Mario Gill - La huelga de Nueva Rosita

Primera edición, 2019
[Primera edición en libro electrónico, 2020]

Coordinador de la colección: Luis Arturo Salmerón
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
Ilustraciones de interiores y portada: Ricardo Peláez

D. R. © 2019, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

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ISBN 978-607-16-6469-3 (mobi)
ISBN 978-607-16-6258-3 (rústico)

Hecho en México - Made in Mexico

A fines de 1947 los sindicatos de trabajadores ferrocarrileros, petroleros y mineros firmaron un pacto de solidaridad.

El acuerdo fue suscrito en un acto solemne, en el Teatro Iris de la Ciudad de México, ante el secretario del Trabajo, licenciado Andrés Serra Rojas.

La coalición de los grandes sindicatos de industria era el primer paso hacia la unificación de todo el proletariado nacional y, por el momento, ofrecería un punto de apoyo al pueblo mexicano para luchar contra el imperialismo, contra la carestía de la vida en ascenso constante y contra las tendencias regresivas del gobierno de Miguel Alemán.

El pacto hizo temblar a las fuerzas reaccionarias y a la camarilla en el poder. La alianza de los trabajadores industriales podía derrotar la política de claudicaciones iniciada por el gobierno alemanista. Alemán decidió someter al movimiento obrero “a como diera lugar”, usando para ello todos los recursos del Estado y todos los métodos, desde las simples argucias de abogado tramposo, hasta el empleo anticonstitucional de la fuerza pública.

El primer paso en tal sentido consistió en deformar arbitrariamente la legislación obrera otorgando a la Secretaría del Trabajo la facultad ilegal de reconocer (o vetar) a los comités ejecutivos de las organizaciones de trabajadores. Hasta entonces los sindicatos, al designar a sus nuevos dirigentes, sólo tenían que cubrir el requisito burocrático de informar a la Secretaría del Trabajo sobre la designación de sus nuevos funcionarios. La dependencia oficial se concretaba a registrar los nombres y a contestar de enterado. Con la deformación implantada por Alemán, violatoria de la Ley Federal del Trabajo y del régimen interno de las organizaciones obreras, los cuerpos directivos de éstas quedaban, de hecho, sujetas al gobierno.

La traicionera disposición implicaba, en el fondo, la pérdida de la autonomía de la organización sindical. Los dirigentes inconformes fueron neutralizados con subsidios o curules, con amenazas, cárcel o muerte. La clase trabajadora, suprimido el régimen democrático interno de los sindicatos y ante el peligro de la cláusula de exclusión, fue incapaz de evitar el atraco que se cometía a sus derechos y libertades.

El licenciado Serra Rojas, funcionario honorable, renunció al cargo de secretario del Trabajo para no asumir la responsabilidad histórica del crimen que se fraguaba contra la clase obrera. En su lugar, fue designado el hombre que las circunstancias requerían: el licenciado Manuel Ramírez Vázquez, ex “coyote” de los tribunales del trabajo, experto en chanchullos y triquiñuelas.

El plan de sometimiento del proletariado mexicano se inició con el asalto al local del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, líder de la coalición de sindicatos industriales. Con el apoyo anticonstitucional de la fuerza pública fue tomado el edificio e impuesto un comité ejecutivo encabezado por el señor Jesús Díaz de León, alias el Charro, instrumento incondicional de la camarilla alemanista. (Desde entonces el pueblo dio el nombre de charrismo a la política gubernamental consistente en la interferencia arbitraria del gobierno en el régimen interno de las organizaciones).

El siguiente paso en el proceso de gubernamentalización de los sindicatos obreros consistió en encarcelar a Valentín S. Campa, bajo el cargo de que había dispuesto del dinero del STFRM para organizar una nueva central obrera, la Confederación Única de Trabajadores (CUT). Campa, el líder incorruptible de la clase obrera mexicana, había denunciado poco antes la gigantesca especulación realizada por algunos alemanistas con motivo de la desvalorización del peso; había exigido la publicación de los nombres de quienes compraron dólares en vísperas de la devaluación de la moneda, y llamaba al pueblo a luchar contra la incrementada carestía de la vida, consecuencia inmediata de la devaluación. Libre Valentín Campa era un obstáculo peligroso para el plan de sometimiento del proletariado, requisito fundamental para el desarrollo de la política alemanista de traición a los intereses nacionales.

Sometido por el terror el sindicato de ferrocarrileros, el más combativo y poderoso, el camino quedaba abierto para la mediatización total del movimiento obrero mexicano. Siguió en turno el Sindicato de Trabajadores Petroleros; el procedimiento empleado fue más o menos el mismo: cohecho, amenazas, el empleo de la fuerza pública, coronado todo esto con el reconocimiento otorgado por la Secretaría del Trabajo al comité ejecutivo espurio a sueldo del gobierno.

El Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, tercer miembro de la coalición de sindicatos industriales, fue dejado en último término, en espera de la ocasión propicia. Ésta se presentó a propósito de la celebración de la convención nacional del sindicato, que debería celebrarse en mayo de 1950.

Algunos meses antes el sindicato de mineros, con motivo de la devaluación del peso, había solicitado un aumento de salarios. En vez de tramitar este asunto, como es normal en las luchas obreras, ante las empresas, por medio del emplazamiento de huelga, el líder minero Agustín Guzmán prefirió el método de las gestiones suplicatorias ante el “señor presidente”. El resultado, naturalmente, fue que el gobierno, en forma oficiosa, declarara inexistente el “desequilibrio económico que fundamente los aumentos solicitados y, por lo tanto, la Secretaría [del Trabajo] no se encontraría capacitada para poder obligar a las empresas [mineras] a conceder un aumento de salarios”. Agustín Guzmán envió una circular a las secciones del sindicato afirmando que el aumento de salarios sería imposible.

Poco después, en mayo de 1950, se celebró en México la VI Convención Nacional del Sindicato de Mineros. El secretario general en funciones, Félix Ramírez, compadre de Agustín Guzmán, de acuerdo con el gobierno, dio acceso a la convención a una serie de delegaciones espurias, rechazando a muchas auténticas integradas por representantes legítimos de las secciones. Bajo la presión oficial la convención trabajó con una mayoría de delegaciones falsas y unas cuantas auténticas; éstas, y las legítimas que habían sido rechazadas, se reunían en hoteles y locales sindicales en busca de una solución correcta a la situación. Al efectuarse la elección del nuevo comité ejecutivo la Secretaría del Trabajo, maniobrando a través del presidente impuesto de la convención, Filiberto Ruvalcaba —ex inspector de pulques en el Distrito Federal, ex cristero en 1926, ahijado del subsecretario del Trabajo, señor Eleazar Canale—, logró imponer como secretario general del STMMSRM a Jesús Carrasco, instrumento incondicional del licenciado Ramírez Vázquez. Las delegaciones auténticas se retiraron desconociendo los acuerdos de la convención.