Miguel Ángel Noceda - La economía de la democracia (1976-2016)

El 25 de octubre de 2017 se cumplen cuarenta años de la firma de los Pactos de la Moncloa (fueron dos, denominados «Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía» y «Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política»), que significaron un avance definitivo en la transición española hacia la democracia tras la dictadura de Franco, principal objetivo para, posteriormente, dar paso a la modernización del país. En ellos se implicaron los principales partidos políticos, que acababan de crearse o legalizarse, con el apoyo de los sindicatos, que no estuvieron en la firma pero se hallaban implícitamente representados por los partidos de izquierda (PSOE y PCE), y las asociaciones empresariales. Se firmaron en el Palacio de la Moncloa, que se había convertido en la sede del Gobierno, para después ser ratificados en el Congreso de los Diputados dos días después y en el Senado el 11 de noviembre de 1977.

En aquel año España tenía unas ganas locas de democracia, pero se encontraba terriblemente zarandeada por la crisis económica mundial que hacía que el diagnóstico de la economía española fuera de extrema gravedad. Cuatro años antes, el encarecimiento de los precios del petróleo tras la guerra del Yon Kippur entre árabes e israelíes —llevó el precio del barril de crudo de 1,63 a 14 dólares en doce meses— había impactado en todas las economías y, en el caso español, había dejado el país al descubierto. Salieron a relucir todos los problemas y el «milagro» franquista se desvaneció irremisiblemente. Los políticos que se bregaban en el empeño de modernizar el país y los partidos de izquierda, recién instalados en la vida nacional, se encontraron con un miedo atroz a que la crisis arruinara el proceso de transición que había comenzado tras el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno por parte del rey Juan Carlos.

Los datos fundamentales de la economía resultaron no ser tan reales como aseguraban las cifras oficiales. El déficit público (en torno al 2 % del PIB) no era demasiado alarmante, pero no contemplaba el déficit encubierto de numerosos organismos autónomos, empresas públicas y otras industrias que posteriormente tuvieron que pasar por la reconversión; había una gran inflación «oculta» o reprimida por la hoy desaparecida Junta Superior de Precios y habían vuelto muchos emigrantes, en parte atraídos por la apertura política, pero principalmente porque la crisis del petróleo también hacía mella en los países en los que habían estado contratados.

En 1977, el Producto Interior Bruto (PIB) era de 9,1 billones de pesetas de entonces (unos 11.500 millones de euros), con un PIB por habitante equivalente a 3.000 dólares (ahora supera los 14.000 dólares). El crecimiento en términos reales era del 2,8 % y parecía sólido, pero el consumo privado —fuerza principal de la economía— era menor: en torno al 1,5 %. Cuarenta años después, el PIB español supera los 1,1 billones de euros. El euro sustituyó a la vieja peseta y a otras divisas europeas desde 2002 tras los acuerdos de Maastricht de 1992, que dieron lugar a los principales avances de una Europa integrada de la que España formaba parte desde 1986.

Lo peor se reflejaba en los precios al consumo. La inflación se disparó: en algunos momentos a lo largo de aquel año llegó a superar el 30 %, si bien 1977 acabó con un 26,4 % de aumento. El Banco de España, encargado de controlar los precios mediante la política monetaria, tenía entonces una actitud muy laxa, lo que, en definitiva, financiaba el crecimiento de la inflación. Los tipos de interés para créditos personales superaban el 10 %, aunque no tardarían en rebasar el 20 % poco después.

Apareció entonces otro de los graves problemas estructurales de la economía española —que no ha podido evitarse salvo en algunos periodos muy limitados, como en 2007, que se situó por debajo del 9 %— durante estos cuarenta años transcurridos: el desempleo. En 1973, según la Encuesta de Población Activa (EPA), los parados rondaban los 325.000, cifra que, de repente, se duplicó hasta llegar a los 627.990 en diciembre de 1976. Un año después ya eran 760.060 y superaban el millón cuando terminaba el año 1978. La tasa de paro sobre la población activa era, a finales de 1977, de 5,69 %; en el momento de escribir estas páginas es del 18,6 %, y en estos últimos años ha alcanzado el récord al superar el 27 %.

La población, por lo demás, era joven. El boom de nacimientos de los últimos años cincuenta y primeros sesenta hizo que en el momento de las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977, el 25 % de los habitantes de España tuviera menos de 18 años (ahora ese porcentaje es menor del 15 %). Además, el peso del sector primario seguía siendo muy alto. De los 12,5 millones de trabajadores ocupados que había en 1977 (hoy son más de 16 millones), 2,5 lo estaban en agricultura (ahora hay menos de un millón). Más de 5,3 millones trabajaban en el sector servicios, mientras que en la actualidad lo hacen más de 10 millones. El turismo, la primera industria nacional, trajo a España a 34 millones de visitantes, más o menos la mitad de los que recalaron en 2016: 75 millones.

El tejido empresarial era una mezcla de monopolios y oligopolios, controlados en su mayor parte por el capital público. Era una economía enormemente intervencionista y muy rígida que no tenía capacidad competitiva. La decisión del Gobierno de Adolfo Suárez, que había fundado Unión de Centro Democrático (UCD) a partir de varios grupos impulsados en su mayor parte por políticos que habían sido dirigentes durante el franquismo (el propio Suárez había sido ministro secretario general del Movimiento), de devaluar la peseta casi un 20 % era un síntoma claro de la crítica situación que vivía el país.

Todo estaba roto o medio roto. Con los precios desbocados y la estructura social resquebrajada no cabía otra salida que buscar un gran acuerdo nacional con la participación de todas las fuerzas sociales. Tras las elecciones del 15-J, Suárez nombró a Enrique Fuentes Quintana vicepresidente del área económica y a Fernando Abril Martorell del área política. Se puso en marcha toda la maquinaria para corregir las grandes lacras que lastraban la economía española: la inflación, el desempleo y el fuerte déficit exterior, que superaba los 11.000 millones de dólares. De este modo comenzaban a rodar los Pactos de la Moncloa.

Se trataba de involucrar a todos: a los partidos de izquierda (el PCE había sido legalizado en el Sábado Santo de 1977), a los sindicatos, recién salidos de las catacumbas, y a los empresarios, que acababan de constituir la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La idea era acordar un ajuste general para luego abordar una Constitución para todos, según dijo José Luis Leal en unas declaraciones a El País . Leal, que era entonces director general de Política Económica, formó el equipo que redactó el documento técnico base para los Pactos junto a Manuel Lagares, subsecretario de Economía; Luis Ángel Rojo, director del Servicio de Estudios del Banco de España, y Blas Calzada, director general de Estadística.