María Seoane - El dictador

María Seoane - Vicente Muleiro

El dictador

La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla

Debolsillo

Alguien dijo que las ideas son sociales, acaso este libro también lo sea. En su nacimiento, fueron fundamentales la decisiva e inteligente cooperación del periodista Guido Braslavsky Núñez; el trabajo crítico y profundo de nuestros amigos Silvia Silberstein y Luis Salinas para el largo proceso de escritura y revisión de los textos, así como el apoyo desinteresado de nuestros colegas Rogelio García Lupo, Ricardo Kirschbaum, Isidoro Gilbert y Ana Barón, y el auxilio de las psicoanalistas Silvia Bleichmar, Gilou García Reinoso y Diana Grosz. Queremos agradecer especialmente a los periodistas Annabella Quiroga, Mariano Thieberger, Sergio Rubín, Eduardo de Miguel, Uri Lecziky, Ismael Bermúdez, Olga Viglieca, Oscar Flores, Florencia Monzón y a todos los colegas de Clarín que nos auxiliaron en todo cuanto pudieron para la compleja y difícil tarea de rearmar la historia que contamos. Valoramos el aporte decisivo de Ricardo Yofre, Federico y Jorge Mittelbach, Luis Alberto Romero, José Luis D’Andrea Mohr, Ernesto Soria Paz, Ricardo Monner Sans y Artemio López. Sería largo nominar a todos aquellos que contribuyeron a que este libro viera la luz; por eso, vaya nuestro reconocimiento a quienes nos alentaron y supieron alcanzarnos los datos necesarios para develar tantos enigmas.

Nuestro libro jamás hubiera nacido, sin embargo, sin la generosidad, el afecto y la paciencia de nuestras familias. Para Alexis y Hernán va nuestro amor.

No es muda la muerte. Escucho el canto de los

enlutados sellar las hendiduras del silencio.

ALEJANDRA PIZARNIK

Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. (...) El liberalismo, como hábito de respetar el disentimiento de los otros ejercido en nuestra contra, es cosa que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte.

JUAN BAUTISTA ALBERDI

El Dios de las venganzas y de las represalias

es el dios de los canallas.

HORST HERRMANN

Han pasado treinta años desde la noche en que los tanques hicieron que tomara estado público lo que ya estaba pasando en las catacumbas de la política: el 24 de marzo de 1976 comenzaba el reino del terrorismo de Estado. Han pasado casi cinco años desde la primera edición de “El dictador” y la vida del jefe terrorista de entonces, Jorge Rafael Videla, ha estado sometida a un minué judicial, nacional e internacional, intenso pero relativamente ineficaz; también a unas pocas molestias provocadas por el rechazo popular y a un episodio de salud derivado de su vejez. El 2 de agosto de 2005 el ex general cumplió 80 años. Ese día pudo haber sentido que su estrategia de cerrado silencio —interrumpido apenas por la tentación imparable de hacer declaraciones para este libro, dos veces en agosto de 1998 y una en marzo de 1999— ha resultado ciertamente exitosa. Sin embargo, tal como pudimos saber antes de dar a luz esta nueva edición, la relación de Videla con el silencio es ambigua. Durante el año 2005, asistido por su ex ministro y hombre clave en el pacto duro de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y algunos de sus antiguos colaboradores que sobreviven, apunta recuerdos con la decisión vana de torcer el juicio de la Historia.

Preso domiciliario como manda la ley, el mundo exterior de Videla se bifurca en estrados judiciales y consultorios médicos y, puertas adentro, en una soledad familiera que algún dignatario de la Iglesia Católica conforta con asiduidad. También en la idea de un exiguo vía crucis, un módico martirologio que le infla el pecho y autojustifica su ya mundialmente famosa criminalidad política. La escasa frecuencia con la que le llegan las señales del escarnio público es un premio generoso e inmerecido para quien hizo estallar en la vida institucional de los argentinos los más regresivos núcleos ideológicos de su país y de sus Fuerzas Armadas, en una secuela asesina que indignó al mundo y que destripó, en su sed de sangre, la arquitectura cívica, material, moral, cultural y religiosa del país de los argentinos.

