J. Jesús Esquivel - Las operaciones secretas de la policía federal

Introducción

En los ya muchos años que llevo de recorrer la frontera México-Estados Unidos para elaborar reportajes de investigación sobre la guerra contra el narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, desaparición y secuestro de personas, así como sobre el fenómeno de la inmigración indocumentada que va de sur a norte, siempre quise saber cuál fue el papel de la Policía Federal antes de que se diseminara como parte de la Guardia Nacional, por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En los ámbitos internacional y —mayormente— nacional persiste la noción de que todas las instituciones policiacas de México son corruptas.

Los fracasos de gobiernos federales y estatales en el combate a la criminalidad nos han expuesto ante instituciones coludidas con la delincuencia. En el léxico del trasiego de drogas la Policía Federal era sinónimo de operadores y peones de narcotraficantes.

Como reportero considero que sería un esfuerzo fútil elaborar un trabajo para enumerar los cientos o tal vez miles de casos de corrupción por narcotráfico, o simplemente por criminalidad de cualquier tipo, en la Policía Federal.

En esta institución de la ley que fue creada presuntamente para combatir al crimen, investigando y actuando en consecuencia para garantizar la seguridad nacional, muy pocos mexicanos confiaron. El historial de muchos de sus jefes y de sus elementos la desacreditó, problema que ha sido muy sintomático y recurrente desde que México remplazó a Colombia como el epicentro del tráfico de drogas.

Aunado a lo anterior, la corrupción de instituciones policiacas y funcionarios públicos por narcotráfico se auspicia casi de manera natural por la gigantesca e interminable demanda de narcóticos en la sociedad estadounidense, y que en varios países de Europa crece a niveles extraordinarios.

La desastrosa lucha militarizada contra los cárteles del narcotráfico que se gestó durante el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, y las teatrales operaciones que montó su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna —actualmente encarcelado en Brooklyn, Nueva York, acusado por la administración gubernamental estadounidense de ser presunto operador y facilitador de actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa desde el gobierno federal mexicano— fueron el acabose para la reputación de los policías federales.

Impotentes, fuimos testigos en ese sexenio —y también en el que encabezó Enrique Peña Nieto— de la escalada de corrupción por narcotráfico que cubrió y sigue cubriendo a las agencias y las instituciones de seguridad del Estado.

Andrés Manuel López Obrador, que llegó a la presidencia con la promesa de desmilitarizar la guerra contra los cárteles y contra el crimen organizado, fundó la Guardia Nacional y en ella fusionó a la Policía Federal.

A mitad del sexenio de AMLO, su política de “abrazos, no balazos” no ha dado el resultado pretendido. En el país se siguen contando por miles las ejecuciones, las desapariciones, las extorsiones y los secuestros ligados al crimen organizado, a pesar de la creación de la Guardia Nacional y de la militarización de la ex Policía Federal, aunque lo niegue el presidente.

De esto justo se desprende que la sociedad desconfíe de organismos que presuntamente se dedican a defendernos, como la Policía Federal. El miedo a morir tirado sobre un charco de sangre intentando parar al narcotráfico —que enriquece y envilece a jefes como García Luna— hizo de la desaparecida Policía Federal un caldo de cultivo de elementos al servicio de los cárteles, que además remuneran mejor y con dólares a sus personeros.

En la imaginación de cualquier ciudadano de a pie provocaba terror la posibilidad de caer en manos de policías federales, por justa razón o sin ella. Lo primero que venía a nuestra mente era el pavor de vernos sometidos a torturas infrahumanas en interrogatorios que violan cualquier protocolo de derechos humanos, todo para admitir —en muchos casos— la culpabilidad de delitos cometidos por terceros, o exagerar los perpetrados por ciertos detenidos.

La tortura era una práctica común de trabajo entre elementos de la Policía Federal que de seguro no olvidaron tras ingresar a la Guardia Nacional. Esta acción inconstitucional y reprobable en el ámbito global siempre fue negada por la institución y los gobiernos en turno. No obstante, es un hecho que se puede verificar con miles de casos de violaciones a los derechos humanos investigados y documentados por organizaciones defensoras de las garantías individuales, mexicanas e internacionales.