Luis Gonzalo Segura de Oro-Pulido - El libro negro del ejército español

Apéndices

31. La guerra como negocio y los medios de comunicación como ejércitos

LA FORJA

Este libro ha pretendido ir de lo particular a lo general, entre otras cosas porque, aunque lo natural hubiera sido todo lo contrario, dado el nivel de engaño y autoengaño en el que nos encontramos ello no era posible. Debido a que nuestra historia reciente aún se encuentra contaminada por los actores del presente resulta imposible hacer un planteamiento general que enmarque lo ocurrido en las fuerzas armadas, así que, partiendo de la realidad innegable de las fuerzas armadas, podemos analizar cuál ha sido su forja, su historia reciente. Porque si hubiera sido la que nos han contado, el resultado no podría ser el que es en la actualidad, sino que necesariamente tendría que ser otro. Así pues, las dos primeras partes no solo nos permiten llegar a la tercera y demostrar que nuestras fuerzas armadas son eminentemente franquistas y han encontrado la connivencia de un entorno no menos franquista, sino que nos obligan a analizar los últimos cuarenta años en clave franquista. Porque lo cierto es que no existe ni una sola discontinuidad o punto de inflexión desde 1939 hasta la actualidad. No lo fue 1975 y no lo fue 1977. Si acaso 1981, pero no en el sentido en el que nos han querido transmitir. Sería bueno que empezáramos a pensar en clave de ochenta años y no en clave de cuarenta años.

Tristemente, las élites no comparten el poder y la riqueza de forma voluntaria, como bien explicaron Acemoglu y Robinson:

La lógica de por qué los poderosos no querrán establecer necesariamente las instituciones económicas que fomentan el éxito económico se amplía fácilmente a la elección de las instituciones públicas. En un régimen absolutista, algunas élites pueden ejercer el poder para establecer las instituciones económicas que prefieran. ¿Estarán estas élites interesadas en cambiar las instituciones políticas para hacerlas más pluralistas? En general no, ya que, de esta forma, solamente reducirían su poder político, y harían más difícil, quizá imposible, para ellas estructurar instituciones económicas para promover sus propios intereses. De nuevo, vemos una fuente fácil de conflicto. Las personas que sufren por las instituciones económicas extractivas no pueden esperar que los gobernantes absolutistas cambien voluntariamente las instituciones políticas y redistribuyan el poder entre la sociedad.

Y España no ha sido una excepción. Si a la muerte de Franco hemos adoptado una forma diferente a la existente hasta entonces fue porque lo que sobrevino fue en esencia lo mismo que antes existía en cuanto a poder.

En las Fuerzas Armadas, como ha quedado demostrado, existe un descontrol absoluto debido a la ausencia de órganos de control independientes. Justicia, Policía e Intervención son militares y están subordinadas a los altos mandos militares cuando no al propio ministro de Defensa. El ministro de Defensa ha estado nombrando a los jueces (hasta 2016, ahora interviene de forma indirecta) y controlando los ascensos de la Guardia Civil, órgano encargado de investigarla, y de todos aquellos militares que forman parte de los tres órganos de control referido. Es decir, es justamente lo opuesto a lo que las ideas ilustradas definirían como idóneo para cualquier Estado o entidad.

Por un lado, las Fuerzas Armadas han estado excesivamente vinculadas en España a la monarquía; por otro, es innegable que el propio rey ha coqueteado con ellas, incluso durante el periodo mal denominado Transición. En muchos casos, con conductas claramente antidemocráticas, se ha apoyado en ellas para destituir a un presidente, caso de Adolfo Suárez. Es por ello por lo que, durante un encuentro con el embajador alemán, el rey habló de forma condescendiente de los golpistas, y prácticamente les tachó de patriotas.

