Jonathan D’Haese - El Tratado de Versalles

El Tratado de Versalles tiene mala reputación. Se le considera responsable del ascenso del nazismo en Alemania y de la subsiguiente guerra. Pero se olvida que el acuerdo es el resultado de un delicado compromiso entre las cuatro potencias aliadas para intentar restablecer la paz en el explosivo contexto resultante de la Primera Guerra Mundial.

En 1918, la inesperada caída de los Imperios austrohúngaro, alemán y otomano hace emerger nuevos países que esperan de los vencedores garantías de seguridad que respondan a las reglas del Estado-nación, heredadas del siglo XIX. Los tres jefes de Estado saben que para lograrlo tendrán que funcionar en el marco de una entidad coherente, encargada de sancionar equitativamente las responsabilidades entre los vencedores y los vencidos, bajo pena de mantener los resentimientos que nacieron en la guerra.

El problema de las nacionalidades a principios del siglo XX

En el siglo XIX, el equilibrio europeo está organizado según el modelo de Estado-nación. Las bases teóricas de este modelo de soberanía insisten sobre todo en la libertad de los hombres a vivir en comunidad dentro de un territorio definido, bajo la responsabilidad de un gobierno capaz de representarlos y protegerlos de un ataque procedente del extranjero. Heredada de la filosofía ilustrada, la aplicación del principio nacional conduce a tres movimientos diferentes:

• la unificación de países en conjuntos territoriales y políticos coherentes. La unificación de Italia en 1859 y de Prusia en 1871 son los mejores ejemplos;
• la formación de comunidades nacionales que tienen como objetivo la homogeneidad étnica para protegerse de influencias extranjeras. Este es el caso de los Balcanes, donde Grecia, Serbia o incluso Rumania están tratando de afirmar su soberanía contra los Imperios austrohúngaro y ruso;
• el mantenimiento, dentro de estos Estados, de varios grupos étnicos, que sin embargo están dominados por el modelo cultural de uno solo, reivindicando un derecho histórico de ocupación del suelo o de pureza de sangre.

En el contexto del colapso de los imperios después de 1918, puede entenderse que el principio de las nacionalidades es particularmente difícil de lograr en territorios donde los grupos étnicos son muy numerosos y están estrechamente imbricados.

El 18 de enero de 1919, Raymond Poincaré inaugura la Conferencia de Paz en París. Durante el evento, la capital francesa se convierte en el centro del mundo, y no menos de 27 países están invitados a la mesa de negociaciones. Se espera, en particular, al rey de Bélgica, Alberto I (1875-1934) y a la reina María de Rumania (1875-1938), junto con las delegaciones portuguesa, polaca, griega y serbia.

El 29 de marzo, se decide establecer un Consejo Supremo compuesto por los Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia. Japón también es invitado, pero su participación se limita a la cuestión de sus posesiones en Asia Oriental.

Contrariamente a lo que estaba previsto, no todos los beligerantes se encuentran en la mesa de negociaciones. El gran ausente pertenece al bando aliado: Rusia. Clemenceau prefiere mantener a este país, que había entrado en una revolución en 1917, apartado de las negociaciones, pues teme la influencia que podrían ejercer los bolcheviques en las negociaciones. En cuanto a Alemania, su responsabilidad en el estallido del conflicto la excluye de los debates.

Ejerciendo de maestro de ceremonias, Clemenceau se decide por una organización racional de la Conferencia para evitar que los principales culpables de la guerra exploten las diferencias de opinión existentes entre los países vencedores.

En agosto de 1914, el ejército alemán invade Bélgica y es culpable de abusos sobre casi 6500 civiles. Cuatro años más tarde, el gobierno francés se compromete a llevar a los criminales de guerra alemanes ante un tribunal internacional para que sean declarados responsables de los actos. A Gran Bretaña, que no ha sufrido ninguna invasión, el reconocimiento de la responsabilidad penal de Alemania también le parece esencial.

