Alfonso Guerra - La España en la que creo

D eseo expresar mi gratitud a Ymelda Navajo, responsable de la editorial, que acogió la idea del libro; a Mónica Liberman, por su labor como editora; a Andrés Vicente Gómez, que impulsó la edición de este libro, y de una manera especial a Fernando Pajares, cuyo entusiasmo por el texto desbordó toda expectativa, y a los lectores que compartan conmigo la preocupación y la esperanza por el futuro de España y los españoles.

C uando se aprobó la Constitución española en 1978 los españoles saludamos el texto como la consagración de la libertad. Tras casi cuatro décadas soportando un régimen autoritario, los españoles fueron convocados para que dieran su conformidad o expresaran su rechazo a un texto constitucional que significaba, entre otras muchas cosas, el entierro de una época de infortunios y discriminación. Casi el 90 por ciento de los ciudadanos apoyó con alegría y esperanza una Constitución para la libertad, para la democracia, para el futuro.

Han pasado cuarenta años y aquel texto aceptado por todos con entusiasmo pasa por un tiempo en el que algunos, especialmente los grupos que conforman la élite política y social, actúan y se manifiestan con indiferencia, y aun con desprecio, respecto a la norma que regula nuestra convivencia. Las actitudes contrarias a la Constitución no son una novedad. Sí lo es la reacción de algunos políticos, representantes de los ciudadanos, de algunas autoridades y de otros opinantes en los medios de comunicación.

Si digo que no es nuevo es porque la Constitución ya tuvo que soportar, solo tres años después de su aprobación, un intento de golpe de Estado que se saldó con el enjuiciamiento y prisión de los sublevados, nostálgicos de la dictadura. Durante muchos años la Constitución ha resistido los embates del terrorismo, que nació contra el franquismo, pero que redobló su acción criminal en la democracia, nostálgicos ellos también del totalitarismo.

El último atentado contra la Constitución, léase contra la libertad y la democracia, ha sido el perpetrado por el nacionalismo catalán. Precisamente quien ostenta la máxima representación del Estado en su comunidad autónoma se levanta contra el Estado, violando la Constitución, y de manera novedosa, combinando la conspiración oculta con el asombroso descaro de utilizar la televisión para alardear de la provocación a la ley y a la paz.

Pero ha sido la tibia reacción de una parte de la sociedad a la hora de rechazar la colección de mentiras, burdas y extensas, que los dirigentes nacionalistas han esparcido por todos los medios a su alcance, lo que más alarma produce. No satisfechos con el engaño han diseñado un ridículo plan de «exilio» para perjudicar la imagen de España, muy favorable desde la Transición política. Han difundido en Europa una descripción de España como un país donde no se respetan los derechos humanos, se persigue a los disidentes políticos y se utiliza la violencia contra inocentes ciudadanos que reclaman libertad.

El día en el que comencé a escribir este libro tuvo lugar un desagradable incidente provocado por la insania del presidente de la Generalidad (Generalitat), Quim Torra. Visitaba los Estados Unidos de América junto con una amplia delegación. Acudió a un acto relacionado con el Folklife Festival organizado por la Smithsonian Institution de Washington. En una breve intervención, el señor Torra «informó» a los presentes sobre los «presos políticos» catalanes, las autoridades forzadas al «exilio» y otras falsedades habituales. El embajador de España se vio obligado a desmentir la denigrante letanía de ataques a la democracia española. Lo más grave fue la reacción del señor Torra; se indignó, se sintió ofendido, se levantó y se marchó de la sala seguido por el séquito que le acompañaba. De inmediato pidió el cese del embajador. Nadie solicitó la dimisión del señor Torra. Es el mundo al revés.

Es esta situación lo que me lleva a publicar un libro en defensa de la Constitución. En los ataques históricos a nuestra ley de leyes la reacción fue bien distinta. Cuando el 23 de febrero de 1981 un grupo de militares y guardias civiles rompen las reglas de la Constitución secuestrando al Parlamento y al Gobierno, la reacción contra los golpistas fue prácticamente unánime. Todos solicitaron un castigo contundente para los que pretendían la ruptura del sistema democrático amparado por la Constitución.

Los reiterados intentos del terrorismo etarra, y recientemente el yihadista, siempre tuvieron el rechazo general. Sin embargo, la violenta ruptura del orden constitucional perpetrada por los nacionalistas catalanes ha tenido una respuesta escasamente constitucional, carente de las exigencias de los principios democráticos.

La tendencia a aparecer como flexibles, comprensivos, dialogantes, ha generado una teoría, que algunos llaman buenismo , que sacrifica la verdad en aras de la apariencia. La reiterada apelación al diálogo con los golpistas nacionalistas esconde una clara incompetencia, la negativa a comprometerse con una solución difícil pero necesaria para salvaguardar la democracia. ¿Cómo hubieran reaccionado los reiterantes peticionarios de diálogo si algunos lo hubieran propiciado para «arreglar» las cosas con los golpistas Tejero, Milans del Bosch o Alfonso Armada? Seguro que se habrían indignado; con razón. No se entiende que se pretenda por algunos favorecer a los que han intentado la ruptura de la democracia española.

Afortunadamente, la justicia en España funciona. Ya sabemos que es lenta, pero también implacable. A estos modernos muy sensibilizados por la prisión de los golpistas (se ha llegado a pedir el indulto para quienes aún no han sido juzgados) habría que recordarles que quien delinque ha de recibir su sanción. Cuando se celebre el juicio, los magistrados tendrán la palabra. Pero como la comisión del delito la han publicitado en directo en la televisión, es de prever que puedan recibir severas condenas.

Si, como dicen algunos, los nacionalistas pusieron en marcha el proceso de independencia para evitar el encarcelamiento de muchos de ellos en razón a los delitos de corrupción económica, han logrado un pleno, pues ahora podrían tener que compartir tan incómoda situación con los procesados contra la rebelión contra el Estado. El tiempo y los jueces dirán.

Hay, en todo caso, algunas cuestiones que se ofrecen ya con prístina claridad. Aunque el nacionalismo insiste en que hay un conflicto entre Cataluña y España, se puede afirmar con rotundidad que el conflicto es interno de Cataluña, que el nacionalismo ha quebrado la unidad del pueblo catalán. Los titulares de las instituciones catalanas han empujado a una parte de la población catalana a sostener un conflicto con el Estado, de cuyas consecuencias pocos parecen percatarse, pero que ya ha destruido algunas cosas.

Los políticos partidarios del respeto a la Constitución han visto con incomodidad, pero sin una preocupación que no pudieran soportar, cómo el nacionalismo procedía al acorralamiento de los no nacionalistas en Cataluña, mediante una continua política de intimidación; y los pertenecientes a la izquierda no han dicho basta al vano intento de hacer compatible el discurso excluyente del nacionalismo con posiciones progresistas. Es manifiestamente falso, las posiciones del nacionalismo catalán actual se corresponden con las más extremas de los partidos políticos europeos del último siglo.

A los nacionalistas se suman en la denigración del Estado social y de derecho que constituye la Constitución los nuevos llegados del nihilismo iliberal, los que proponen, aunque de manera soterrada, un sistema en el que la libertad es una ficción, desplegada en la retórica pero ausente de la vida de los ciudadanos, un modelo caribeño que termina por asfixiar al pueblo al que se dice defender y representar. A ellos se han unido los escasos elementos del viejo y fracasado comunismo que, sin embargo, impone muchos de sus criterios gracias al metus reverencial que aún anida en sectores intelectuales y periodísticos.