Steven Gorelick - Small is beautiful, lo grande está subvencionado

Al igual que ocurre con muchos productos de las organizaciones no gubernamentales, este informe es el resultado de un trabajo en equipo. El análisis principal se presentó por primera vez en una serie de conferencias realizadas por la directora de Local Futures/ISEC, Helena Norberg-Hodge. Peter y Mimi Buckley propusieron que buscásemos datos contrastados para dar peso a los argumentos empleados. Les agradecemos enormemente el apoyo prestado.

También debemos un especial agradecimiento a Andrew Blackwood, que contribuyó con su valiosa ayuda a las tareas de investigación y redactó el primer borrador. Sin él, este proyecto nunca habría podido despegar.

Con nuestro agradecimiento también queremos reconocer la ayuda de Richard Douthwaite, que buscó datos clave para el informe, y las contribuciones de Carola Buhse, Les Blomberg, Beth Burrows, David Edwards, Janey Francis, Suzanna Jones, David Korten, Todd Merrifield, Julian Oram, John Page, Andrew Rowell, Miyo Sakashita y Deborah Tull.

Tras la caída del comunismo, se ha generalizado la idea de que al mundo solo le queda una opción: funcionar con un mercado global desregulado y dominado por gigantescas corporaciones.

Mucha gente cree que la desregulación da libertad a las grandes empresas transnacionales para que suministren una variedad inédita de productos a consumidores de cualquier rincón del planeta. Gracias a la economía global, podemos llenar las cestas de la compra con manzanas de Kenia, mantequilla barata de Nueva Zelanda y una amplia gama de alimentos exóticos. El hecho de que estos bienes sean más baratos que los producidos en el ámbito local se debe a que los proveedores operan a una escala mayor y más eficiente. Las sofisticadas estrategias de relaciones públicas y las campañas publicitarias nos convencen de que cuanto mayor sea una empresa, más seguros serán los alimentos que ofrezca.

Además de estos beneficios para el consumo doméstico, mucha gente parece creer que la difusión del desarrollo económico de estilo occidental lleva aparejada la expansión de la democracia occidental a otros países. La globalización ha supuesto un abaratamiento del transporte aéreo y una comunicación más cercana entre las culturas, lo cual hace albergar la esperanza de que surja una aldea global pacífica y desaparezcan las disputas bélicas entre países.

De manera similar, visto que las crisis medioambientales —desde el cambio climático hasta el agotamiento de las especies— sobrepasan claramente los límites nacionales, también se considera que la globalización es un paso necesario para alcanzar una colaboración internacional que resuelva problemas globales.

Más allá de estos supuestos efectos beneficiosos, la economía global se presenta como algo inevitable, algo que continuará creciendo, lo queramos o no. Es la consecuencia de una cultura de consumidores insaciables. Es lo que quieren las corporaciones gigantes o, más concretamente, es algo que nadie puede detener. En última instancia, a menudo se describe la globalización como un tipo de destino manifiesto de la economía, dictado por leyes económicas fuera del alcance de toda intervención humana. Se dice entonces que estas leyes, por defecto, favorecen más a los grandes productores que a los pequeños, más a la producción centralizada global que a la producción local dispersa. Resulta que lo grande es barato, lo grande es eficiente, ¡lo grande es mejor! No obstante, y como hemos tratado de demostrar en este libro, lo cierto es que las economías de escala son un mito: no necesariamente lo grande resulta más barato o más eficiente.

Si nos permitimos mirar más allá de los limitados confines y suposiciones de esta sabiduría convencional, resulta claro que las grandes empresas son el resultado del apoyo de los gobiernos, que se ejerce mediante diversos subsidios directos e indirectos.

