Pérez de Arce - Historia de la Revolución Militar Chilena 1973 - 1990

HERMÓGENES PÉREZ DE ARCE

HISTORIA DE LA

REVOLUCIÓN

MILITAR

CHILENA

1973 - 1990

Inscripción en el Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM) N° A – 288242 a nombre de Hermógenes Pérez de Arce Ibieta.

ISBN 978-956-7855-13-1

© Hermógenes Pérez de Arce Ibieta

Editorial El Roble Ltda.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización del autor.

Como testigo presencial y habitual comentarista de los hechos que culminaron en Chile un 11 de septiembre de 1973, y de los acontecidos en el subsecuente gobierno que ejerció hasta el 11 de marzo de 1990, me he abismado durante los siguientes veintisiete años de cuán apartadas de la verdad han sido las versiones predominantes en el país y en el resto del mundo acerca de lo ocurrido en esos 16 años y medio. En efecto, meras consignas han prevalecido ampliamente sobre la verdad histórica.

El único historiador contemporáneo de renombre que ha reparado en ello ha sido el británico Paul Johnson, quien ha escrito al efecto: “… aplaudí el pronunciamiento del general Pinochet, obedeciendo órdenes del Congreso, y aún más su éxito en revivir la economía y transformarla en la más sólida de América Latina. Pero al impedir la transformación de Chile en un satélite comunista, el general se ganó el odio furioso de la Unión Soviética, cuya máquina de propaganda tuvo éxito en demonizarlo entre las élites habladoras del mundo. Fue el último triunfo del KGB antes de que desapareciera en el basurero de la historia. Pero, para mí, Pinochet sigue siendo un héroe, porque yo conozco los hechos”

Este libro es mi esfuerzo por hacer prevalecer la verdad sobre las consignas. No creo que tenga éxito, porque siempre ha sido más fácil repetir las segundas que acreditar la primera. El último cuarto de siglo en Chile lo ha corroborado. Pero al escribir estas líneas se encuentra cerca de ser aprobado un proyecto de ley que penalizará con presidio menor en su grado máximo a quien divulgue una versión contraria a hechos establecidos en sentencias sobre violaciones a los derechos humanos, entre las cuales abundan las fundadas en consignas falsas más que en verdades. Por eso me apresuro en publicar este libro antes de que ello sea constitutivo de delito.

Una verdad que deseo establecer de partida es que el proceso iniciado el 11 de septiembre de 1973, que en Chile es descrito como “pronunciamiento” por sus partidarios y “golpe” por sus adversarios, y cuyo régimen derivado cada vez mayor número de ambos describen como “dictadura”, en realidad fue una Revolución con mayúscula y en todo el sentido de la palabra.

Creo, aunque parezca exagerado, que ella tuvo no sólo trascendencia nacional sino mundial, lo que puede parecer una hipérbole, tratándose de una experiencia vivida en un país que está lejos de ser una gran potencia. Pero se demostrará que el modelo socio-económico instaurado por la Revolución Militar chilena fue imitado o influyó sobremanera en el resto del mundo y que el leit motiv en que se basó la propaganda soviética para denigrarla universalmente, y con éxito, las “violaciones a los derechos humanos”, fue una verdadera bomba de tiempo que estalló entre las manos de quienes la blandían contra la Junta y terminó por abrir un forado en la Cortina de Hierro y su Muro de Berlín, arrasando con ambos y con los socialismos reales en el mundo contemporáneo.

La Revolución Militar Chilena objetivamente alcanzó, entonces, una trascendencia histórica tan importante como la Francesa en su tiempo o la Rusa en el suyo; y por eso el establecimiento de la verdad en torno a ella no sólo es un objetivo que debe interesar a los chilenos sino a todos los estudiosos de la realidad contemporánea.

Se ha dicho y escrito abundantemente que la intervención militar del 11 de septiembre de 1973 fue no sólo ilegal e inconstitucional, sino injustificada. El examen objetivo de los hechos señala, por el contrario, que era no sólo justificada, sino inevitable. No había circunstancia racional ni legal alguna que pudiera impedirla:

Primero, la mayoría democrática de representantes del pueblo, en su Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, les había pedido a las Fuerzas Armadas poner término a la situación existente, lo que justamente hicieron el 11 de septiembre de ese año.

Segundo, había antecedentes indicadores de que, si los militares no actuaban, sobrevendría un golpe armado de la izquierda que neutralizaría a los altos mandos uniformados y entregaría a la Unidad Popular la totalidad del poder.

Tercero , la frecuentemente citada “doctrina legalista de Schneider” de 1970 y que, se suponía, obligaba al Ejército a respetar el ordenamiento legal, contemplaba expresamente como excepción la situación de ilegalidad, como la que un poder público, el Ejecutivo, había creado en Chile hacia 1973.

Se citaba frecuentemente esta doctrina, conocida con el nombre del Comandante en Jefe (muerto en 1970 a raíz de un atentado para impedir el ascenso de Allende al poder) para excluir la posibilidad de que el Ejército, la principal rama armada, interviniera en la vida política.

Esa doctrina se había instituido en el Consejo de Generales presidido por Schneider y celebrado el 23 de julio de 1970, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Al mismo habían asistido dos futuros Comandantes en Jefe, los generales Carlos Prats y Augusto Pinochet.

Allí Schneider comentó que algunos estimaban a las Fuerzas Armadas como “una alternativa de poder”; sin embargo, señaló en seguida, “hacer uso de las armas para asignarse una opción implica una traición al país”. Eso quedó escrito y acordado y se conoce como Doctrina Legalista de Schneider.

Pero casi nunca se cita el párrafo final del mismo acuerdo y que forma parte de la misma Doctrina Legalista, párrafo que rescató en un libro el periodista Manuel Fuentes Wendling y que decía así:

“La única limitación de este pensamiento legalista está en que los poderes del Estado abandonen su propia posición legal. En tal caso, las Fuerzas Armadas, que se deben a la nación –que es lo permanente— más que al Estado –que es lo temporal— quedan en libertad para resolver una situación absolutamente anormal y que sale de los marcos jurídicos en que se sustenta la conducción del país”.

La principal figura política democrática de Chile en 1973, Eduardo Frei Montalva, a la sazón Presidente del Senado, escribió poco después del 11 de septiembre de ese año una carta al dirigente máximo de la Democracia Cristiana Internacional, el ex primer ministro italiano Mariano Rumor, en que le dijo:

“Este país ha vivido 160 años de democracia prácticamente ininterrumpida. Es de preguntarse entonces cuál es la causa y quiénes son los responsables de su quiebre.

“A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación –y lo decimos sin eufemismo alguno-- corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país”.

Ni siquiera le adjudicaba la culpa principal, sino la “responsabilidad íntegra”. Y más adelante añadía que “hombres conocidos en el continente por sus actividades guerrilleras eran de inmediato ocupados en Chile con cargos en la Administración, pero dedicaban su tiempo, muchos de ellos, al adiestramiento paramilitar e instalaban escuelas de guerrillas que incluso ocupaban parte del territorio nacional, en que no podían penetrar ni siquiera representantes del Cuerpo de Carabineros o de las Fuerzas Armadas”.

Y sobre sus armas decía: “Las armas hasta ahora recogidas (y se estima que no son aún el 40 por ciento) permitirían dotar a más de 15 regimientos… Se había establecido así un verdadero ejército paralelo”.