Manuel Salazar - Las letras del horror. Tomo II: La CNI

1977

El año 1977 se inició con dos hechos premonitorios de lo que ocurriría más tarde al irse imponiendo sin trabas de ninguna especie la acumulación de capitales por parte de los nuevos grupos económicos surgidos bajo el amparo del régimen militar. El 5 de enero fue intervenido el Banco Osorno y La Unión, eje del conglomerado financiero dirigido por los empresarios Francisco Fluxá y Vittorio Yaconi.

Existen presunciones fundadas de que aquella intervención fue motivada por un informe de la DINA, que sindicó al Banco Osorno como financista oculto de las actividades opositoras del Partido Demócrata Cristiano. El sacerdote Mario Zañartu fue víctima de un montaje preparado por los agentes de la DINA que investigaban a los ejecutivos de ese banco. Zañartu fue desnudado y fotografiado junto a dos mujeres que aparentaban participar en una orgía sexual.

Casi simultáneamente, se conoció una cuantiosa estafa cometida por los ejecutivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Familia, dirigida por varios connotados miembros del movimiento gremialista, quienes incluso expoliaron a un modesto carpintero que había ganado el concurso de la Polla-Gol. Pinochet no dudó en silenciar a quienes se atrevían a denunciar públicamente estos hechos. El 28 de enero fue clausurada definitivamente la Radio Balmaceda.

El 11 de marzo se promulgó el decreto ley 1.697 que disolvió los partidos en receso.

Los argumentos esgrimidos eran, entre otros documentos, unas cartas escritas por el dirigente demócrata cristiano Andrés Zaldívar Larraín.

A principios de abril de 1977, Pinochet escaló un nuevo peldaño en su proyecto para conseguir el poder absoluto. Decidió crear el cargo de vicecomandante en jefe del Ejército para que ese oficial asumiera su lugar en la Junta Militar de Gobierno. Él deseaba estar por encima de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros.

Mientras, diariamente en los barrios de Santiago se repetían los bombazos y explosiones nocturnas. Altos oficiales de Carabineros afirmaron que los autores de esos atentados eran agentes de la DINA, los mismos que el 2 de julio de ese año intentaron secuestrar al director de la revista Qué Pasa, el abogado Jaime Martínez Williams, quien se había atrevido a balbucear algunas críticas sobre las actividades ilegales de la DINA.

El 9 de julio, en la cumbre del cerro Chacarillas, en medio de centenares de antorchas encendidas, Pinochet leyó un discurso redactado por uno de sus principales asesores políticos, el abogado Jaime Guzmán. Pinochet habló de “recuperación”, de “transición” y de “normalidad constitucional”. Prometió que en 1985 se realizarían elecciones libres y directas.

Al promediar 1977, la mayoría de los asesores políticos y económicos de Pinochet lo convencieron de la necesidad de disolver la DINA y tratar de cambiar la imagen de su gobierno. El 12 de agosto se anunció el término de la DINA y su reemplazo por la Central Nacional de Informaciones, la CNI, organismo que en los años siguientes actuaría indiscriminadamente contra la disidencia y muchos de cuyos crímenes están aún en la impunidad.

En septiembre, Pinochet viajó a Estados Unidos para asistir a la firma en la OEA de un nuevo tratado sobre el Canal de Panamá. En su comitiva lo acompañaron varias decenas de agentes de la DINA, todos con pasaportes e identidades falsas. Para ellos, el viaje era un premio concedido por Pinochet por las labores cumplidas.

En Estados Unidos, en una rueda de prensa, al ser consultado por el asesinato de Orlando Letelier, Pinochet afirmó: “Puedo jurar que nadie en el gobierno chileno planeó algo como eso”.

En noviembre, el general (r) Odlanier Mena fue nombrado al frente de la CNI y el coronel Manuel Contreras ascendido a general y destinado al Comando de Ingenieros.

Casi al finalizar el año, Pinochet decidió ubicar en cargos diplomáticos a connotados miembros de la derecha tradicional. Sergio Diez fue nombrado representante ante la ONU, Francisco Bulnes fue designado embajador en Perú y Sergio Onofre Jarpa viajó a Bogotá para hacerse cargo de la representación chilena en Colombia.