UN TERRENO DE JUEGO DESNIVELADO

Desde hace varias generaciones el dinero de nuestros impuestos se ha empleado en crear un marco económico que favorece a los grandes productores en detrimento de los pequeños. Como consecuencia de ello, todas las elecciones que hacemos —relacionadas con la educación, el uso de la energía, los transportes y las comunicaciones— están siendo moldeadas y distorsionadas para encajar en una economía cada vez más centralizada y globalizada. La combinación de esas elevadas subvenciones e inversiones conduce a un sistema extremadamente ineficiente. Cualquier apariencia de eficiencia se mantiene solo porque nuestros impuestos cubren muchos de los costes, pero se hace a expensas de pequeños productores y productoras locales, que dependen únicamente de sus propios recursos y son presentados como ineficientes en comparación con los grandes.

Las multinacionales también se benefician de su capacidad de presionar a los gobiernos para que aprueben normativas que las favorezcan, a menudo con la intención deliberada de eliminar a la pequeña competencia. Otro factor que, paradójicamente, termina siendo una ventaja para esas grandes empresas y una desventaja para las pequeñas es que la producción intensiva a gran escala suele ser más contaminante.

Tomemos el ejemplo de la ganadería intensiva. En explotaciones en las que los animales son encerrados en espacios reducidos, se dan todas las condiciones para la rápida propagación de enfermedades infecciosas, lo cual requiere de más controles y normas que en el caso de las pequeñas explotaciones. Estas, sin embargo, se ven obligadas a cumplir con medidas de seguridad igualmente estrictas, a pesar de que para ellas son innecesarias y suponen un gasto que pocos productores se pueden permitir.

El apoyo gubernamental al transporte y a las comunicaciones de alta tecnología posibilita la eliminación de los pequeños competidores locales por parte de las corporaciones multinacionales. La tienda de un negocio familiar en un pueblo de Inglaterra, que adquiere la mayoría de los artículos en su entorno local, no necesita satélites, servidores informáticos, grandes infraestructuras de transporte, buques de carga o combustible, en gran medida subvencionado, para transporte aéreo, entre otros elementos. En cambio, sin todos ellos, un gran hipermercado simplemente no podría existir.

Desde el punto de vista del consumidor, la mercancía proveniente de las antípodas parece ser más barata, al quedar invisibilizados todos esos subsidios. Pero debemos comenzar a fijarnos no solo en el dinero que tenemos en los bolsillos, sino en cómo nuestros impuestos se usan en contra de nosotros. Es cada vez mayor el número de personas a las que no les queda otra opción que comer alimentos procesados y almacenados durante largos periodos de tiempo, importados desde muy lejos, porque son más asequibles. Aquí, esa metáfora del terreno de juego desnivelado implica que estas personas no pueden permitirse comprar alimentos frescos de producción local.

El centro de la economía industrial moderna lo ocupa el principio de la ventaja comparativa, según el cual a un país siempre le interesa tener una producción especializada para exportar, en lugar de fomentar una producción diversificada que cubra sus necesidades internas. Por lo tanto, las políticas económicas de fomento del comercio han dado respaldo a empresas que se han fusionado hasta convertirse en las corporaciones multinacionales gigantes que conocemos hoy en día. Actualmente, todas las materias primas del mercado mundial (como el café, el cacao o el algodón) están controladas por un puñado de grandes empresas.

Este apoyo al comercio internacional ha dado una injusta ventaja a los actores globales sobre los productores y negocios locales. El resultado es un terreno de juego desnivelado, que favorece a unos monopolios cada vez mayores y más poderosos. Este poder se ha visto fuertemente reforzado en los últimos años por una serie de tratados de libre comercio, tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el de Maastricht, el GATT y el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI). Este último, conocido también como “el estatuto de las multinacionales”, antepondrá los derechos de las compañías a los de los países, sus ciudadanos y ciudadanas, haciendo posible que las empresas demanden a los gobiernos si las legislaciones nacionales interfieren con el comercio. Dichos acuerdos no establecen términos comerciales entre países, sino los derechos de las corporaciones transnacionales a instalarse en cualquier mercado interno.