Alfonso Quiroz - Historia de la corrupción en el Perú

Capítulo 6:

ASALTOS A LA DEMOCRACIA, 1963-1989

C uando se escribían estas líneas, el exparlamentario Héctor Vargas Haya aún vivía en la misma casa familiar que había ocupado por muchos años en un barrio limeño desprovisto de las típicas ostentaciones en las que cae, por lo general, la clase política peruana. Desde los años sesenta, Vargas Haya se había dedicado a la investigación de casos notorios de corrupción en la Administración Pública. Entre sus credenciales estaban el haber servido honestamente como diputado por casi veinte años y haber presidido la Cámara de diputados durante el periodo 1988-1989. Después de más de diez años de amargas discrepancias con la dirigencia de su propio partido, Vargas Haya renunció o f icialmente, en el año 2000, a toda una vida de militancia aprista. El exparlamentario denunció consistentemente la corrupción en sus diversas formas y exigió una urgente reforma constitucional para reconstruir instituciones que desde hacía décadas continuaban desvirtuándose.

En una entrevista periodística, Vargas Haya sostuvo que, en «el Perú, ser honesto es como ser un leproso». Es comprensible que este político jubilado tuviera una visión pesimista con respecto a la corrupción y su vinculación con las debilidades institucionales. A lo largo de su vida, las diversas oportunidades de lograr una reforma real del sistema al parecer se vieron frustradasy desperdiciadas debido, en gran medida, a intereses sustentados en la corrupción. Al igual que Basadre, el historiador y funcionario, Vargas Haya, el político y legislador, fue un testigo de este fenómeno desde el interior mismo del sistema político. Vargas Haya es autor de importantes libros que documentan detenidamente la evolución de las formas de la corrupción de alto vuelo durante los dos gobiernos de Belaúnde (1963-1968 y 1980-1985), la dictadura militar «revolucionaria» (1968-1980), el primer periodo presidencial del líder del APRA Alan García Pérez (1985-1990) y el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). El relato histórico que sigue compara y contrasta la solitaria voz pública de Vargas Haya con otras fuentes excepcionales. En este caso, ilustra una lucha particularmente difícil en el transcurso de la cual avances democráticos claves —efectuados bajo la presión de una población creciente y empobrecida— fueron víctimas de arteros asaltos a dichas aspiraciones democráticas por parte de líderes políticos y jefes militares enmarañados en cuestionados legados.

Las promesas rotas de Belaúnde

Fernando Belaúnde, el candidato reformista de Acción Popular ( AP ), fue elegido presidente del Perú en junio de 1963 con el apoyo de la alianza con el Partido Demócrata Cristiano ( PDC ). Estas elecciones fueron reguladas y monitoreadas detenidamente por la Junta Militar que gobernó el Perú entre 1962 y 1963. Varios jefes del alto mando militar preferían a Belaúnde y simpatizaban con su ideología tecnocrática. La junta había justificado su toma del poder para combatir un supuesto fraude en las elecciones anuladas de 1962 y cumplir con el objetivo de una «república verdaderamente democrática».

Para contener la toma ilegal de tierras en el Cuzco, el gobierno militar implementó una reforma agraria piloto en el valle de La Convención —subvencionada por préstamos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID )— con resultados alentadores pero limitados. La junta, asimismo, implementó sus aspiraciones tecnocráticas con la creación del Instituto Nacional de Planificación ( INP ), un organismo centralizador de estrategias para el desarrollo. Estas medidas favorecieron las tendencias burocráticas y las políticas de centro-izquierda, pero también reforzaron la oposición militar a los esfuerzos apristas por alcanzar el poder.