El 7 de diciembre la comisión de la ONU que investigaba la situación de los derechos humanos en Chile resolvió en contra del gobierno de Pinochet. Una semana después, la Asamblea General aprobó la resolución “con preocupación especial e indignación” por el “incumplimiento de promesas del gobierno chileno de que mejoraría la situación de los derechos humanos”. Noventa y seis países votaron en contra del gobierno de Pinochet, 26 se abstuvieron y solo 14 se pronunciaron a favor.

El dictador decidió entonces convocar a un plebiscito —que luego llamaría Consulta Nacional— para el 4 de enero, argumentando que el pueblo chileno debía manifestarse frente a la condena de las Naciones Unidas.

Al día siguiente de la convocatoria, la Fuerza Aérea condenó el acto señalando que era “propio de regímenes personalistas” y que violaba los estatutos de la Junta, sobrepasando los propios límites que se había fijado el Jefe de Estado.

El almirante Merino, por su parte, lo consideró improcedente tanto en el fondo como en la forma. La Armada agregó que Pinochet “con su actuar, ha vulnerado y atropellado las atribuciones de la Honorable Junta de Gobierno y la ha marginado de la más importante de las decisiones políticas de los últimos años’, insistiendo en su completo desacuerdo con la realización del plebiscito, al igual que todos los señores almirantes”.

El Contralor de la República, Héctor Humeres, también estuvo de acuerdo con la ilegalidad de la consulta; al igual que los ex presidentes Jorge Alessandri, Eduardo Frei y Gabriel González Videla.

El 27 de diciembre Pinochet informó que convocaría a la consulta a través de un decreto supremo —el DL 1308— sin necesidad de pedir la firma a los miembros de la Junta Militar de Gobierno. Al día siguiente, el Contralor insistió públicamente en que la consulta no tenía sustentación jurídica, recomendando que se tramitara mediante un decreto ley que requería la firma de todos los miembros de la Junta. Humeres afirmó ante los periodistas que la Contraloría rechazaba en la forma y en el fondo la consulta.

Pinochet ordenó que se diera curso a la jubilación de Héctor Humeres y nombró en cosa de horas, mediante el decreto supremo 1295, a un nuevo contralor que no impugnara sus designios y que le otorgara una validez legal que no tenía la consulta. El elegido fue el abogado puntarenense Sergio Fernández, recomendado por la ministra de Justicia Mónica Madariaga, prima de Pinochet.

1978

Los primeros días de 1978 se caracterizaron por una dura represión en contra de quienes se atrevieron a llamar a votar No en la Consulta convocada. Sin las más mínimas garantías que requiere un proceso de este tipo, el 4 de enero el Sí obtuvo el 75 por ciento de los sufragios.

La euforia, sin embargo, duró poco. El 7 de enero, el gobierno argentino comunicó su rechazo al laudo arbitral británico por la soberanía de las islas Nueva, Picton y Lenox en el canal del Beagle, sumiendo a los chilenos en la pesadilla de un posible conflicto bélico.

Casi una semana después de ese anuncio, el 16 de enero, se emitió el decreto ley 2.101 que declaró en reorganización al Ministerio de Relaciones Exteriores, incorporándose a partir de esa fecha decenas de personas no aptas para las labores diplomáticas.

El 17 de enero, agentes de la CNI dieron muerte al mirista Octavio Rivera Rabelo en la calle Candelaria Goyenechea.

El 1 de enero, en La Florida, agentes de la CNI mataron al mirista Germán Cortés.

El 17 de febrero el embajador de Estados Unidos en Chile, George Landau, entregó a la Cancillería un exhorto de la justicia estadounidense relativo al asesinato de Orlando Letelier. El documento llegó acompañado de las fotografías de dos hombres jóvenes y de pelo corto. Oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea se contactaron con agentes del FBI y concluyeron que las fotografías correspondían a dos militares adscritos a la DINA.