Cuando Clemenceau visita Londres en diciembre, acusa a Guillermo II de haber cometido «el mayor crimen de la historia» y se une a Lloyd George para exigir la extradición del emperador.

Entonces, el primer ministro británico sugiere la creación de un tribunal internacional compuesto por jueces aliados competentes para decidir la suerte de los acusados de violar el derecho internacional. Pero, ante la negativa del presidente Wilson se debe llegar a un acuerdo. Este último defiende la competencia de los tribunales nacionales para juzgar a los criminales de guerra. A continuación, se acuerda lo siguiente:

• los Aliados tienen el derecho de acusar públicamente a Guillermo II de «la ofensa suprema contra la moral internacional y contra la santidad de los Tratados» (artículo 227 del Tratado);
• cada Estado puede juzgar a los criminales de guerra ante sus respectivos tribunales, en virtud del principio de responsabilidad exclusiva.

Sobre esta base, los tres aliados le presentan a Alemania una lista que incluye los nombres de 854 personas a las que desean juzgar. Pero las listas parecen tan inconsistentes que Alemania se niega a entregar a los acusados. Entonces, bajo la presión del presidente estadounidense Wilson, ansioso por tratar bien a la autoridad del gobierno alemán, se reducen. A raíz de estos cambios, Alemania se compromete a juzgar a los implicados. Pero el proceso penal ante el Tribunal Imperial en Leipzig a partir de mayo de 1921 se anuncia caótico.

Además de sus crímenes, la responsabilidad de Alemania sale a la luz cuando los negociadores introducen la noción de reparación de guerra en el Tratado. Reconocida como la única responsable de los daños sufridos por los Aliados durante la guerra, Alemania está obligada a indemnizarlos (artículo 231). A Clemenceau le gusta esta noción e insiste en que se introduzca en el protocolo de armisticio, puesto que Francia ha sufrido los daños más importantes.

Su voluntad es debilitar la posición de Alemania no solo exigiéndole compensaciones, sino también obligándola a renunciar a Alsacia y Lorena y a sus colonias en Asia y en África. En cuanto a su ejército, se ve reducido a 100 000 hombres. Lloyd George y Woodrow Wilson consideran que estas condiciones son demasiado duras. Aunque Alemania debería, definitivamente, pagar un precio por haber desencadenado la guerra, la aplicación de las cláusulas de reparación lleva a exigir mucho más de lo que puede pagar. Lloyd George prefiere, por tanto, garantizar «salvaguardias» para permitir que Alemania pueda recuperar su lugar en Europa.

Desde el inicio de la Conferencia, el destino que se le reserva a Alemania pone de relieve la necesidad de sancionar, por ley, el lugar respectivo de las nuevas naciones resultantes del hundimiento de los Imperios Centrales. A diferencia de Georges Clemenceau y de Lloyd George, que subordinan este equilibrio al derecho del vencedor, Wilson es el único que se desmarca de esto, proponiendo el principio del derecho de los pueblos a la libre determinación. Esta política, llamada de puertas abiertas, tiene la ventaja de romper con el expansionismo territorial estéril al origen de la guerra, reservándole a cada nación su propia zona de influencia económica en un mercado común protegido.

Además, el presidente de los Estados Unidos trata de influir en el sentido tradicional de la diplomacia europea alentando a sus colegas franceses y británicos a incluir una disposición que prevea la creación de una Sociedad de Naciones que se encargue de garantizar la seguridad colectiva de los Estados y sus buenas relaciones económicas —en particular con los Estados Unidos—. Aunque Georges Clemenceau y Lloyd George aceptan incluir esta propuesta en el preámbulo del Tratado, Wilson no consigue todo lo que quería. Para los europeos, la restauración de la paz está sujeta a reivindicaciones de independencia y a relaciones de poder de los territorios estratégicos que los Aliados distribuyen a menudo en función de sus propios intereses. Esta manera sesgada de definir el derecho de las naciones provoca algunos acalorados debates alrededor de la mesa de negociaciones.