El apoyo del rey fue indudablemente necesario para que los golpistas pasaran sus años en las cárceles en la mejor disposición posible, gozando, como ya hemos visto, incluso de mayordomos, marisco y vino de reserva, lo que ya es el disparate absoluto. Un rey demócrata que no hubiera estado salpicado por los sucesos del 23-F ni hubiese formado parte de la conspiración es obvio que se habría sentido profundamente agredido y, por tanto, habría exigido el mayor de los castigos para los golpistas. No lo hizo, como no lo hizo un año antes en la frustrada Operación Galaxia, que terminó sin condena para sus promotores, entre ellos el teniente coronel Tejero. Eso sí, el rey no tuvo problema alguno en emitir un durísimo discurso en la navidad de 1980, a escasos dos meses del golpe, contra Adolfo Suárez. ¿Criticó en algún momento la Operación Galaxia? ¿Mandó un mensaje duro y contundente a todos los que en ese momento conspiraban para derrocar a Adolfo Suárez? No, no lo hizo, entre otras cosas porque sus reuniones con Alfonso Armada antes del golpe ya eran en sí mismas un ataque a la democracia, una conspiración contra ella y el presidente electo. Tanto da si hablaba o escuchaba o si realizaba ambas acciones. Conspiró y/o permitió la conspiración. Y como militar, que era y es, estaba obligado a denunciar aquellos actos que puedan atentar contra la democracia, la Patria, el presidente…

Pretender entender este descontrol pensando en unas Fuerzas Armadas estancas e independientes sería un error. Es verdad que lo son, que son independientes, «autónomas» —como les gusta reivindicar a los filofranquistas—, pero lo son como premio al apoyo a la monarquía, como prebenda del rey hacia ellos y también como pago de los políticos hacia ellos y, no menos importante, porque ese descontrol forma parte de un sistema corrupto más global que, como hemos visto, a todos enriquece. También es cierto que ese descontrol interesa a diferentes personalidades, poderes y grupos porque anula a un potencial denunciante. Y es precisamente esa debilidad la que permite que la industria armamentista, el comercio de armas y todos los beneficios derivados puedan tener lugar. Es por ello por lo que no hay militares clamando al cielo por la reducción de los gastos en mantenimiento que provocan la muerte de numerosos militares, ni por el submarino que no flota, ni por la inutilidad de los carros de combate, ni por muchas otras negligencias ya comentadas. Y no los hay porque son precisamente muchos de los altos mandos y políticos del ministerio de Defensa u otros estamentos los que se benefician económicamente de todo ello. Por poner un ejemplo, los gobiernos de Zapatero y Rajoy autorizaron a siete ex altos cargos de Defensa a trabajar en empresas de armas, y eso por hablar solo de los altos niveles, porque el número de oficiales de rango medio y alto que trabaja en la industria armamentística es desmesurado, o de aquellos que terminan trabajando en empresas públicas como Navantia, caso ya comentado del ex-AJEMA Sebastián Zaragoza, o Santa Bárbara General Dynamics, caso también comentado del ex-JEME Carlos Villar Turrau.

Cuando se produjo la muerte de Franco, la intranquilidad en el mundo militar era evidente. Esa incertidumbre fue utilizada inicialmente para sus fines por el rey Juan Carlos I, lo que queda demostrado en el condescendiente trato a los golpistas o, incluso, en el hecho de que muchos de ellos hayan llegado al generalato —como es el caso de varios de los firmantes del conocido como «Manifiesto de los 100» o determinados personajes clave del 23-F —. De otra forma, la purga y las consecuencias de todo aquello habrían sido más que considerables. No fue el caso.

Una vez que esta etapa estuvo consumida, que Juan Carlos I sintió que el edificio en el que ha construido su califato de la corrupción era sólido, lo que sucedió fue la extensión de la corrupción y el lucro al ámbito militar en formato liberalismo. Un ámbito que, por cierto, ya estaba completamente carcomido por la corrupción, al igual que otros muchos estamentos del franquismo. Desde entonces, el flujo de corrupción ha arrastrado tanto a militares como a civiles y los ha unido en único fin: saquear lo máximo y obtener la mayor tajada posible.