara de Representantes, un número relativamente reducido para la cantidad de escaños disponibles (108 Senado, 187 Cámara) y candidatos en contienda (2.801).

En cuanto a los grupos de interés, existe la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (ACORE), fundada en 1960 y cuyo objetivo es: “Congregar a los oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares en una asociación que coadyuve a mejorar su calidad de vida y la de sus familias, proveyéndoles bienestar material y moral, con énfasis en la defensa de sus derechos […]” (ACORE, s.f.). Han sido especialmente escépticos del sistema transicional de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el Acuerdo con las FARC, pero no se pudo evidenciar una conducta ilegal o antidemocrática de su parte. Ideológicamente tienden a estar más cerca del Centro Democrático, pero actúan independientemente. No obstante, frente a ellos surgió otra asociación, la de “Veteranos por Colombia”, en 2020, quienes esgrimen los temas de paz y reconciliación en Colombia como parte de sus intereses e incluso optaron por apoyar al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en claro antagonismo a Duque y ACORE.