Satanizar a Videla —y no, junto con él, al elenco cívico militar que lo sostuvo— puede ser hoy un deporte fácil de jugar a la luz de las demoledoras constancias de su quehacer delictivo. Pero también es un juego decididamente siniestro olvidar a esa subjetividad escuálida, a esa pose militar repleta de grandes palabras, a esa pose entre piadosa y cuartelera que resultó funcional a un programa de gobierno ejecutado para desarticular el país plural y reponer a sus elites anquilosadas y carniceras. La constatación, años después, de que esas elites montaron 520 campos clandestinos de detención —un número mayor al que necesitaron los nazis— en la geografía argentina demuestra el miedo y el odio que supieron imponer sobre el cuerpo social, la pedagogía del terror sin dios ni piedad que Videla encarnó y que José Alfredo Martínez de Hoz administró.

En pleno siglo XXI, las consecuencias jurídicas de la dictadura videlista se extienden más allá de la causa por el robo de bebés que lo mantiene suavemente encarcelado en su departamento gracias al frustrado intento de algunos magistrados apurados por devolverle la libertad ambulatoria. El 4 de junio de 2002 se tuvo conocimiento público de que los jueces de la Corte Suprema Augusto Belluscio y Julio Nazareno habían elaborado un borrador secreto a favor de que el robo de bebés fuera considerado “cosa juzgada”. Presiones políticas y errores de forma impidieron que ese escrito prosperara. En agosto del mismo año el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, dictaminó que la apropiación de menores es imprescriptible. En julio de 2001 la causa por el robo de bebés se amplió con el agregado de 24 nuevos casos sobre los 22 por los que ya estaba acusado Videla.

La Operación Cóndor, la acción coordinada de los gobiernos totalitarios del Cono Sur para eliminar la oposición interna, se sumó a los desvelos judiciales de Videla. En abril de 2001 el juez Rodolfo Canicoba Corral le endilgó a ese plan la calificación de “asociación ilícita” entre los jefes de Estado de varios países. Junto con Videla resultaron imputados Guillermo Suárez Mason (Argentina); Augusto Pinochet Ugarte, Manuel Contreras y Pedro Espinoza Coronel (Chile); Alfredo Stroessner, Francisco Brites y Néstor Milcíades (Paraguay); Julio Vapora, Guillermo Ramírez, José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Enrique Martínez, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida (Uruguay). El juez Canicoba Corral imputó a Videla como integrante de la organización criminal pero el reo se negó a declarar una y otra vez. La querella siguió avanzando y sorteó todos y cada uno de los recursos planteados por los acusados: Videla fue bastante activo en esto. En setiembre de 2004 el juez Jorge Urso impuso a Videla prisión preventiva por 34 hechos de privación ilegítima de la libertad en torno de esas operaciones represivas coordinadas con sus pares de Latinoamérica.

Otra línea judicial, que resultaría central en el intento de los represores de esquivar sus responsabilidades, fue la inaugurada por el juez federal Gabriel Cavallo quien declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Videla no había sido alcanzado por los beneficios de estas normas aprobadas por el Congreso durante el gobierno de Raúl Alfonsín y que liberaba a quienes no habían sido querellados por el Juicio a las Juntas de 1985 y a quienes habían atropellado la libertad y la vida humana escudándose en el cumplimiento de órdenes de sus superiores. En nuevas investigaciones sobre casos de desaparición forzada y de robo de bienes, los juzgados federales fueron insistiendo en el pedido de inconstitucionalidad hasta que consiguieron que fueran declaradas “insanablemente nulas” a mediados de 2003. Esto permitió la reapertura de causas que volvieron a implicar a Videla. El 14 de julio de 2005 la Corte Suprema —reconstituida durante el gobierno de Néstor Kirchner— selló aquella declaración de inconstitucionalidad.