Thomas Szasz - Nuestro derecho a las drogas (Edición revisada)

Este libro provocativo y estimulante cuestiona muchos lugares comunes y supuestas verdades sobre el tema de la prohibición de las drogas y plantea que bajo la cruzada gubernamental contra los estupefacientes, maquillada de iniciativa terapéutica, se esconde la eterna dicotomía entre autocontrol y coacción estatal que pone en peligro la supervivencia de una sociedad que tiende a delegar responsabilidades.

Thomas Szasz

En defensa de un mercado libre

( Copia distribuida con fines académicos y/o culturales )

Título original: Our Right to Drugs. The Case for a Free Market

Thomas Szasz, 1992

Traducción: Antonio Escohotado

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He aquí un libro sobre derechos, responsabilidades y fundamentos generales de las leyes, escrito por un médico que asume la definición de filosofía expuesta hace milenios por Alcidamas de Elea: «Instrumento para sitiar la ley y el hábito, los monarcas hereditarios y el estado».

Docente desde hace décadas en el Medical College de la Universidad de Nueva York, Thomas Szasz intervino en los debates que produjeron la Antipsiquiatría, si bien nunca se avino a promover novedades más o menos triviales. Junto a una crítica del freudismo, expuesta en Ética del psicoanálisis, produjo otras investigaciones —El mito de la enfermedad mental, La teología de la medicina y La fabricación de la demencia— que le granjearían reconocimiento internacional entre el público ilustrado, no menos que una enemistad duradera entre colegas del Nuevo y el Viejo Mundo. Ambas cosas resultaban lógicas, porque a una apabullante erudición Szasz añade una originalidad libertaria con pocos precedentes, si alguno hay, en su campo.

El presente ensayo remata la reflexión iniciada por su obra pionera —Ceremonial Chemistry (1975)—, y no sólo ofrece nuevos materiales sino una sistemática profundización en el tema. Allí puso de relieve hasta qué punto la cruzada antidroga carece de raíz científica, y únicamente resulta inteligible como el específico delirio popular de nuestro tiempo, maquillado como iniciativa terapéutica.

Demostrado eso, quedaba examinar a qué renunciábamos, individual o colectivamente, sumándonos al prohibicionismo, y examinar los criterios de quienes promueven reformas. Estas dos cuestiones son el objeto analizado aquí de un modo prácticamente exhaustivo, y —a mi juicio— no se hallará en toda la literatura dedicada al asunto una pesquisa más directa, menos lastrada por prejuicios o intereses particulares.

En lo que respecta a la primera cuestión, Szasz muestra hasta qué punto la cruzada antidroga arranca en Estados Unidos de una cruzada previa contra publicaciones e imágenes «obscenas», muy activa desde 1880 a 1914 (año en que aparece la primera restricción sobre opio, morfina y cocaína), y refleja el esfuerzo de un país elevado al rango de superpotencia planetaria por convertirse en «modelo y censor de la civilización». Son palabras del reverendo Sam Small a la Liga Anti-Saloon en 1917, poco antes de instaurarse la Ley Seca.

Pero no se trata sólo de saber cuándo y de qué modo prende el fervor prohibicionista, sino de ver cómo algo unido originalmente a mojigatería puritana cristalizó en un emporio burocrático-criminal. Ese paso es un giro de tuerca en la historia del poder político, y cuando Szasz argumenta el derecho a las drogas —nuestro derecho a ellas— está en realidad aireando algunos de los resortes más sutiles del estado contemporáneo. Perdida la fe en monarcas por decreto divino, hace siglos pensamos que proteger nuestras personas y bienes —nuestra propiedad— es la razón última para acatar leyes y gobernantes.

Con todo, lo que hace de algo un bien es nuestro quererlo como tal, el animus possedendi, y aquí no caben suplantaciones sin incurrir en fraude. También es evidente que, en contraste con los cuadrúpedos de rebaño, ser un ciudadano adulto supone derecho a disponer de sí o del cuerpo propio, reconociéndose todos la propiedad de cada uno sobre su singular persona. Dado que las drogas han sido, y son, bienes o cosas queridas del mundo exterior para un incalculable número de personas, y dado que retirarlas del lícito intercambio atenta contra el derecho a disponer de sí o del propio cuerpo, resulta que cualquier guerra contra ellas es una guerra contra la propiedad en sentido nuclear, como suma de las cosas deseadas y nuestra propia persona.

Semejante despojo pasa por salvaguarda del interés común, mostrando hasta qué punto es peculiar la relación actual de gobernante y gobernado. En principio, aquél debe lograr que bienes y personas de cierto grupo no sufran menoscabo o coacción; sin embargo, algo más tarde —ahora mismo—, para que no sufran menoscabo o coacción el gobernado debe seguir directrices del gobernante cuando decide qué hará de su piel hacia dentro, y qué bienes le parecen tales. En otras palabras, ya no es protegido de otros tanto como de sí mismo, y su propiedad —tanto en sentido nuclear como mercantil— queda a merced de definiciones ajenas.

Acatado esto, lo demás sigue solo. Para empezar, todo tipo de muebles, inmuebles y semovientes empiezan a ser incautados, por las más diversas y novedosas causas, mientras el remedio para asegurar seguridad gesta amenazas a la seguridad literalmente inauditas. «Más derechos inútiles de voto», comenta Szasz, «por menos derechos personales decisivos». ¿Qué derechos decisivos? Los que empiezan en la autonomía del placer propio y acaban en la autonomía para resolver manera y momento de la propia muerte. Basta mirar en torno para ver que los adultos sanos no pueden tomar las drogas que desean, ni los enfermos rechazar las que no desean. Unos y otros son niños al cuidado de tutores, técnicamente especializados en explotar cada mínima fibra de su cobardía. Sobre la disponibilidad de drogas lúcidas y, en consecuencia, sobre el placer buscado por sanos y enfermos, decide finalmente la policía de cada lugar, a través de sus confidentes/arrepentidos, mientras sobre la disponibilidad de eutanásicos deciden médicos y jueces; para ser exactos, ellos administran tanto el viejo derecho a una búsqueda personal de la felicidad como el derecho a matarnos; mal le irá a quien pretenda suicidarse por su mano o por la de un ser querido, al estilo de otros tiempos.

Naturalmente, todo deriva de nuestro verdadero interés y se hace en bien nuestro. Nadie en su sano juicio querría consumir drogas ilícitas, cuando sabe que (sin exageración) eso equivale a freír sus sesos en una sartén. De ahí que la cura esté en «tratamientos», pensados para librar a pobres diablos de una pasión autodestructiva que ellos mismos anhelan abandonar. No obstante, el propio Satán parece lanzado a la defensa de sus miserables secuaces, pues aunque muchos roban para pagarse drogas ilícitas, nadie roba para pagarse «tratamiento», aunque sean muy caros tantas veces. Sin duda, esos individuos no saben lo que es bueno.

Vivimos así en una sociedad donde hay acceso lícito a armas cargadas, pero no a ciertas plantas de uso inmemorial entre humanos. Es claro que nuestra guerra contra ese tipo de objeto crea ejércitos de desviados, sembrando la discordia en el cuerpo social, pero —mirándolo de cerca— eso resulta útil a nivel tanto simbólico como político, porque los desviados nos sirven de chivos expiatorios y justifican un crecimiento atrófico del aparato estatal.