Diversas facciones se manifestaron en el seno de la junta militar en los meses previos a las elecciones programadas para 1963. El general Ricardo Pérez Godoy, el vocero más visible de la junta, encarnó con el apoyo del ministro de Gobierno, el general Juan Bossio, una tendencia autoritaria personalista, similar a la de anteriores dictadores militares. Pérez Godoy y Bossio buscaron el reconocimiento público mediante sus intentos por anular el controversial laudo arbitral de 1922, que otorgó a la International Petroleum Company ( IPC ) los derechos de superficie sobre los yacimientos de petróleo de La Brea y Pariñas. Esta solución unilateral al dilatado problema con la IPC formaba parte de dogmas nacionalistas desarrollados desde 1959 por ideólogos de izquierda que influyeron en las estrategias intervencionistas «reformistas» del Centro de Altos Estudios Militares ( CAEM ). El general Nicolás Lindley y otros dos miembros de la Junta Militar se oponían a esta posición nacionalista considerada como una opción radical. Los militares «moderados» prevalecieron sobre Godoy y Bossio, les obligaron a renunciar y cumplieron la promesa de celebrar elecciones sin más intervenciones inconstitucionales. Lindley fue posteriormente recompensado por Belaúnde con el puesto de embajador en Madrid.

Antes de asumir oficialmente su cargo, el electo presidente Belaúnde tuvo una importante reunión privada con el embajador estadounidense John Wesley Jones. En lo referente a las relaciones con Estados Unidos, Belaúnde consideraba la vieja cuestión de La Brea y Pariñas como una «bomba de tiempo» que debía ser resuelta con premura. Este problema había sido heredado de gobiernos anteriores y su renacida controversia era peligrosa en las circunstancias políticas del momento. Belaúnde reveló entonces que la posición de su partido era similar a la de los militares: el fallo de 1922 favorable a la IPC era «nulo e inválido», puesto que la empresa debía al Perú una gran suma en impuestos no pagados.

Por razones políticas debidas a la oposición que Belaúnde esperaba encontrar en el Congreso, resultaba imperativo que se negociara algún tipo de arreglo, no necesariamente monetario, entre la compañía y el poder ejecutivo peruano. Jones replicó que la posición de Belaúnde con respecto al laudo de 1922 no ayudaría a las negociaciones con la IPC y los círculos financieros estadounidenses.

A pesar de su limpia procedencia democrática, el sostén político que Belaúnde obtuvo de los militares para vencer al candidato aprista Haya de la Torre era, tal vez, el pasivo más importante que sellaría el destino de su gobierno. Cuando un periodista extranjero le preguntó cuál era a su juicio el rol apropiado de las fuerzas armadas en los asuntos nacionales, Belaúnde respondió que la cooperación entre civiles y militares era necesaria, y que las fuerzas armadas constituían verdaderas escuelas para los reclutas indígenas.

Paradójicamente, la regeneración de la democracia constitucional peruana, las reformas radicales y las prácticas «moralizadoras» prometidas por Belaúnde, dependían, en gran medida, del viejo y peligroso juego de atraer y recompensar a los militares para que se alinearan con una de las facciones políticas. Este error estratégico era el mismo que el gobierno de Bustamante había cometido ante la presión insurreccional aprista de 1948. En el largo plazo, el entendimiento implícito entre Belaúnde y los militares fracasó sin lograr contener la trayectoria sinuosa y desestabilizadora del APRA , partido que en el pasado había intentado repetidamente penetrar e influir entre la oficialidad militar.

Asimismo, el respaldo inicial que las fuerzas armadas le brindaron a Belaúnde dio a los apristas una justificación histórica para oponerse duramente a su gobierno y a su programa de reformas urgentemente necesarias. El APRA formó una coalición reaccionaria e inescrupulosa con Odría y la UNO (la Unión Nacional Odriísta) para controlar el Congreso y contrarrestar la popularidad inicial de Belaúnde. En su primer discurso presidencial, Belaúnde había prometido resolver prontamente la cuestión de La Brea y Pariñas. En un intento preventivo de ganar la iniciativa, así como los votos necesarios para las cercanas elecciones municipales, el bloque parlamentario APRA-UNO aprobó una ley el 31 de octubre en ambas Cámaras y declaró que el laudo de 1922 era nulo «por haber violado requisitos legales pertinentes».